Presidente Petro estaría devolviendo el control de la seguridad vial del país a los conservadores, a cambio de la aprobación de sus reformas

Un remezón político se desató en la noche el jueves, 13 de julio, por la noticia de que el presidente Gustavo Petro buscaría devolverle al senador conservador Carlos Trujillo el control burocrático del Sector Transporte en el Gobierno, como parte de una ambiciosa negociación con la facción disidente de los conservadores en el Congreso, para impulsar la aprobación de sus reformas en la próxima legislatura.

La movida de Petro quedó en evidencia ayer cuando en la página oficial de la Presidencia de la República se publicó la hoja de vida de la persona que el Gobierno Nacional ―sorpresivamente― decidió postular para asumir la dirección general de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Se trata de quien sería una ficha clave de Trujillo: la abogada Mariantonia Tabares Pulgarín, quien hace 3 meses, como asesora de la entidad, estuvo involucrada en la aprobación presuntamente irregular de un contrato por $ 14.000 millones, que gracias a las oportunas denuncias públicas del senador Ariel Ávila se logró frenar a tiempo para evitar un nuevo gran escándalo de corrupción en el país.

Trujillo había recibido un duro golpe del Gobierno en mayo pasado, cuando el presidente decidió quitarle buena parte de la burocracia: sacó al ministro Guillermo Reyes de la cartera de Transporte y a Juan Carlos Bedoya de la dirección general de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, este último tuvo una pobrísima gestión en relación con la reducción de la siniestralidad en las vías del país.

Y aunque Trujillo, integrante de la Comisión VI de Senado, conservaba importantes cargos directivos en esta Agencia, entre ellos el de Mariantonia Tabares (asesora de la Oficina de Contratación), hace un par de semanas el Gobierno habría seguido presionando, y todos estos funcionarios fueron removidos de sus cargos, por lo que sorprende aún más la movida política que se produjo en las últimas horas.

Incluso, otra de las cuestionadas fichas de Trujillo que permanecía en un alto cargo en la Agencia hasta hace unas semanas, tras ser declarada insubsistente, la hoy exdirectora del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, Dunella Maya, también intentó ser nombrada en la dirección general.

Sin embargo, la representante a la Cámara Carolina Giraldo prendió las alarmas en el Gobierno, debido a que Maya estuvo vinculada a una denuncia hecha por la legisladora en septiembre pasado, cuando demostró que esta mujer ―muy cercana a Trujillo― aparecía como testaferro, en condición de representante legal, de una empresa fachada desde la cual el Clan del Golfo se apropió de millonarios recursos del Oacd-Paz Risaralda, investigación que hoy tiene a Giraldo con graves amenazas de muerte en su contra.

Así las cosas, si el acuerdo burocrático se cierra, y Petro le entrega la Agencia Nacional de Seguridad Vial a la disidencia conservadora, Trujillo tendría acceso inmediato –a través de Tabares– a un presupuesto cercano a los $ 250.000 millones: una parte sin ejecutar de 2022 y otro tanto correspondiente a la vigencia 2023.

Por tal razón, los que están muy molestos con esta movida política al parecer son los conservadores pura sangre encabezados por Efraín Cepeda, presidente de esta colectividad, quien en febrero pasado derrocó a Trujillo y lo declaró en independencia del Gobierno.

Fuentes de esta colectividad dijeron a SEMANA que en las toldas azules ven con preocupación que Petro le entregue a Trujillo el manejo de un botín tan grande a pocas semanas de empezar las campañas políticas regionales, ya que esto podría desequilibrar las fuerzas dentro del partido y fracturar por completo la ya golpeada y resquebrajada unidad conservadora.

Otros que están bastante inconformes con el hecho de que el presidente Petro esté pensando en devolverle el control burocrático de esta Agencia a Trujillo son los líderes de asociaciones, académicos y grupos ciudadanos que defienden la seguridad vial en el país.

Estos grupos desde ya anunciaron que no apoyarán el nombramiento de Tabares, no solo por los presuntos actos de corrupción en los que se vio involucrada, sino porque consideran que no tiene ningún conocimiento en temas de seguridad vial, como ocurrió con el anterior director puesto por Trujillo, quien pasó de ser abogado de su UTL en el Senado a ser director de esta entidad técnica.

Así, transando las entidades públicas como si fueran fortines burocráticos y ante la mirada indolente del ministro de Transporte, William Camargo, el presidente Petro utiliza como moneda de cambio para aprobar sus reformas un tema tan sensible como la seguridad vial, que hoy deja en Colombia más muertos que la guerra, y que tan solo en 2022 registró un récord histórico de 8.264 muertes, y este año, en el primer semestre, ya contabiliza más de 4.000 fallecidos en las vías del país.