Reforma laboral: “El análisis del impacto fiscal apropiado estuvo ausente”, advierte la Andi

En medio de la marcha que convocó el presidente Gustavo Petro, tras el virtual hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado y el anuncio de una consulta popular para sacarla adelante, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) manifestó su preocupación por lo que llamó “la ausencia de un análisis de impacto fiscal apropiado”, durante el debate de esta reforma impulsada por el Gobierno nacional, y ratificó los impactos negativos que la aprobación de esta iniciativa generaría en el país.

Este martes, el pronunciamiento de la Andi se da mientras en Bogotá, las marchas avanzan hacia el Congreso, la Comisión Séptima del Senado inició la discusión del tercer debate de la reforma laboral con la presencia de los congresistas que la integran y se conoce la salida del ministro de Hacienda, Diego Guevara.

La Andi insistió en que el Gobierno no ha contado con un análisis de impacto fiscal apropiado que permita tomar decisiones informadas. “Durante el trámite en la Cámara de Representantes de esta propuesta no existió una mínima consideración en materia de impacto fiscal, como tampoco se incluyó en la ponencia positiva presentada para el debate ante la Comisión Séptima del Senado de la República”, dijo el gremio.

Además, agregó que el concepto de análisis macroeconómico y de impacto fiscal enviado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 11 de marzo de 2025, no cuantifica los gastos adicionales que deberá asumir el Estado si la iniciativa sale aprobada y tampoco señala las fuentes que posibilitarán la financiación de esos gastos.

“Es importante agregar que el concepto no tiene mediciones, asume que el beneficio va a estar en reducir la informalidad y aumentar el empleo, cuando los diagnósticos de otros tanques de pensamiento señalan que el resultado sería precisamente el opuesto y se perderían puestos de trabajo”, advirtió la Andi, y dijo que el Ministerio de Hacienda asume que habrá un aumento en la productividad porque el trabajador va a recibir un mayor pago.

La Andi se ratificó en que las iniciativas e ideas del sector privado y los gremios no se acogieron en la discusión en las mesas de concertación. “Las consideraciones del sector empresarial no fueron tenidas en cuenta para la propuesta que se llevó al Congreso, finalmente”, añadió el gremio.

Recordó que el concepto de aval fiscal se debe ceñir a requisitos establecidos por la Constitución y la legislación, en especial en lo que respecta a la viabilidad fiscal, la sostenibilidad del gasto y el control fiscal.

El gremio de empresarios manifestó que el artículo 7º de la Ley 819 de 2003 establece que el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley que establezca gasto debe hacerse explícito y ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo, en el marco de unas exigencias que, a juicio de la Andi, no son cumplidas por el concepto publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Las tres exigencias en el proceso legislativo son: primera, a cargo del Congreso, incluir en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional para su financiamiento. Segunda, a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, rendir —en cualquier tiempo durante el respectivo trámite en el Congreso de la República— su concepto sobre la consistencia del análisis de los costos fiscales, sin que resulte posible que dicho concepto se oponga al marco fiscal de mediano plazo. Y tercera, a cargo del Gobierno, establecer en aquellos proyectos de ley cuya iniciativa le corresponda y que impliquen un gasto adicional o una reducción de ingresos, la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de ingresos, según análisis y aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

“El objetivo de estas exigencias es asegurar que el Estado no asuma compromisos que puedan comprometer la estabilidad fiscal y económica del país; y es responsabilidad de todos los actores involucrados en este proceso velar porque el debate se haga de manera informada, para poder tomar decisiones responsables”, concluyó la Andi.