Así están las cábalas para la economía colombiana en 2019

Los últimos años han sido muy ricos en hechos económicos: la gran crisis externa originada por la caída en los precios del crudo, el Fenómeno del Niño, el paro camionero, el proceso de paz y las reformas tributarias, entre otros acontecimientos, han generado una especie de "congelamiento" en el ritmo de crecimiento durante prácticamente tres vigencias. Si bien en 2018 se evidenciará una recuperación, es claro que Colombia todavía tiene como desafío volver a crecer a tasas superiores a 3%. ¿Lo logrará el país en 2019? Esa es la pregunta que muchos se hacen.

El café promete

El próximo año pinta mucho mejor para la caficultura, pues la cosecha de Brasil será más pequeña, lo cual redundará en mejores cotizaciones. Según el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, se espera un Fenómeno del Niño moderado. Se prevé que la cosecha se mantendrá en 14 millones de sacos, cifra que aunque no representa un récord para la industria, ha sido sostenida en los últimos años. “Hoy la caficultura colombiana cuenta con un parque cafetero renovado, más productivo y con variedades del grano cada vez más resistentes (70% de estas). Esto a su vez ha tenido como consecuencia mayores ingresos para el sector”, explicó Vélez.

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En modo subasta

El aplazamiento de la entrada en operación de Hidroituango, por la emergencia y la incertidumbre sobre cuándo podrá generar, reajustaron la agenda del sector. Ahora, el Gobierno adelantará dos procesos de subastas de energía: uno de renovables no convencionales y otro de expansión para cubrir los 1.200 MW de Hidroituango que no ingresarán al sistema en el corto plazo y en especial por las dificultades que puede tener el país a partir de 2022. Aunque las térmicas toman fuerza, persisten dificultades: las de carbón no cuentan con respaldo de la banca, y las de gas están frente a la coyuntura de la producción en el país y el desarrollo de plantas de regasificación. Por el lado de la subasta de renovables no convencionales, es una de las grandes apuestas del gobierno actual para equilibrar la matriz energética. El objetivo es instalar 1.500 MW a 2022, que representaría una inversión cercana a los US$1.500 millones.

Plata para las regiones

El Sistema General de Participaciones (SGP) es el marco de reglas para distribuir los recursos que deben invertir de manera autónoma los departamentos y los municipios. Para el presupuesto de 2019, estos dineros representan $41 billones y se destinan a educación, salud, saneamiento básico y otros rubros. El gobierno nacional tiene claro que si quiere darle más recursos a la educación tendrá que buscar plata en otros frentes. Uno de estos ajustes implicaría cambiar la forma en que se distribuyen esos dineros y pasar algo más para educación. Esa ha sido una de las tensiones con los estudiantes de las universidades públicas que piden más recursos para sus instituciones. Pero la salida no es fácil. El gobierno Santos había dejado radicado un proyecto de ley ordinaria que busca recoger $550.000 millones para educación, haciendo algunas reasignaciones asociadas al SGP. Sin embargo, lo que piden es que esa reforma se haga modificando la constitución. Ese es el desafío.

El impacto de la tributaria

La reforma tributaria de 2016 impactó negativamente el consumo e impulsó un poco la inflación. Para 2019 hay expectativa sobre lo que pueda ocurrir con la Ley de Financiamiento, que al cierre de esta edición era aprobaba en el Congreso. Si bien se dejó por fuera un IVA generalizado a la canasta familiar, la norma incluye medidas para impulsar la economía como una menor tasa de renta para las empresas, además de otras decisiones para reducir los costos fiscales para el sector productivo. Es claro que se viene un congelamiento en el Presupuesto de 2019, pues el ajuste tributario solo llegó a la mitad de lo que buscaba el Gobierno, lo que significa un menor impacto del gasto público en el agregado. El Ejecutivo tiene que establecer cómo hará ese ajuste y cómo impulsará el aparato productivo en la próxima vigencia.

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Sin ambiente legislativo

Que solo uno de cada cuatro colombianos mayores de 65 años logre pensionarse implica una bomba de tiempo que hay que desactivar rápidamente, pero que por ahora parece no tener solución. Una reforma pensional parece no tener ambiente en el Congreso; aún así, el Gobierno confirmó que hará el intento el próximo año. En el texto original de la Ley de Financiamiento se proponía gravar con renta las pensiones de más de $4,7 millones, iniciativa que se cayó, así que, según un experto, el único espacio que quedaría el año entrante para meter ajustes pensionales sería en el Plan de Desarrollo, donde se podría aprobar un artículo que luego sería reglamentado por el Ministerio de Hacienda o el de Trabajo. No obstante, el antecedente del Plan de Desarrollo de 2010 no es positivo en este frente. En ese momento se intentó que aquellos pensionados que seguían trabajando continuaran aportando al fondo de garantía de pensión mínima, pero esta propuesta tampoco pasó. Todo indica que en 2019 tampoco habrá ambiente para la reforma pensional, al tiempo que en el presupuesto de gasto 17% se irá al pago de pensiones ($39,4 billones).

Nueva reforma

El gobierno nacional se comprometió con revisar el régimen de regalías, con el objetivo de equilibrar las cargas y permitir que las zonas productoras cuenten con una mayor participación en los ingresos generados por este concepto. Actualmente, el sistema garantiza 20% de los recursos de regalías, para distribuir entre los municipios y departamentos productores. El objetivo, según ha dicho la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, es llevar esta cifra hasta 50%. La anterior reforma a las regalías buscaba establecer una nueva forma de distribución de los recursos mediante la creación de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocads) en los que se encontraban representantes del Gobierno Central, las gobernaciones y las alcaldías, con el fin de decidir la destinación de los recursos de la riqueza petrolera y minera. No obstante, se han presentado dificultades, pues las regiones no cuentan con el suficiente respaldo técnico para la estructuración de proyectos. La reforma también incluiría modificaciones a este sistema, para hacerlo menos burocrático y más efectivo. Según ha dicho el gobierno, las regiones van a tener un total de $30 billones para ejecutar en regalías los próximos dos años: primero, $24 billones correspondientes al bienio 2019-2020 y $6 billones de los recursos por ejecutar aprobados por los Ocads.

¿Al fin sí o no?

En el Congreso aún está pendiente la discusión sobre una eventual moratoria para el fracking. Por otro lado, el Consejo de Estado congeló la aplicación de un decreto y una resolución que establecían las condiciones técnicas para el fracking en el país. El argumento del alto tribunal es que es necesario aplicar el principio de precaución en el caso de que se trate de una amenaza al medio ambiente. Sin embargo, pocos días después la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) puso reparos a la licencia para el primer proyecto de exploración con fracking a la multinacional ConocoPhillips. La decisión dejó en evidencia que Colombia cuenta con capacidad técnica para tomar estas decisiones y que no se van a dar licencias express. Aún así, siguen siendo muchas las personas autorizadas que insisten en aplicar el principio de precaución y declarar la moratoria del fracking. En 2019 debería definirse la situación.

En veremos

A pesar de tener mensaje de urgencia, al cierre de esta edición avanzaba a paso muy lento la discusión del proyecto de ley de TIC en el Congreso. El proyecto es clave para, en concepto del Gobierno, asegurar la inversión en el sector para los próximos años, generar seguridad jurídica y ser más eficientes en la vigilancia –con un regulador convergente–. En el tema de inversión, plantea la ampliación de licencias de espectro radioeléctrico por 30 años, para todos los sectores, que en general están en 10, a cambio de contraprestaciones. Los opositores plantean grandes desafíos en torno a la reglamentación de cara a las contraprestaciones, a los procesos de habilitación a los que deben acogerse las empresas y el futuro de la televisión, para algunos atada a la libertad de expresión. La gran pregunta es qué va a pasar con la subasta de espectro si la ley no avanza. El lío es que para los inversionistas privados es mejor tener un escenario de tiempo mayor y esperarían que las propuestas de ampliar las licencias se solucione. El valor de la subasta podría acercarse a los US$1.000 millones.

Más allá del potencial

Colombia apenas está saliendo de un proceso de ajuste producto del más grande choque externo de su historia: la caída drástica en los precios del crudo que le quitaron cerca de US$30.000 millones en exportaciones y unos $20 billones en ingresos fiscales. El resultado es bastante satisfactorio, teniendo en cuenta la dimensión del golpe: entre 2015 y 2017, el país evitó caer en recesión lo que no lograron, por ejemplo, Argentina, Brasil y Ecuador. Sin embargo, el resultado de este choque ha sido una tasa de crecimiento realmente mediocre durante estos años y lejos del crecimiento potencial hoy ubicado en una cifra cercana a 3,5%. La expectativa es que en 2019, la economía colombiana vuelva a reaccionar y lleve su dinamismo a una cifra cercana a este valor. En lograrlo serán claves el sector industrial sobre el que hay mucha expectativa, pues no ha mostrado una buena dinámica; lo mismo ocurre con la construcción. Se espera que sectores como el turismo y el agro sigan sacando la cara, pues son los que han aprovechado un mejor escenario de tasa de cambio y las nuevas oportunidades que esto abre en los mercados externos.

Consolidar la paz

El proceso de paz con la guerrilla de las Farc (ahora convertida en un partido político) ha traído enormes dividendos desde una perspectiva humana: se redujeron a cero las víctimas de la guerra con este grupo insurgente. Sin embargo, son muchas las expectativas en otros frentes. En primer lugar, la implementación definitiva de los acuerdos y la reincorporación de todos los actores de ese conflicto son claves para consolidar el proceso. Aquí todavía hay muchas dudas, pues, por ejemplo, el caso Santrich ha llevado a muchos líderes de ese grupo guerrillero a considerar la posibilidad de volver al monte. Desde el punto de vista económico también hay muchos asuntos por resolver: la implementación de la ley de tierras, la consolidación de inversión pública y privada en las regiones víctimas del conflicto, la creación del catastro multipropósito y la financiación de todos los programas asociados son asuntos pendientes en la agenda. Se espera que en 2019, el gobierno Duque dé luces sobre cómo va a administrar todos esos complejos asuntos.

Bye bye al papel

La obligatoriedad en la emisión de la factura electrónica está llevando a que la transformación digital se empiece a sentir en las empresas colombianas. “Es claro que 2018 estuvo marcado por la obligatoriedad futura de la factura electrónica que llevó el ritmo de la transformación digital en Colombia. En 2019 se espera una aceleración importante, sin olvidar que los empresarios seguirán midiendo con sumo cuidado la inversión tecnológica y buscarán firmas con reputación”, comenta Víctor García, gerente de Softland. Vale recordar que, aunque han corrido casi tres años desde que la Dian anunció la normativa que buscaba masificar la factura electrónica con el fin de optimizar los procesos en las compañías y mejorar el recaudo de impuestos, no todas las empresas están listas para dar el salto.

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¿Adiós al dólar barato?

La volatilidad podría seguir siendo la reina en 2019 para el dólar. “Veremos volatilidad en 2019, no más que frente a 2018, pero sí en la medida que los movimientos de la FED afecten a la divisa. Si el PIB se enfría lo afecta, como también si la Opep recorta o no la producción de crudo, si el país aumenta su oferta exportable o si la economía se mantiene o no en grado de inversión, dependiendo de si se pone sobre la mesa una reforma pensional en el país”, afirma Wilson Tovar, gerente de Investigaciones Económicas de Acciones & Valores. Algunos analistas ven el dólar a $3.300, pero firmas como Casa de Bolsa preven que oscilaría entre $3.280 y $3.430.

Lo que digan las calificadoras

Tanto Standard & Poor’s, Fitch y Moody’s están a la expectativa de la forma como Colombia aborde su problema fiscal. Todo dependerá en un primer momento de lo que ocurra con la ley de financiamiento en el Congreso. Por el momento, es claro que dicha norma no recaudará todos los recursos esperados, lo que será compensado con un congelamiento presupuestal importante. Lo que sí está claro es que, por el momento, las agencias calificadoras le han dado un compás de espera al país. Apenas se supere la incertidumbre sobre los impuestos habrá un pronunciamiento. Si se reduce la calificación habrá un impacto importante por cuenta del mayor costo del dinero para financiar actividades privadas o públicas en Colombia. Ese es un escenario que nadie quiere ver en 2019.

Los pleitos

En 2019 se conocerían los primeros fallos de algunas de las demandas internacionales contra Colombia. Se estima que durante el primer trimestre del año entrante se daría el primer fallo en estos litigios y se trataría del caso de Glencore, en una demanda de la multinacional minera europea por US$750 millones y que argumentó se dio por el cambio en las reglas del juego en la medición de las regalías. El otro proceso que podría tener avances es el de Eco Oro, también por cerca de US$750 millones. Este caso tendrá audiencias el próximo semestre y si avanza sin contratiempos podría alcanzarse el fallo a finales de 2019. En ese mismo sentido podría desarrollarse el caso de las empresas de telecomunicaciones Claro y Telefónica, que interpusieron demandas por la reversión de activos que les significó el pago de $4,8 billones.

Legalidad, la clave

Poner la tierra en orden es uno de los grandes retos del Gobierno para el próximo año. Para esto, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) tiene como objetivo prioritario otorgar seguridad y certeza jurídica en la tenencia de los predios en Colombia. Esto, según la entidad, se va a afianzar organizando los procesos de caracterización jurídica, así como la definición de derecho de propiedad de forma ágil y eficiente. De acuerdo con Myriam Carolina Martínez, directora de la ANT, la administración de los predios fiscales de la nación debe fortalecer las líneas productivas de todos los trabajadores agrarios, como recurso finito, limitado y valioso y su dirección debe estar orientada a una productividad responsable con el medio ambiente y a un manejo competitivo que garantice un desarrollo con equidad a toda la población rural.

Menos coca

Lograr una reducción significativa en el área sembrada con cultivos ilícitos es una de las prioridades para la actual administración. Esto será posible gracias al fortalecimiento de los Grupos Móviles de Erradicación que es uno de los objetivos del Gobierno en desarrollo de su estrategia. También continuará empleando todas las herramientas disponibles en el marco del ordenamiento jurídico, con el fin de combinar acciones y recursos. Según el Ministerio de Defensa, uno de estos instrumentos tiene que ver con el trabajo que están realizando las autoridades competentes en cuanto al análisis de los requisitos técnicos, ambientales y jurídicos que deben solventarse para la reactivación de la aspersión aérea. Frente a esto –aclara la cartera– el gobierno nacional acata los lineamientos establecidos por el Consejo Nacional de Estupefacientes y las decisiones de la Corte Constitucional al respecto. Esto hace parte del enfoque integral de combate a este ilícito.