La ambiciosa apuesta del IGAC para actualizar el catastro en Colombia

En un esfuerzo por fortalecer la seguridad jurídica, el ordenamiento de la propiedad y el desarrollo municipal, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), bajo la dirección de Gustavo Marulanda, se ha planteado una meta ambiciosa: actualizar el catastro en un 70 % del país.

Este proyecto, que forma parte de los compromisos adquiridos por el gobierno nacional en los Acuerdos de Paz, busca regularizar de manera más efectiva los mercados de tierra y formalizar la propiedad rural en Colombia, donde se enfrenta a altos niveles de concentración de la tierra.

En entrevista con SEMANA; Marulanda Morales explicó que actualmente, el país se encuentra actualizado en un 9.5 % de su territorio, y la meta propuesta por el plan de desarrollo es alcanzar el 70 %, aunque la meta final, incluyendo municipios prioritarios como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los Programas Nacionales de Intervención Territorial (PNIT), es del 80 %. Sin embargo, para lograr llegar a zonas apartadas como Guainía y Amazonas, se plantean desafíos adicionales.

“El Catastro es el inventario o censo de los bienes inmuebles localizados en el territorio nacional, de dominio público o privado, independiente de su tipo de tenencia, el cual debe estar actualizado y clasificado con el fin de lograr su identificación física, jurídica y económica con base en criterios técnicos y objetivos”, dijo este funcionario.

El gobierno nacional ha priorizado cerca de 585 municipios para la reforma integral de la vida rural, donde se enfoca en temas de redistribución y humanización de la propiedad. Estos municipios se encuentran principalmente en departamentos como La Guajira, Bolívar, Atlántico, Sucre, Córdoba, Antioquia, Huila, Nariño y Valle del Cauca. Además, se suma la prioridad ambiental que abarca 166 municipios, principalmente en los departamentos de Caquetá, Putumayo, Guaviare, Meta y la región amazónica.

“Hay un énfasis muy fuerte, sugerido por el Ministerio de Agricultura, por los temas de redistribución y de humanización de la propiedad. Estos están mucho más concentrados en departamentos como Guajira, La Guajira, Bolívar, Atlántico, Sucre, Córdoba, parte de Antioquia, todo el tema del Monte de las Cordilleras Oriental y Occidental, algo obviamente de la parte del Huila y abajo en todo el tema de digamos que Nariño y Valle del Cauca como prioridad específica”, agregó.

Para lograr esta actualización catastral, el Igac empleará tres tipos de métodos: directos, indirectos y colaborativos y declarativos. Se utilizará tecnología, datos y algoritmos para capturar eficientemente la información.

Sin embargo, es fundamental la participación de los ciudadanos, incluyendo comunidades indígenas, comunidades negras y campesinos, ya que se busca hacer este proceso en conjunto con ellos. Se promoverá la creación de escuelas interculturales y se fomentará la interacción con la academia y otras entidades para contar con perfiles técnicos, profesionales y especialistas que apoyen el proceso.

“La magnitud de este proyecto implica grandes recursos tanto tecnológicos como humanos. Se estima que requerirá cerca de 4 billones de pesos colombianos para llevar a cabo la actualización catastral. Para esto, se ha asignado un presupuesto adicional de 300 mil millones de pesos al IGAC en la edición presupuestal de este año. Sin embargo, se requerirán recursos frescos y la cooperación internacional para garantizar la sostenibilidad del levantamiento de información catastral”, sostuvo el Director del IGAC.

El plan de metas propuesto contempla iniciar la actualización de aproximadamente 34.9 millones de hectáreas en el primer año, seguido de cerca de 26 millones de hectáreas en el siguiente año. En el año 2025 se planea actualizar cerca de 23 millones de hectáreas, y finalmente, en el 2026, se espera alcanzar entre un 70 % y 80 % de calidad, llegando a las áreas prioritarias del país.

“Este proceso de actualización catastral a gran escala contribuirá a fortalecer la seguridad jurídica, promover la equidad en la distribución de la tierra y facilitar el desarrollo económico y social de las comunidades rurales en Colombia. Con el compromiso y la colaboración de todos los actores involucrados, se espera alcanzar una transformación significativa en el catastro del país y sentar las bases para un futuro más justo y próspero”, dijo Gustavo Marulanda Morales, director del IGAC.

La modernización del catastro en Colombia también tiene como objetivo principal la digitalización de los procesos relacionados con la gestión y actualización de la información catastral. Esto permitirá una mayor eficiencia en la recopilación, almacenamiento y acceso a los datos, agilizando los trámites y facilitando la toma de decisiones tanto para los propietarios de los predios como para las entidades gubernamentales.

Además, se prevé que esta iniciativa contribuya a la reducción de la corrupción en el sector inmobiliario, ya que la digitalización y la implementación de tecnologías avanzadas de seguridad permitirán una mayor transparencia en las transacciones y un control más efectivo sobre la propiedad de la tierra.

Otro aspecto destacado de esta actualización catastral es el enfoque en la inclusión y participación de las comunidades rurales. Se buscará involucrar activamente a los propietarios de los predios, brindándoles capacitación y asistencia técnica para que puedan comprender y aprovechar plenamente los beneficios de esta modernización. Asimismo, se fomentará la participación de las comunidades en la toma de decisiones relacionadas con el uso y la gestión de la tierra, promoviendo la sostenibilidad ambiental y el desarrollo equitativo.

Por último, hay que tener en cuenta que el proceso de actualización catastral en Colombia es un paso significativo hacia la consolidación de un sistema de información actualizado y confiable sobre la propiedad de la tierra. Con la implementación de tecnología de vanguardia y la participación activa de los actores involucrados, se espera que esta iniciativa genere un impacto positivo en la economía, la seguridad jurídica y el desarrollo de las comunidades rurales en el país.