Consulta popular: cuando lo menos importante son los trabajadores

En un desafío al legítimo proceso legislativo, el presidente Petro ha decidido impulsar una consulta popular para, supuestamente, “rescatar” la reforma laboral que fue democráticamente archivada en el Congreso de Colombia. Esta maniobra no busca mejorar los derechos de nadie; se trata de una apuesta ambiciosa para generar un estado de opinión favorable, ambientando así su reelección, ya sea en su propia cabeza o en la de un tercero que le obedezca ciegamente.

Las preguntas de la consulta fueron redactadas apresuradamente, sin consultar con los actores del mercado laboral, con el único propósito de ‘sonar bonito’ a un lector desprevenido. Sin embargo, carecen de rigor técnico para evaluar sus alcances, efectos y la posibilidad real de concretarse en medidas efectivas.

En lugar de centrarse en solucionar los verdaderos problemas laborales de los colombianos, se han obviado aspectos cruciales como la informalidad, la baja cobertura de la seguridad social contributiva y el desempleo mismo. Aquí, lo importante es la campaña, no la consulta.

De las doce preguntas presentadas a consideración del Senado de la República, ninguna hace mención específica a los trabajadores por cuenta propia, a los informales o a los desempleados. En realidad, se está preguntando a la ciudadanía si desea más privilegios para los ya privilegiados.

Es irónico pensar que una consulta de este tipo termine hundiendo en la informalidad a los trabajadores que menos tienen y quienes impulsaron a Gustavo Petro para luchar por ellos, pero la consulta, de fondo, de aprobarse, lograría el efecto totalmente contrario.

Es una lista de preguntas populistas y mal redactadas que solo buscan calentar las bases petristas, tratando de ocultar el desastroso gobierno. Pero lo peor de todo es que esta consulta nos costará cerca de un billón de pesos, en un momento económico crítico, justo cuando el Fondo Monetario Internacional (FMI) nos está cerrando el crédito por falta de confianza en las políticas macroeconómicas erráticas de Petro.

Una consulta sobre unos beneficios que no salvarán a nadie, en el preciso instante en que miles de personas están muriendo porque las EPS no están pudiendo pagar a los hospitales, a los médicos y a los gestores farmacéuticos que dispensan los medicamentos. Un gasto abiertamente innecesario que se convierte en un contrasentido cínico, brutalmente despiadado, que raya en lo delictivo.

Lejos de ser una herramienta para mejorar las condiciones laborales en Colombia, la consulta popular de Petro es una estratagema política, sin fondo ni forma, que sacrifica el bienestar de los trabajadores en aras de intereses personales y partidistas.

Es grotesco ver cómo, descaradamente, el Gobierno, violando varias normas, pero especialmente las reglas de la ética y de la decencia, ha comenzado una campaña para promover la consulta cuando, en la práctica, el mecanismo de escrutinio popular no existe porque ni siquiera ha sido aprobado por el Congreso.

En esa campaña, incluso, se han proferido calificativos soeces y de alto calibre en contra de los congresistas, incluyendo al presidente del Congreso, con el único propósito de enardecer a un público fanático al que le piden acompañar una consulta que todavía no existe.

Esperemos que el Senado de la República no se convierta, nuevamente, en notario de los caprichos de Petro. No pueden convertirse en los esbirros útiles de un Gobierno que es ágil para comunicar, pero definitivamente un desastre para gobernar.

Por ahora, si el Senado sucumbe a la tentación de la mermelada preelectoral, el único camino para defender a los trabajadores colombianos informales, los que más necesitan, es abstenerse de participar en este remedo de democracia. Participar en esa consulta, en últimas, es reelegir a Petro y terminar de hundir al país definitivamente.