Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, anunció que la definición del incremento del salario mínimo para 2026 podría darse en los últimos días de diciembre de este año.
Esta ha sido una negociación difícil porque los puntos presentados por los protagonistas están muy lejanos: mientras el sector privado ha puesto sobre la mesa un incremento del 7,1 %, reconociendo la inflación, la productividad y unos puntos básicos adicionales, los trabajadores llevaron una propuesta de 16 %.
Esto en medio de los anuncios del Gobierno de un aumento muy por encima de la inflación y la productividad. De hecho, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anticipó que podría superar el 11 % frente a 2025.
Desde distintos frentes se ha advertido sobre el riesgo de un incremento desbordado del salario mínimo por el impacto que tendrá en la inflación del año entrante, debido a la indexación de precios, lo que haría que en 2026 Colombia no llegue al rango meta del Banco de la República, de entre 2 % y 4 %, siendo así el sexto año en que incumpliría esa meta.
Un informe del Banco Popular advierte que la inflación y los aumentos del salario mínimo han mostrado una estrecha correlación. En teoría, dice, parte del ajuste del salario mínimo mensual se indexa a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para cumplir su función principal: preservar el poder adquisitivo de los trabajadores y garantizar la satisfacción de necesidades básicas.
Bajo este esquema, asegura que el incremento porcentual debería basarse en el nivel de precios al cierre del año más la productividad estimada por el DANE, lo que normalmente ubica el aumento ligeramente por encima de la inflación.
“Sin embargo, en los últimos años los incrementos han superado ampliamente la suma de la inflación con la productividad. En 2023, el IPC cerró en 9,28 % y la productividad en 1,22 %, mientras que el salario mínimo aumentó 16 %, frente al 10,61 % que indica la teoría. Aunque en 2024 la inflación descendió a 5,20 %, en 2025 se consolidó el impacto de dos aumentos desproporcionados consecutivos: el ajuste del 9,50 % frente a la inflación del año anterior introdujo rigidez en varias divisiones de gasto como el transporte, la vivienda, algunos servicios, entre otros. Estancando nuevamente la inflación a niveles similares a los vistos durante el año 2024”.
A juicio de esta entidad financiera, por el lado del mercado laboral, el agravante se profundiza teniendo en cuenta que el 55 % del empleo colombiano es informal, es decir, no disfrutan de los incrementos salariales, “pero sí reciben el impacto en los precios que este acumula”.
Explica que, en 2015, el 73 % de los trabajadores del mercado laboral informal recibían menos de un salario mínimo mensual legal vigente, cifra que en 2025 aumentó al 78 %, un incremento de 5 puntos porcentuales. En contraste, agrega, en el mercado formal la proporción de personas que ganan menos de un salario mínimo mensual se redujo, pasando de 17 % en 2015 a 15 % en 2025. Sin embargo, la participación de quienes reciben exactamente un salario mínimo sigue siendo marginal en el sector informal (1,4 %) y más significativa en el formal (18,3 %).
Advierte que el artículo 145 del Código Sustantivo del Trabajo define la función del salario mínimo mensual y la Ley 278 de 1996 regula su fijación, “pero ninguna establece la indexación automática para quienes devengan más o menos de un salario mínimo. Con base en esto, los incrementos de la base salarial son disfrutados por una pequeña proporción de la población colombiana; sin embargo, el resto de los colombianos resiste las repercusiones de los incrementos desproporcionados en el salario”.
El estudio plantea dos ejemplos. El primero, que uno de los efectos más preocupantes del incremento del salario mínimo en Colombia es el impacto sobre los precios de las viviendas destinadas a población de bajos ingresos. Para garantizar el derecho a una vivienda digna, el país cuenta con dos categorías: la Vivienda de Interés Social (VIS), cuyo precio no puede superar los 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes del año en que se entrega, y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP), que tiene un tope de 90 salarios mínimos, según el Ministerio de Vivienda.
El problema, advierte el estudio del Banco Popular, surge al analizar el incremento acumulado en los precios de estas viviendas a lo largo de distintos periodos de gobierno.
Durante el primer mandato de Uribe, añade, el aumento fue de $13,4 millones para VIS y $9,6 millones para VIP, lo que representa una variación del 28,8 %. En su segundo mandato, el incremento fue similar: $14,4 millones para VIS y $9,6 millones para VIP, equivalente a un 24 %.
Por su parte, el primer mandato de Juan Manuel Santos registró la menor variación porcentual en los últimos 22 años, con aumentos de $13,6 millones (VIS) y $9,1 millones (VIP), para un acumulado del 18,3 %. “Sin embargo, en su segundo mandato, la variación volvió a niveles altos (24,5 %), similar a los gobiernos de Uribe y su sucesor Iván Duque, influenciada por presiones inflacionarias”, afirma el análisis.
Y agrega: “Las cifras más llamativas corresponden al Gobierno de Gustavo Petro, donde se proyecta un incremento acumulado de $78 millones para VIS y $52,2 millones para VIP, lo que implicaría una variación del 48,6 %, asumiendo un aumento salarial del 11 % en 2026”.
El otro ejemplo se observa en el servicio de transporte público en Bogotá. TransMilenio ha registrado el mayor incremento tarifario durante el Gobierno de Gustavo Petro, impulsado por las fuertes variaciones del salario mínimo. El informe del Banco Popular, citando a la gerente del sistema, María Fernanda Ortiz, prevé un aumento del pasaje del 7,8 % para 2026, lo que consolidaría un incremento acumulado de $800 durante los cuatro años del periodo presidencial.
En contraste, manifiesta el informe, en otros gobiernos los ajustes fueron mucho menores. Por ejemplo, en el primer mandato del expresidente Álvaro Uribe la variación acumulada fue de $300, mientras que en el primer mandato de Juan Manuel Santos se registró el menor incremento histórico, con solo $100.
“En conclusión, surge un interrogante para la población colombiana: ¿son realmente beneficiosos los incrementos significativos del salario mínimo? O, por el contrario, ¿se convierten en un círculo vicioso que, lejos de garantizar el acceso a bienes y servicios para los sectores más vulnerables, termina impulsando el aumento generalizado de precios y alejándonos del objetivo de reducir las brechas de desigualdad en el país?”, concluye el análisis.
