La venta del sofá nunca ha solucionado el problema

Desde el alto gobierno le han exigido la renuncia a Jairo Villabona, el saliente director de la Dian. Justifican la medida con el argumento que, principalmente por problemas administrativos de la Dian, el recaudo tributario no superó las expectativas del Ejecutivo.

En opinión de este columnista, el despido de Villabona se asemeja a la del hombre que, al haber descubierto que su mujer le ponía los cachos en el sofá de la sala, decidió solucionar el problema del adulterio vendiendo el sofá.

El bajo recaudo no es culpa del señor Villabona, sino de varios factores; principalmente, una contracción importante en la actividad económica, una desastrosa reforma tributaria adelantada por este gobierno en 2022, y un calamitoso e inexperto ejercicio presupuestal. Al bajo recaudo, hay que agregarle una abrumadora incapacidad del gobierno de reconocer a tiempo el menor ingreso y ajustar el gasto a la luz de las nuevas realidades fiscales.

Las cifras del colosal descenso en el recaudo son elocuentes: una caída del 30,8 % respecto al año pasado. Esta es la segunda contracción más fuerte de 2024, después del -40,8 % de abril. En relación con el presupuesto de 2025, se estima un incremento del 22,4 % en el recaudo tributario, lo que terminaría siendo irreal con un crecimiento menor al 2 % en 2024. Lo que ocurre no es, como con ingenuidad lo llama el gobierno, un “error administrativo”, sino una abismal falta de entendimiento sobre el funcionamiento de la economía, combinada con una peligrosa tendencia a hacer cuentas alegres.

El haber incorporado en el presupuesto 10 billones de pesos, producto de muy inciertos litigios, es bastante más grave que un “error administrativo”: ¡es una idiotez digna de principiantes! En un fuerte editorial, el diario La República afirma: “En términos de ejecución, recaudo, administración, modernización y eficiencia, la entidad en tiempos del presidente Petro ha caído en el fondo del pozo de la inoperancia para alegría de los evasores, felicidad de los elusores y tristeza de los contribuyentes tradicionales”.

El gobierno, que no ha escondido su sesgo antiempresarial y animadversión hacia el sector privado, nunca ha entendido que las principales afectadas en una contracción económica son precisamente las empresas. Para un buen número de economistas, la economía colombiana está estancada con un crecimiento muy bajo que se viene prolongando desde 2023, que cerró en un 0,6 %. El exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas afirma: “El país está sometido a una enorme incertidumbre y los empresarios están paralizados porque hay un constante discurso del gobierno de Petro antiempresa, tratando de hostigar al sector privado, cambiar las reglas del juego y eso tiene frenados a los empresarios y a la inversión. Lo vemos en la vivienda, obras civiles o servicios”.

En este rechazo frontal a la participación del sector privado en muchos sectores como la infraestructura, la energía y a la salud, el gobierno de Petro difiere radicalmente de las políticas de los otros presidentes de izquierda en el continente, Lula, Boric y Sheinbaum, mandatarios que abiertamente promueven la participación del sector privado en todos los sectores de la economía. Petro pretende erradicar el modelo mixto público-privado que funciona desde hace 30 años. En los otros países de la Ocde, las personas naturales contribuyen entre 75 y 80 % de los ingresos fiscales, y las empresas, 20 %. En Colombia la estructura fiscal es en extremo singular, ya que el 80 % recae sobre las empresas y el 20 % sobre las personas naturales. Un sector empresarial acosado y enfrentado a una contracción importante en la demanda, obviamente, va a tributar menos.

Apostilla: casi la totalidad de los componentes de los productos de Coca-Cola en Colombia son importados. El agua que envasan en su producto Manantial, según reciente informe en El Tiempo, les cuesta 17 centavos y la venden por tres mil pesos. El margen es la no despreciable cifra de 1.764.605.8 %.