Nuevo proyecto del Gobierno nacional generaría graves impactos en miles de prestadores de servicios turísticos del país

Por medio de un comunicado de prensa, la Asociación Colombiana de Gastronomía y Turismo (Acoga) advierte sobre el impacto del “decretazo” navideño que está anunciando el Gobierno nacional, y que afecta negativamente a la operación formal y avances en calidad turística que ha alcanzado el país en los últimos años.

“El decretazo confluye en los proyectos de modificación de los Decretos 1074 y 1072 de 2015, relacionados con el Registro Nacional de Turismo y la capacidad de declarar ilegales los contratos de tercerización”, señala Acoga.

El proyecto de decreto propone transformar el sistema actual de registro en un sistema de preverificación administrado por la autoridad, que decidiría quién puede o no operar como prestador turístico. La iniciativa crea una licencia de facto la actividad turística al imponer cargas documentales que van más allá de la Ley.

En el primer caso, el proyecto generaría un impacto profundo sobre miles de prestadores de servicios turísticos, especialmente los más pequeños, y transformaría de manera sustancial el funcionamiento del Registro Nacional de Turismo (RNT).

Los actores del sector destacan que no se realizaron mesas técnicas ni procesos de socialización que permitieran anticipar los efectos operativos, económicos y territoriales que su entrada en vigor inmediata podría generar.

En el caso de las plataformas digitales, el proyecto de decreto les exige funciones que no están contempladas en la ley, concretamente: verificar cada seis meses la vigencia del RNT, supervisar que no existan anuncios repetidos y garantizar interoperabilidad con sistemas gubernamentales aún no implementados.

Estas cargas trasladan a intermediarios privados responsabilidades estatales, creando inseguridad jurídica y operativa para quienes han invertido durante años confiando en el país. Restringir estas actividades turísticas podría excluir a miles de familias de clase media que dependen de estos ingresos para conservar su vivienda. Además, reduciría la llegada de visitantes a zonas rurales, PDET y municipios sin infraestructura hotelera.

Estas medidas concentrarían la oferta en grandes operadores, afectando la competencia y la innovación, y empujarían la actividad turística de pequeños proveedores hacia la informalidad, con menor trazabilidad y mayores riesgos para la seguridad.

Junto a esto, los actores del sector destacan que la experiencia internacional muestra que las prohibiciones no eliminan la actividad, sino que la trasladan a alternativas sin control, debilitando la supervisión estatal y perjudicando la cadena de valor en general.

“Fundamentalmente, observamos el drástico paso de las gestiones del RNT basado en declaraciones bajo gravedad de juramento a soportes y verificaciones que transforman un trámite accesible a uno de proceso complejo, eliminando la posibilidad de que un prestador pequeño sea considerado no comerciante. El nuevo decreto aumenta la burocracia y tramitología, haciendo más dispendioso los trámites y colapsando a las autoridades e institucional encargada de estos procesos o verificaciones”, destacó Acoga.