La inminente caída de la reforma pensional: una oportunidad perdida

En medio de un torbellino político y social, la tan esperada reforma pensional en Colombia parece estar destinada al fracaso, básicamente porque la Corte Constitucional, si nada extraño pasa, determinará que, en el trámite de la Ley 2381 de 2024, literalmente se saltaron las reglas democráticas básicas, viciando mortalmente este fallido intento normativo.

La narrativa apocalíptica predicha por el gobierno de Petro, que asegura consecuencias catastróficas, no es más que un ejercicio de alarmismo infundado. La caída de esta reforma no tendrá efectos devastadores porque aún no está en vigor, y las figuras propuestas ya existen o se pueden implementar por otros caminos, tal como sucede con el traslado entre sistemas para personas cercanas a cumplir requisitos de pensión o los subsidios para abuelos en indigencia.

La reforma pensional era, sin lugar a dudas, una necesidad urgente. Sin embargo, el fanatismo y los escándalos que han rodeado al gobierno de Petro han desviado la atención y han saboteado una oportunidad de oro para implementar los cambios estructurales que el sistema de pensiones colombiano requiere. En lugar de un enfoque constructivo y colaborativo, se ha optado por una estrategia polarizadora y caótica que minó la viabilidad de la reforma.

Es necesario reconocer que la reforma no ha sido solo una víctima de la política interna, sino también del propio diseño y ejecución del proyecto. En el futuro, será crucial aprender de estos errores e insistir en eliminar la competencia entre regímenes pensionales radicalmente distintos. Además, será indispensable revisar los parámetros estructurales, como la edad de jubilación, los tiempos de cotización, el monto del aporte y la tasa de retorno, para crear un sistema más justo y sostenible.

Uno de los mayores retos será, sin duda, ampliar la cobertura y fidelidad al sistema de pensiones. La mejor reforma pensional, sin embargo, no será suficiente por sí sola. Será imperativo acompañarla de una reforma laboral que garantice la formalización del empleo. Esto significa no solo la afiliación al sistema de pensiones, sino también el pago constante y coherente de los aportes. Solo así se podrá asegurar un futuro más sólido y digno para los pensionados colombianos.

La caída inminente de la reforma pensional debe ser vista como una oportunidad para replantear y rediseñar un sistema que verdaderamente responda a las necesidades de la población. En un posible proyecto futuro, quizá bajo un nuevo gobierno, será fundamental adoptar un enfoque más inclusivo y menos ideológico, con el objetivo de construir un sistema de pensiones robusto y equitativo.

La eventual declaratoria de inconstitucionalidad de la reforma pensional por cuenta de la Corte Constitucional no debe ser motivo de pánico, sino de reflexión y aprendizaje. Se trata de un momento crucial que puede servir para corregir el rumbo y sentar las bases de una reforma más integral y efectiva.

El desafío está en manos del presidente que elijamos en 2026. Ningún candidato podrá eludir este espinoso tema. A pesar de lo impopular que puede resultar una reforma estructural del sistema, el deber ético es trabajar con determinación y visión para asegurar el bienestar de las generaciones venideras.

Gústenos o no, tarde o temprano, tendremos que decirnos la verdad. La verdad es que la población colombiana está envejeciendo, que la expectativa de vida ha crecido, que la natalidad ha bajado y que el sistema de pensiones es insostenible con la edad, el tiempo de cotización y el monto de las cotizaciones actuales. Se requieren cambios urgentes e impopulares; a veces la medicina resulta más dolorosa que la enfermedad, pero no podemos eludirla.

Esperemos que el llamado a un “estallido social” que ha sugerido Petro y sus aliados se quede, como todo en este gobierno, en amenazas insulsas y demagógicas. El país no puede darse el lujo de volver a sucumbir ante la anarquía, el caos y la destrucción para complacer los intereses mezquinos de una minoría.