La crisis del sector vivienda cada vez deja a más colombianos solo con casa en el aire

Quiero parafrasear a Bukele: ‘Dilo sin llorar’”. Esta fue la desobligante reacción de la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, tras la presentación de las dramáticas cifras del sector de vivienda que hizo Guillermo Herrera, presidente de Camacol, en un foro en días pasados.

Herrera, con los datos del Dane al tercer trimestre del año, señaló que la construcción cayó 8 por ciento. “Ya acumulamos 16 meses continuos de caídas en la comercialización de vivienda que en lo corrido del año nos muestra que hemos perdido el 47 por ciento de mercado frente al de un año atrás”, dijo.

Según Camacol, con datos de Coordenada Urbana, en lo corrido de 2023, a octubre, se dejaron de vender 97.000 viviendas nuevas en Colombia, de las cuales 77.000 fueron de interés social (VIS). Esas menores ventas afectaron los inicios de obra, que se contrajeron a una tasa del 27 por ciento. También se registró una pérdida en inversión de los hogares en el sector residencial, que supera los 18,3 billones de pesos y más de 30.000 familias han desistido de adquirir casa propia.

Las altas tasas de interés han sido responsables de estos resultados, así como los altos precios por la inflación elevada. Pero también han pesado las dificultades derivadas de la transición hacia una nueva política de vivienda, la cual ha generado retrasos en los subsidios.

Herrera dijo que, de acuerdo con cifras de Galería Inmobiliaria, el 45 por ciento de los hogares que desistieron de la compra de vivienda social lo hicieron por los ajustes de la política. “Hay unos que sí lloran”, precisó.

La situación ya llegó al Congreso y esta semana el senador del Centro Democrático Miguel Uribe hizo un debate a la ministra Velasco. Llamó la atención ante la gravedad de la caída de la construcción porque es considerado un sector que impulsa más de 30 subsectores en la economía, “es decir, que sin construcción no hay industria, comercio, servicios públicos, entre otros”, señaló y alertó por una crisis ante la pérdida de empleos. Además, dijo que a la fecha no se ha otorgado ninguna garantía ni instrumento para facilitar el acceso a créditos para los hogares de bajos ingresos.

Por su parte, el Gobierno ha anunciado nuevas inyecciones de recursos, como, por ejemplo, 2,5 billones de pesos para el acceso a VIS, nuevas líneas de crédito hipotecario, de crédito constructor y crédito a organizaciones comunitarias que van a hacer los proyectos de Cambia Mi Casa. Esto, sumado a nuevos modelos de asignaciones del programa Mi Casa Ya, junto con la reducción de tasas del Banco de la República –que se estima inicie en diciembre o en el primer trimestre del año entrante– y la caída en la inflación, servirán para reactivar este vital sector.

Pero detrás de estas cifras están los sueños de miles de familias que han visto amenazada la oportunidad de tener techo propio. Por eso, las desafortunadas declaraciones de la ministra no cayeron bien. El cambio de Gobierno se juntó con una compleja situación de tasas e inflación altas, plazos que se alargaron y que hicieron que en el caso de las VIS subieran al ritmo de los salarios mínimos. Eso ha dejado a muchas familias por fuera, pues sus proyectos no cerraron financieramente. O tuvieron que desistir de los subsidios y buscar recursos por otras vías para no perder los ahorros de toda su vida.

Y el remedio puede ser peor que la enfermedad porque no solo se han encarecido las viviendas, sino que se vuelve incierto el futuro de los compradores: algunos han ampliado sus deudas con bancos –cuando han podido y la entidad financiera lo ha permitido– aumentando el valor de sus cuotas y bajo el esquema de UVR, que las hace más inciertas y volátiles; otros han recurrido a amigos o familiares que les han prestado dinero, pero tendrán que pagarlo en algún momento, y unos más han llegado a extremos, como recurrir al gota a gota.

El drama

SEMANA contactó a varias personas que han tenido serias dificultades en este proceso. Por ejemplo, Lady Arango, una modesta trabajadora, hace dos años se postuló para un apartamento de interés social en Zipaquirá y para acceder a los subsidios de Mi Casa Ya. Con gran esfuerzo, logró juntar su cuota inicial de 28 millones de pesos y ya para agosto de este año se esperaba el desembolso de los subsidios que le permitieran hacer el cierre financiero de su vivienda, tras el crédito del banco de 75 millones de pesos. El subsidio ascendía a unos 20 millones.

Sin embargo, los recursos del subsidio no llegaban. “Ahí empezó lo terrible. Mesas de trabajo con el ministerio y el argumento era que no había plata. Pero las constructoras no dan espera. Entonces era desistir del negocio o conseguir los 20 millones de los subsidios de Mi Casa Ya y renunciar a ese subsidio. Al ver que ningún banco me prestaba y con el riesgo de perder mi plata, tuve que sacar un gota a gota para poder cubrir esos 20 millones, no perder mis 28 millones que había dado ni perder la casa”, lamenta Lady. Pero el drama sigue, pues sus ingresos no le alcanzan para pagar esos compromisos. “No tengo cómo pagar las dos cosas (el crédito hipotecario y el gota a gota)”.

Está pagando más de 2 millones de pesos mensuales por esas dos deudas. “Se me ha dificultado pagar, pero siempre le doy prioridad al gota a gota porque es un tema más complicado que con el banco. Prácticamente siempre tengo 20 días de atraso”, explica Lady. Tuvo que sacar a su hija de la universidad para que le ayudara con los pagos y se la rebusca con ingresos adicionales como rifas y trabajos externos. Pero aun así no es suficiente. Dice que el Gobierno nunca les dio una solución. “Muchas veces nos sentamos con ella, llorando, así como dijo la ministra, para ver qué podíamos solucionar. Pero nunca hubo una solución”.

Por su parte, en 2021, Diana Murcia, una maestra del Distrito en Bogotá, inició el proceso para acceder a un proyecto VIS en el barrio Ricaurte en la capital. Quería aprovechar la oferta de subsidios nacionales y del Distrito para poder tener un hogar para ella y sus padres.

Sin embargo, el proceso tuvo una serie de traumatismos. El primero es que el precio de la VIS, como explica Murcia, está atado al aumento del salario mínimo, y en los dos últimos años su incremento ha sido históricamente alto. Esta situación le significó un aumento de casi 40 millones, y esperaba obtener 23 millones por Mi Casa Ya y un poco más de 9 millones por el subsidio local.

No obstante, cambiaron las condiciones en el subsidio nacional y entró el proceso de reclasificación en el Sisbén y, como explica, aunque no gana mucho, por su nivel de estudios y de trabajo se “disparó” en el Sisbén. “¿Qué significó eso? Inmediatamente me sacaron”. En el caso del programa de la Alcaldía se trata de proyectos que están en las periferias y ella ya estaba vinculada con uno dentro de la ciudad. No tuvo acceso a ninguno de los subsidios. Fue a los bancos y, por su bajo nivel de ingresos, no recibió nuevos créditos para cubrir el hueco que dejaron los subsidios, y un grupo de amigos le prestó 20 millones de pesos.

“En septiembre yo tenía la posibilidad de perderlo todo. Fueron noches horribles. Mucha gente tuvo que desistir. No desistí por la solidaridad de mis amigos. Si no hubiera existido eso, hubiera perdido absolutamente todo. Ahora tengo que ver cómo lo voy a cubrir”, asegura Murcia y sentencia: “Si eso me pasó a mí, que soy una trabajadora formal, con garantías, que compró una VIS, ¿qué va a pasar con un trabajador que tenga un salario mínimo y no sea formal?”.

Detrás de las cifras consolidadas del sector están las historias de muchas familias colombianas como la de Lady o Diana, que se resisten a quedarse sin su sueño más preciado: tener una casa propia.