Radican la segunda reforma tributaria del Gobierno Petro

El ministro de Hacienda Ricardo Bonilla radicó este martes 10 de septiembre, ante la Secretaría de la Cámara de Representantes, la segunda reforma tributaria del Gobierno Petro, esta vez con el fin de ajustar las cuentas para poder financiar el presupuesto del año entrante, estipulado inicialmente en 523 billones de pesos.

La iniciativa, que en este caso se conoce como Ley de financiamiento, propone, entre otras cosas, reducir el impuesto de renta para las empresas, diferenciando por el tamaño de estas. Así, la tarifa general bajaría gradualmente de 35 a 30 %, y hasta 27 % para las micro, pequeñas y medianas firmas.

Bonilla explicó que esa reducción aplicará para todos los sectores económicos, menos petróleo y carbón, que además ya tienen una sobretasa. A eso se le adicionará una ampliación del impuesto al carbón que pagarán los distintos sectores que utilizan ese combustible.

De otro lado, también se ajustaría la tarifa del IVA para productos o servicios que hoy no lo pagan, como las apuestas deportivas en línea o los servicios de hospedaje en casas particulares, tipo Airbnb, o productos que tienen una tarifa inferior a la general, como los carros híbridos que pagan 5 % y se subiría al 19 %. Con la primera medida esperan recaudar unos 2 billones de pesos y con los vehículos híbridos, otros 3 billones.

Bonilla explicó que el proyecto incluye también beneficios tributarios para algunos sectores como las energías renovables y para el desarrollo del turismo en municipios de menos de 200.000 habitantes, que van acompañados de estímulos que ya existen, como la exención del IVA de los tiquetes aéreos en aeropuertos donde no haya acceso terrestre. “Esto va acompañado de la tarifa del 15 % en renta en aquellos casos en los cuales estén haciendo ampliaciones de instalaciones y tras el reciente acuerdo camionero, se extiende por cinco años la exención del IVA para el proceso de reposición del parque automotor. Pero incluye ascenso tecnológico, no es simplemente sustituir diésel por más diésel, es ir sustituyendo diésel para llegar a un parque automotor eléctrico”, precisó el alto funcionario tras radicar la reforma.

Igualmente, el ministro de Hacienda indicó que la Ley de financiamiento tiene ajustes en términos de donde estarían las fuentes de ingreso, y una parte de esa fuente de ingreso es traer la vigencia de la regla fiscal de 2026 a 2025.

En lo que respecta al impuesto al patrimonio, también señaló que buscan identificar los activos improductivos que son los que deben pagar dicho gravamen. “Para eso existe ya una definición de qué es un activo productivo: todo aquel que esté relacionado con la fuente de los ingresos. Eso hoy tiene un tratamiento preferencial en el país, el cual se mantiene. Por el contrario, lo que no es productivo debe pagar impuesto al patrimonio. De tal manera que hacemos que todas las actividades económicas limpien sus activos y construyamos una senda de crecimiento y productividad en Colombia. Hoy está mezclada porque las empresas están combinando activos productivos e improductivos”, precisó.

Oposición del Congreso

La radicación de la Ley de financiamiento llegó en un momento crítico para las finanzas públicas pues está dentro de las fechas límites para la aprobación del proyecto de Presupuesto General de la Nación de 2025, el cual deber ser avalado por el Legislativo antes del 15 de septiembre o –de lo contrario– el Gobierno lo podría aprobar por decreto.

Varios congresistas se han negado a darle su respaldo a un presupuesto de 523 billones de pesos, pues no solo consideran que está desfinanciado (se habla de un faltante de 12 y hasta de 40 billones de pesos), sino que creen que con el dinero que tienen las entidades públicas guardado en las fiduciarias habría suficiente para atender las necesidades del Estado. A eso se suma su preocupación por la baja ejecución, lo cual les hace preguntarse si es necesario buscar nuevos recursos, cuando no se ha usado la totalidad de los que ya se tienen.