Reforma pensional: lo hecho y lo que falta por implementar, a solo 86 días de la entrada en vigencia de la nueva ley

El primero de julio marca el inicio de una nueva etapa para el sistema pensional en Colombia. De los decretos que se esperaba que fueran expedidos con mayor agilidad para reglamentar más de 300 temáticas contemplados en la nueva ley, solo se han emitido dos, además de una resolución. Están por salir otros dos decretos claves: el decreto único reglamentario (DUR) y el que regulará el fondo de ahorro administrado por el Banco de la República.

El primero incluirá un amplio compendio de medidas, pues desde los inicios se habló de que al menos el 60 por ciento de la reforma debía ser reglamentada. Del segundo se espera que sea expedido pronto para que de ahí en adelante el Emisor proceda a la elaboración y firma del contrato de administración entre el Gobierno y el Banco. Solo hasta ese momento podrá iniciar la selección y contratación de los primeros encargados de administrar unos recursos que irán acumulándose mes tras mes en montos del orden de 1,4 billones de pesos.

Implementación costosa

La dinámica en la implementación de la reforma pensional les ha cobrado factura a las compañías que forman parte del sistema. En Porvenir, por ejemplo, según confirmó Miguel Largacha, presidente de esa empresa, han gastado hasta ahora 10 millones de dólares en las adecuaciones necesarias, pues, a su juicio, “se trata de crear una nueva compañía”.

Por el lado de Colpensiones, otro de los actores principales del nuevo modelo de aseguramiento, su presidente, Jaime Dussán, señaló que se tiene una planta provisional de 550 personas para las necesidades que va planteando la aplicación de la nueva ley. Además, “en un par de semanas se abrirá una licitación pública para contratar los softwares y la tecnología requerida. En nuestro caso, no hablamos de dólares, sino de nuestros pesitos colombianos, y los tenemos”.

Contrarreloj

A 86 días de la entrada en vigencia de la reforma pensional, se siente la presión para un sistema que aún no parece estar listo del todo. Durante el Decimoctavo Congreso de Asofondos –gremio de los fondos privados–, que se realizó en Cartagena, se vio la preocupación.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, manifestó que el nuevo esquema empezará con la reglamentación mínima necesaria. Para ello se ha hecho un esfuerzo descomunal, pues “no hay otra alternativa que estar listos”, como señaló Juan David Correa, presidente de Protección, quien, asimismo, insistió en que lo mejor para aumentar el ahorro con las pensiones es generar empleo. “Si logramos subir el empleo y la formalidad laboral, el ahorro voluntario y conservar las rentabilidades, en total, el ahorro nacional podría pasar del actual 14,5 por ciento del PIB, que, además, es el promedio desde hace más de dos décadas, a 18,3 por ciento”.

Hasta el momento, en la ruta de implementar la reforma pensional, solo ha sido aprobada por la Superfinanciera una nueva Administradora del Componente Complementario de Ahorro Individual (Accai), sigla que ya cobija a las cuatro compañías que anteriormente eran fondos privados de pensiones. Positiva, aseguradora pública, recién ingresó a ese universo de Accai, que se estimaba inicialmente que iba a despertar un apetito voraz, pero ese no ha sido el caso.

La falta de definición de las reglas de juego para entrar en esa cancha sería una de las talanqueras para que, por ahora, no hayan aparecido más interesados en ser Accai.

Fuera de los decretos emitidos hasta el momento y los que deberán salir en los próximos días, sin los cuales no se podría poner en marcha el nuevo sistema, hay otros tres proyectos de normativas que vienen en camino, según confirmó Mónica Higuera, directora de la Unidad de Regulación Financiera (URF).

Entre ellos está el que establece el esquema para la existencia de los fondos generacionales, una figura nueva mediante la cual se toman grupos poblacionales de las mismas edades para juntar sus recursos en una sola bolsa, de forma que puedan ser administrados para que produzcan rentabilidad y crezcan hasta que el aportante cumpla la edad de pensión.

En vilo, por el fondo de ahorro

El otro tema que trasnocha es el del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, que administrará el Banco de la República y que recibirá parte de los aportes de los trabajadores que devenguen entre 1 y 2,3 salarios mínimos, es decir, entre 1.423.500 pesos y 3.274.050 pesos actuales.

Dado que cuando arranque la ley todos los trabajadores cotizarán sus primeros 2,3 salarios mínimos en Colpensiones, los expertos dicen que se requerirá toda la ingeniería financiera necesaria, teniendo en cuenta que esa empresa pública no estaba acostumbrada a manejar tantos recursos. Al gerente del Emisor, Leonardo Villar, le causa inquietud el hecho de que Colpensiones tenga un déficit importante, por lo que “el Gobierno nacional debe hacerle transferencias cuantiosas que forman parte del gasto público y que también afectan el déficit fiscal de la nación”. Por eso, advirtió que los recursos que alimentarán el Fondo que administrará el Emisor serán insuficientes para cubrir las obligaciones futuras por concepto de pensiones. En consecuencia, el reto de hacer sostenible el sistema pensional a largo plazo es mayúsculo.

A su juicio, prontamente, “se requerirán ajustes en los parámetros del sistema, en particular en las edades de jubilación y en los porcentajes de cotización”.

Ventana de traslados, sin atravesar

En cuanto a los avances de las normas que ya están al aire, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, resaltó la llamada ventana de traslado. Esta permite hasta julio de 2026 que las personas que ya pasaron la edad máxima para cambiarse de los fondos privados a Colpensiones o viceversa lo puedan hacer. No obstante, el dirigente gremial señaló que, contrario a lo que se pudiera pensar, al 85 por ciento de ese grupo de personas les conviene más estar en el régimen privado.

Hasta el momento, de un universo de más de 1,3 millones de cotizantes que podrían usar esa ventana de traslado, solo lo han hecho 55.000 y hay 116.000 que solicitaron doble asesoría, lo que suena lento, pues queda un poco más de un año para que se cierre esa oportunidad.

En general, la percepción es que la reforma está cruda en comparación con el tiempo que falta para que salga al ruedo, pero el ministro Sanguino dijo que están poniendo todo el acelerador. Asimismo, destacó lo que cataloga como una de las grandes ganancias de la ley: una mayor cobertura. “En Colombia hay más de 3.590.000 personas que no cuentan con una prestación o pensión para su vejez. En el primer año de implementación de la reforma, se pasará de una cobertura del 24 al 53,7 por ciento. En 2052 se prevé que la cobertura llegue a ser del 87 por ciento”.

Con ese argumento intentarán convencer a la Corte Constitucional de avalar la reforma, teniendo en cuenta que enfrenta unas 140 demandas interpuestas ante el alto tribunal.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, habló de la expectativa que tiene el Gobierno con la reducción de la pobreza una vez se implemente la ley. Así, en el caso de la franja de población de adultos mayores, el indicador de pobreza moderada se reduciría en 56 por ciento, y en pobreza extrema, la contracción sería del 88 por ciento.

Batalla para probar que no hubo vicio de trámite

Ante los retos para que la reforma entre en vigencia el primero de julio, el presidente Petro le pidió a la Corte convocar una audiencia pública para explicar por qué, según el Gobierno, no hubo vicios de trámite en su aprobación, como afirman algunas demandas.

De hecho, varios parlamentarios que participaron en el evento de Asofondos llevaron cuentas que responden a las críticas según las cuales en la Cámara de Representantes no se permitió el debate. La representante Carolina Arbeláez sostuvo que en ese estrado estaban ante 100 artículos que, además, tenían 400 proposiciones, pero no se abrió el espacio para discutirlas, pues se acogió el texto que venía del Senado, en medio de la premura que tenía el Ejecutivo.

En contraste, María José Pizarro llevó también sus números y señaló con exactitud los minutos que había tenido cada partido político para participar en la sesión, y no fue poco tiempo.

El escenario legal de la reforma pensional tiene varias probabilidades en la Corte: pueden devolverla parcialmente para que regrese a la Cámara de Representantes y allí subsanar el presunto vicio de trámite, devolverla en su totalidad para que se presente de nuevo o, definitivamente, declararla inexequible. Los tres poderes del Estado tienen alguna tarea urgente con la reforma pensional.