En la tarde del viernes 19 de diciembre de 2025, el país conoció por medio del ministro de Hacienda, Germán Ávila, que el Gobierno nacional estaría adelantando la elaboración de la base argumentativa para el decreto que sería utilizado para la posible declaración del estado de emergencia económica.
“Fue negada por el Congreso de la República la ley de financiamiento y eso obliga al Gobierno a tomar medidas para recuperar los ingresos necesarios que equilibren el presupuesto aprobado por el mismo Congreso, y eso obliga a que el Gobierno tome medidas para poder enfrentar esta circunstancia”, señaló el ministro de Hacienda.
En respuesta a las declaraciones y en cabeza de su presidente, Bruce Mac Master, la Andi envío una carta de carácter urgente a la Corte Constitucional, en la cual se destaca que la situación que se podría presentar se habría anunciado con anterioridad por parte de los empresarios del país.
“Desde la Andi comprendemos que, no obstante el anuncio categórico e inequívoco del propio ministro de Hacienda y Crédito Público sobre la inminente declaratoria de la emergencia económica, el decreto que la declara no ha sido expedido; sin embargo, consideramos de suma importancia y manifiesta urgencia evidenciar ante la Corte una situación de antes advertida por variadas fuentes, sobre la intención del Gobierno de declarar la emergencia económica en el momento en que la Corte se encontrara en período de vacancia judicial".
Por otra parte, la asociación argumenta que actualmente no se cuentan con las condiciones o los hechos sobrevivientes para decretar tal medida. De manera adicional, le echa la culpa al Gobierno nacional por la situación fiscal de la Nación.
“En primer lugar, no existe una situación o hecho sobreviniente que habilite al Gobierno para decretar tal medida excepcional. De acuerdo con declaraciones del Ministro, el decreto de emergencia se fundamentaría en hechos como los crecientes costos de la deuda pública; las deudas acumuladas del sector de la salud; el riesgo de impago de los subsidios de energía; la falta de flujo de caja estatal y la rebaja en la calificación crediticia”, señala la Andi.
Junto a esto, destacan que estos hechos tienen origen en acciones del mismo Gobierno y fueron completamente previsibles, pues son fruto de una política de gasto excesiva. De la misma forma, no sería un hecho sobreviniente (en tanto imprevisible) el archivo del proyecto de ley de financiamiento, por parte del Congreso de la República.
De manera adicional, la Andi le señala a la Corte Constitucional que siendo el carácter sobreviniente, y, por tanto, imprevisible del hecho, una exigencia prevista en el artículo 2 de la ley estatutaria de estados de excepción, es evidente que en el presente caso no estamos ante un hecho sobreviniente, en tanto el mismo no reviste un carácter imprevisible, ni irresistible.
En otro aparte de la carta se señala que actualmente no existe una perturbación grave e inminente del orden económico. Para esto debe tenerse en cuenta que el Presupuesto General de la Nación del año 2026 asciende a $ 546 billones, y que los recursos faltantes, según las estimaciones del Gobierno, equivaldrían a $ 16 billones; esta cifra representa el dos punto nueve por ciento (2.9 %) del total de los recursos presupuestados para el siguiente año fiscal.
Bajo estos argumentos, los empresarios del país destacan que no se podría sustentar que por el 2.9 % se puedan tener repercusiones de una magnitud tal que justifique la declaratoria de un estado de emergencia económica.
Por último, la Andi solicitó que en caso de ser presentado el decreto de emergencia, se estudie la posibilidad de decretar la suspensión provisional de tales normas. Esto último con el objetivo de evitar complicaciones mayores a la economía del país.
“Por lo anterior, solicitamos a la H. Corte Constitucional que, en el evento es que se decrete un estado de excepción sobre bases abiertamente inconstitucionales, estudie la posibilidad de decretar la suspensión provisional de tales normas, para no generar perjuicios irremediables sobre los contribuyentes y la economía nacional”, puntualizó la Andi.
Declaración de Bruce Mac Master
De manera adicional, el presidente de la Andi analizó los sucesos del día y la carta que fue emitida por la asociación que preside.
“La emergencia económica se puede declarar cuando existen causas verdaderamente extraordinarias e irresistibles que cambien el panorama económico para el Estado. Nada de esto ha sucedido. En Colombia, a veces las reformas tributarias son aprobadas o las leyes de financiamiento son aprobadas, y a veces no. Es más, la ley, el marco que rige la ley de financiamiento, dice que cuando la ley de financiamiento no es aprobada, el Estado tendrá la obligación de aplazar gasto o de reformar el presupuesto para poder ajustarse al nuevo presupuesto”, dijo Mac Master.
