El ministro de Hacienda, Germán Ávila, señaló este viernes, 19 de diciembre, que el Gobierno Nacional estaría trabajando en la elaboración de un decreto que permitiría la declaración de emergencia económica, generando una gran polémica a nivel nacional y en varios sectores.
El ministro destacó que la posible medida se tomaría debido a que el Congreso de la República se negó a aprobar la ley de financiamiento, razón por la cual el Gobierno debería adoptar medidas para recuperar los ingresos necesarios que equilibren el presupuesto.
A lo largo de la tarde, diversas voces han expresado sus argumentos sobre la posibilidad de que se emita dicha declaratoria, entre ellos la ANDI con una carta dirigida al Gobierno sobre los riesgos y efectos de dicha declaratoria.
Mediante un comunicado de prensa, la Asociación Colombiana de Minería alertó sobre los riesgos institucionales y fiscales que implicaría una nueva declaratoria de emergencia económica por parte del Gobierno Nacional.
“De confirmarse la expedición del decreto, sería el tercer estado de excepción en menos de tres años, un hecho sin precedentes recientes, que desconoce el espíritu de la Constitución de 1991, los límites al poder Ejecutivo y el rol de las instituciones que garantizan el equilibrio de poderes”, destacó la asociación.
Por otra parte, la ACM advierte que la figura de emergencia es excepcional, reservada para situaciones imprevisibles y ajenas al control del Estado, y no puede convertirse en un mecanismo ordinario para corregir desequilibrios fiscales generados por el propio Gobierno.
Cabe señalar que los sectores empresariales del país han argumentado que no se cumplirían las condiciones necesarias para decretar la emergencia económica, por lo cual la ejecución no debería ser aceptada por parte de la Corte Constitucional.
Pérdida de confianza en el Estado de derecho
Junto a esto, el comunicado destaca que insistir en esta decisión podría debilitar la confianza en el Estado de derecho, presionar aún más a los sectores productivos y enviar una señal profundamente negativa a la inversión.
“Es inadmisible que un Gobierno gaste más de lo que recibe, que lo haga de manera sistemática y que, para cubrir su déficit, pretenda justificar una emergencia económica basada en su propia irresponsabilidad fiscal. Gobernar a punta de estados de excepción abre un precedente gravísimo para el país”, aseguró Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.
Por último, la Asociación hace un llamado urgente a que cualquier discusión fiscal se tramite por las vías democráticas, dentro del marco constitucional y con respeto al rol del Congreso y de las Altas Cortes.
