Pese a promesas del Gobierno, crece el número de personas que trabajan con el Estado por prestación de servicios

Al inicio de su gobierno, el presidente Gustavo Petro expresó su intención de eliminar los contratos por prestación de servicios en Colombia, particularmente en el Estado, argumentando que estos encubren relaciones laborales reales y conducen a la sobreexplotación de los trabajadores.

De hecho, ese fue uno de los planteamientos para lanzar el proyecto de reforma laboral, liderado por la ahora exministra de la rama, Gloria Inés Ramírez.

No obstante, los contratos de prestación de servicios siguen siendo una herramienta recurrente de contratación en las instituciones estatales, en especial en las de educación, salud y administración pública.

Esta conclusión se desprende de una investigación realizada por el Observatorio Laboral de la U. Javeriana, adelantada entre 2020 y 2024 y que señala: uno, que los cuentapropistas del Estado han crecido un 44 %, y dos, que la mayoría de ellos son mujeres educadas que, de esta forma, permanecen en la informalidad.

En concreto, según el estudio del Observatorio, el aumento de esa modalidad de contratación se ha evidenciado en sectores clave como la salud, con un crecimiento del 54,7 %; la administración pública, con el 45,3 %, y el sector educativo, con un aumento del 26 %, que además son, justamente, sectores con una amplia participación femenina.

Otro problema detectado por la investigación alrededor de este tipo de contratación es que se suscribe en periodos cortos de tiempo, tres, seis o doce meses. Ello genera inestabilidad en los contratistas y les da poder a políticos que muchas veces son los que influyen en la entrega de contratos de este tipo y también en los nombramientos de funcionarios.

Las más afectadas

Ahondando en la mayor incidencia de las mujeres contratadas bajo la modalidad de prestación de servicios, según las cifras de la investigación, el Observatorio destaca que, si bien las mujeres han demostrado una mayor integración al mercado laboral, pues su Tasa Global de Participación (TGP) aumentó, pasando del 48,18 % en 2020 al 52,33 % en 2024, esa población sigue enfrentando retos a la hora de trabajar. Por ejemplo, señala que las tasas de informalidad de ellas continúan siendo alarmantemente altas en departamentos como La Guajira y Chocó, donde el dato supera el 80 %.

El documento señala entonces que las políticas de formalización siguen siendo escasas y el acceso a los derechos laborales en el sector público sigue siendo distante, pues las reformas laborales se han centrado en el sector privado.

“Es necesario un enfoque específico para los desafíos que enfrenta el sector público, particularmente cuando se trata de los contratistas del Estado. No sé si la solución radica en una nueva reforma laboral, o simplemente en el cumplimiento de la ley. El Estado, como empleador, tiene un papel crucial en el mercado laboral de Colombia, especialmente en regiones donde las oportunidades de empleo son limitadas. El sector público podría ser considerado como el gran empleador de Colombia en muchas regiones, sobre todo en aquellas más remotas y vulnerables del país”, afirma Juliana Morad, directora del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana.

Así mismo, Morad hace énfasis en el cumplimiento de la ley como estrategia para erradicar el problema.

Pero siguen existiendo incentivos ‘perversos’ por parte del Estado, que consisten en intercambiar puestos por votos, tanto a nivel nacional como a nivel territorial.

Morad menciona de hecho que en este momento cursan demandas multimillonarias contra el Estado por motivos laborales, que generan congestiones judiciales y un alto presupuesto que finalmente sale del bolsillo de los colombianos, ahondando la crisis presupuestal existente.

Por lo mismo, considera fundamental seguir hablando del trabajo digno, haciendo énfasis en el ejemplo que representa el Estado, el cual debe ser el principal referente en el cumplimiento de derechos laborales.