Keralty, dueño de Sanitas, dice que no se quiere ir de Colombia, a pesar de todo, por esta razón

SEMANA: Como vocero jurídico de Keralty ha mencionado varias acciones, no solo ahora, luego de la alocución presidencial. ¿Cuál es el balance en términos de demandas?

Juan David Riveros: Adicional a las acciones judiciales que ya se han promovido como consecuencia de la intervención y que suponen las acciones internacionales de perjuicios, procesos penales y procesos disciplinarios, a raíz de las manifestaciones que hizo el presidente de la República y, al día siguiente, su Ministro de Salud, se han interpuesto dos acciones penales: una en la Cámara de Representantes, en contra del presidente de la República, por lo que consideramos son los delitos de injuria, calumnia y actos de discriminación; y otra contra el ministro de Salud, en la Fiscalía General de la Nación por los delitos de injuria y calumnia.

Estamos analizando la posibilidad de interponer otras acciones; dentro de las alternativas que tenemos previstas, aparecen acciones de tutela y algunas acciones a manera de queja ante los sistemas de protección de derechos humanos.

Seguramente nos dirigiremos al alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

‘Solo buscamos verdad y justicia’

SEMANA: Suena como una batalla jurídica desde diferentes frentes. En todo caso, la pretensión es una retractación del presidente. ¿Cree que hay cabida para una sanción más allá de ello?

J. D. R.: No, realmente nosotros en las acciones estamos buscando verdad y justicia. Lo que no estamos buscando en las acciones domésticas es un componente de indemnización o de reparación.

Pero agotar los procesos hasta su terminación con verdad y justicia sin duda es el objetivo.

En el caso del proceso por injuria y calumnia, la ley prevé que, si la persona reconoce que se excedió y se retracta, la acción penal finaliza.

No estamos buscando una conciliación, sino que las autoridades legítimas del Estado estudien la denuncia y tomen las decisiones que en derecho correspondan.

Pero por supuesto que existen alternativas o ‘válvulas de escape’ (como digo yo) para que los procesos terminen anticipadamente. Eso también estamos dispuestos a considerarlo.

SEMANA: En todo caso, según las sustentaciones realizadas por la compañía, hay un efecto económico con la intervención por parte del gobierno, por ejemplo, en una reducción patrimonial de la compañía, ¿eso lo tendría que resarcir el Estado?

J. D. R.: La respuesta es sí, y para esa finalidad se ha iniciado el Tribunal Internacional, en el marco del Tratado de Protección Bilateral de la Inversión, celebrado entre Colombia y España. Ese será el escenario procesal en donde el Grupo solicitará la indemnización de perjuicios por todas las conductas que nosotros calificamos como arbitrarias, ilegales y hostiles por parte del Gobierno nacional.

SEMANA: ¿Cuál es el panorama para la empresa después de la decisión de la Corte Constitucional, de revertir la intervención? ¿Ya pueden volver a tomar las riendas de nuevo?

J. D. R.: La decisión de la Corte lo que implica es eso. Que vuelve la EPS sanitas a manos de los dueños y se deberían restablecer los órganos de gobierno corporativo, básicamente la Asamblea de Accionistas, la Junta Directiva y el representante legal.

Lo que ocurre es que todavía no se ha cumplido el fallo porque está pendiente de que sea notificado por parte de la Corte. Entonces en este momento seguimos sin tener la administración, la sigue teniendo el Gobierno a través del interventor designado por la Superintendencia Nacional de Salud. Una vez se cumpla el fallo, se restablecerán los órganos de gobierno corporativo.

Van 15 meses de intervención

SEMANA: ¿Qué expectativa tienen acerca de lo que encontrarán cuando retomen, si ustedes dicen que no ha habido una mejora en la situación de la EPS tras la intervención, pese a que el Gobierno dice que sí?

J. D. R.: La decisión del grupo, internamente, es tomar un tiempo corto para ver cuál es la realidad de la compañía, porque después de 15 meses probablemente el deterioro va a ser muy alto. Y se ve con las dificultades de la prestación en el servicio.

SEMANA: ¿El Grupo está dispuesto a seguir en Colombia, a pesar de todo?

J. D. R.: La intención del socio mayoritario del grupo es no abandonar la operación, hacer todo lo que podamos para continuar prestando el servicio a los usuarios.

‘El sistema de salud no se perfecciona generando crisis’

SEMANA: ¿Aún si hay reforma a la salud con luz verde en el Congreso?

J. D. R.: Sobre la reforma quiero decir que yo soy de los que piensan que hay que perfeccionar el sistema de salud.

Creo que ninguna obra de creación humana es perfecta y se puede perfeccionar. El sistema se puede perfeccionar sin duda, pero no se logra destruyéndolo como está ocurriendo ni generándole crisis inducidas para poder decir que el sistema no funciona.

En eso también tenemos toda la disposición y lo hemos hecho, de participar activamente a pesar de que nos han querido silenciar y nos han excluido de los escenarios de discusión técnica.

Seguimos con toda la intención de participar y poder aportar, básicamente, la experiencia de más de 45 años en el sector en Colombia y en otros países del mundo.