Por estas razones expertos calculan que el recorte de gastos del Gobierno debe ser más del doble de lo anunciado

Las finanzas públicas viven un momento de alta tensión. Ante una innegable caída del recaudo, un crecimiento económico más lento del esperado y unos gastos que no dan espera y que vienen al alza. El mismo presidente Gustavo Petro aceptó, al intervenir en la clausura de la más reciente Convención Bancaria, que las cosas no van bien y que el gasto hay que recortarlo.

Precisó que el recorte de gasto le fue recomendado por sus ministros del lado económico, y con una de sus acostumbradas onomatopeyas, hizo la mímica de unas tijeras, diciendo “¡chum!, toca recortar”, aunque aclaró que no se va a rebajar el gasto que tiene que ver con la población más pobre. En el mismo evento, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, confirmó que el recorte de gastos será de 20 billones de pesos, en un presupuesto para este año que es de 503,2 billones.

Aunque los analistas comparten la necesidad y la urgencia del recorte, un informe del Departamento de Investigaciones Económicas y Análisis de Mercado del Banco de Bogotá, indica que para financiar el presupuesto de este año el Gobierno esperaba obtener ingresos por 352,4 billones, pero esa cifra no se va a lograr y si acaso alcanzaría 292,3 billones, lo que significa un descalce cercano a 60,1 billones de pesos y, por ende, un recorte de gastos mucho más grande, el cual no debería ser de 20 billones, sino de 48,8 billones.

Los expertos del BanBogotá dice que ese nivel de ajuste es el necesario para asegurar el cumplimiento de la regla fiscal, que es un compromiso que tienen las autoridades económicas de mantener controladas las finanzas públicas y que, al mismo tiempo, es un elemento clave para la credibilidad de Colombia en los mercados internacionales.

Explican que el faltante de 60,1 billones se debe a diferentes factores: Hay un desfase de 6,1 billones por los menores pagos recibidos de Ecopetrol, la ANH y el Banco de la República. Así mismo, no se lograrán recaudar 15 billones esperados por arbitramento de litigios de la Dian, pues para eso se requería un proyecto de Ley que no avanzó en el Congreso. Adicionalmente, el fallo de la Corte Constitucional de la no deducibilidad de las regalías significó una caída de los ingresos en 6,7 billones de pesos, al tiempo que el fallo del Consejo de Estado de obligar a la DIAN a devolver el saldo a favor de personas naturales en sus ejercicios de pago de impuestos de más de tres años hacia atrás también impactó negativamente en 3 billones de pesos.

Los economistas del Banco de Bogotá también mencionan el impacto de la menor actividad económica en el recaudo tributario, la cual implicaría un faltante de 29,3 billones frente a lo que se tenía previsto en el presupuesto, el cual claramente luce desfinanciado.

Advierten que el Gobierno se había comprometió a realizar un recorte en el gasto primario, es decir, de funcionamiento, pero las cifras de ejecución presupuestal a mayo denotan que no ha sido así, pues mientras de enero a mayo de 2023 la ejecución del gasto en funcionamiento fue de 36,6% en 2024 fue de 38,7%. “Así, la política solo se estaría dando en el gasto de inversión (importante para el crecimiento económico potencial del país) donde la ejecución en 2024 se ubicó en 49,8% frente al 50,8% de 2023. Teniendo en cuenta que el presupuesto de inversión es de 99,8 billones y ya se comprometió el 49,8%, quedaría por comprometerse 50,1 billones”, sostiene el informe del Banco de Bogotá y alerta que, si la estrategia para cumplir la regla fiscal consiste en reducir el gasto en inversión, prácticamente no se tendría que ejecutar más en el resto del año, un escenario poco probable que refleja la necesidad que el Gobierno empiece a disminuir su gasto en funcionamiento.

Dada la dificultad de llevar a cabo dicha política, los mercados ya descuentan un recorte en la calificación crediticia del país