Reforma con impacto colectivo

El World Justice Project (WJP) –Proyecto de Justicia Global–señala que en el mundo dos de cada tres personas viven al menos una situación grave de denegación de justicia y Colombia no es ajeno a ese contexto mundial. De acuerdo con los resultados del WJP Rule of Law Index de 2022, nuestro país ocupa el puesto 91 en consolidación del Estado de Derecho entre los 140 analizados. Ocupamos el puesto 88 en resolución de controversias de manera pacífica y efectiva ante la jurisdicción civil, y el puesto 119 en la eficacia de nuestro sistema de justicia penal. Solo somos mejores que cuatro países en el mundo (Rusia, Guatemala, El Salvador y Venezuela) en la capacidad de efectivamente detener y procesar a los responsables de crímenes. ¹

Desde hace décadas todos los gobiernos, las bancadas de los partidos y la misma sociedad civil han promovido reformas a la justicia, buscando corregir algunas de sus fallas. Sin embargo, estas propuestas de reforma siempre han sido construidas con una visión de arriba hacia abajo, es decir, atacando elementos orgánicos y funcionales de la rama judicial mediante reformas constitucionales y legales que solo han logrado engrosar la burocracia judicial y hacer más farragosa la administración de justicia.

La reforma a la justicia debe tener un enfoque inverso, de abajo hacia arriba, que se traduzca en una centralidad en la persona, en el usuario del servicio, no en sus operadores, entendiendo además de manera diferencial las particularidades y necesidad de cada región. No debe ser un tema en el que solo participen los jueces, el Gobierno o los abogados, sino una reforma desarrollada bajo un modelo de impacto colectivo, que, como explican Kania, Kramer y otros, articule e integre las acciones de una red de miembros de la comunidad, organizaciones e instituciones para lograr cambios específicos en la población y en los sistemas ².

Debe ser una reforma, interdisciplinaria e intersectorial, en la que participen sociólogos, politólogos, economistas, antropólogos, ingenieros, médicos y abogados, y en la que también confluyan representantes de la sociedad civil (por ejemplo, mediante mini-publics o asambleas ciudadanas), de la rama judicial, de las firmas de abogados, del Gobierno y de la academia. La reforma necesita método.

Es fundamental hacer un diagnóstico riguroso de necesidades locales, regionales y nacionales que nos permita establecer líneas de base probadas, para, a partir de ahí, identificar brechas derivadas de la mala gestión o de las oportunidades propias de los cambios en el entorno, como por ejemplo el uso de la analítica de datos y la inteligencia artificial para democratizar, a través de la tecnología, el acceso a la justicia. Se necesita una planeación estratégica con prioridades alcanzables en un horizonte cercano, con objetivos y metas claras que se puedan medir mediante evidencias concretas. La reforma necesita más acciones y menos discursos.

Es fácil afirmar que los jueces, el Gobierno nacional o los políticos tienen la culpa de la crisis de la justicia en Colombia, pero lo cierto es que nosotros como academia también compartimos una responsabilidad ineludible. Debemos trabajar en producir tecnología judicial práctica para ofrecer soluciones disruptivas y viables y formar abogados que sean verdaderos ciudadanos inspiradores, conscientes de la dignidad de la justicia, que la defiendan y reconozcan que con su ejercicio profesional deben contribuir a transformar la sociedad en una más justa, más pacífica y más solidaria.

¹ World Justice Project, 2022. ‘Insights – Highlights and data trends from the WJP Rule of Law Index 2022’, Washington D.C., 2022. Disponible en: https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/downloads/WJPInsights2022.pdf

² John Kania, Junious Williams, Paul Schmitz, Sheri Brady, Mark Kramer and Jennifer Splansky Juster. ‘Centering Equity in Collective Impact’. Stanford Social Innovation Review 20, n.° 1 (2021): 38-45.

*Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de la Sabana.