Pensión: estos serían los cambios para las mujeres con la reforma pensional

A pocos días de que la Corte Constitucional defina el futuro de la reforma pensional, las miradas se concentran en sus efectos sobre el ahorro, la sostenibilidad fiscal y la equidad de género.

SEMANA dialogó con el abogado Camilo Cuervo, socio de Holland & Knight, quien analizó los principales impactos para las mujeres y el sistema en su conjunto.

SEMANA: ¿Qué implicaciones tiene la reforma para las mujeres que hoy trabajan en la informalidad y que no logran completar las semanas requeridas para pensionarse?

Camilo Cuervo: Son dos temas distintos. La reforma laboral, lo que hace es una declaración de principios respecto de la necesidad de crear políticas públicas que ayuden a la formalización del trabajo de mujeres y a la contratación de mujeres, porque en todas las estadísticas, claramente, las mujeres son las más afectadas, en especial las mujeres jóvenes.

Entonces, lo que hace la reforma es una declaración de principios para que se generen políticas públicas, pero no tiene realmente una norma que genere una mejora concreta en la situación laboral de las mujeres.

En cuanto a la reducción de semanas, es un asunto diferente. Surgió de una demanda contra la Ley 100 de 1993, en la cual se argumentó que las mujeres, al pensionarse más jóvenes, tenían menos tiempo para completar las semanas requeridas.

La Corte determinó que hacia el año 2032, las mujeres podrán pensionarse con 1.000 semanas, una reducción progresiva frente a las 1.300 actuales. Por eso, son dos discusiones relacionadas, pero no iguales.

SEMANA: ¿La reducción progresiva de semanas de cotización para mujeres garantiza equidad o podría desincentivar la formalidad laboral?

C.C.: Yo creo que sí genera equidad, pero también un riesgo. Tanto las 1.000 semanas para mujeres como las 1.300 para hombres siguen siendo cifras peligrosas para la sostenibilidad del sistema, porque no reconocen una realidad: vivimos más años, pero cotizamos menos. Eso vuelve al sistema financieramente inviable, independientemente de la equidad.

Ahora bien, la diferencia de edad y tiempo entre hombres y mujeres es necesaria y justa. La sociedad reconoce el doble rol femenino, laboral y familiar, y, por eso, la Corte mantiene una edad y semanas menores para ellas.

Sobre la informalidad, no creo que haya una relación directa. Incluso, podría ser lo contrario: menos semanas requeridas podrían incentivar la contratación, ya que el empleador vería más viable vincular formalmente a una mujer que se pensionará en menos tiempo, eliminando el riesgo del fuero prepensional.

SEMANA: ¿Qué ajustes requerirían los fondos privados y Colpensiones para adaptarse al nuevo plan de pilares sin afectar la rentabilidad del ahorro individual?

C.C.: Más que ajustes, se requiere un cambio estructural. El país necesita un sistema de pilares que combine la protección estatal con el esfuerzo individual.

El sistema público subsidiado, como Colpensiones, debe concentrarse en personas de bajos ingresos —hasta un salario mínimo—, porque la sociedad no puede permitir que haya adultos mayores en pobreza extrema.

De ahí para arriba, quienes tengan ingresos superiores deberían cotizar en fondos de ahorro individual, donde su pensión dependa de sus aportes y rendimientos. El Estado debe garantizar una pensión mínima a través del pilar público, pero el resto debe ser autofinanciado por los trabajadores.

SEMANA: ¿Cómo se podría fortalecer la educación financiera y previsional de las mujeres para aprovechar mejor las oportunidades del nuevo esquema pensional?

C.C.: No creo que sea un tema de educación financiera, sino de formalización. El problema no es que las personas no entiendan cómo funciona el sistema, sino que no cotizan. Si la gente se afilia y aporta de manera constante, tarde o temprano tendrá una pensión.

Los fondos deben hacer el trabajo técnico y acompañar al afiliado, pero el gran reto es cultural: crear conciencia sobre la importancia de cotizar y permanecer en el sistema.

SEMANA: ¿Cuál sería el impacto macroeconómico si, como advierten los gremios, el ahorro pensional cae del 27 % al 20 % del PIB?

C.C.: Sería terrible. Un sistema pensional necesita ingresos estables y protegidos. Si los aportes privados disminuyen, la carga recaerá sobre el Estado y, por ende, sobre todos los contribuyentes. El problema no es que no se pensionen, el problema es que entre menos aportes lleguen del sector privado, más carga tendrá el Estado.

Uno de los grandes logros de la Ley 100 de 1993 fue vincular a los particulares al aseguramiento de riesgos como salud y pensiones. El error del Gobierno Petro es pensar que puede sacar a los privados del sistema. Eso sería un retroceso.

Para el finalizar este diálogo con SEMANA, el experto advirtió que estatizar completamente los sistemas de salud y pensiones revertiría los avances de los últimos 30 años, transfiriendo toda la carga al Estado y reduciendo la eficiencia.