Estudiantes de Derecho sí deberán presentar examen para obtener tarjeta profesional

La Corte Constitucional puso fin a la polémica y dejó en firme la ley que estipula que los abogados y quienes hayan iniciado sus estudios de derecho a partir del 29 de mayo de 2018, deban presentar un examen de Estado para obtener su tarjeta profesional.

La sentencia C-594/19 del magistrado  Luis Guillermo Guerrero dejó en firme este requisito, aclarando que los estudiantes que ya estaban cursando sus estudios o aquellos que ya se habían graduado no se les aplicará la norma.

Esta ley, impulsada el año pasado por Angélica Lozano (Alianza Verde), Germán Navas Talero (Polo Democrático), Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical) y Germán Varón (Cambio Radical), busca hacerle frente a la debilidad del sistema judicial, según los congresistas, derivado en buena medida por la pésima preparación por parte de quienes se están graduando de las Facultades de Derecho del país. 

No obstante, desde un principio esta iniciativa fue objeto de controversia. Tuvo férreos defensores, como la Academia Colombiana de Jurisprudencia y el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, y muchos detractores como las Facultades de Derecho, entre ellas la Universidad Externado, la Universidad EAFIT y la Universidad de los Andes, las cuales pidieron a la Corte tumbar la ley.

Quienes se oponen argumentan que esta norma viola el derecho fundamental a la igualdad, al imponer un requisito a los nuevos estudiantes de derecho que no tuvieron que cumplir los que ya se graduaron; y del derecho a la autonomía universitaria, por cuanto son las universidades, y no el Estado, las que deben establecer y aplicar los recursos para el cumplimiento de su labor y función institucional.

Por su parte, sus defensores sostenían que el establecimiento de un examen para los abogados graduados no implica ninguna vulneración a derechos fundamentales, pues es perfectamente legítimo que la ley establezca filtros destinados a controlar el acceso y el ejercicio profesional de los abogados. Sobre la supuesta violación al derecho a la igualdad sostiene que esta no se presenta, amparándose en que quienes tienen un título de profesional de abogado cuentan con un derecho adquirido, a diferencia de quienes apenas se encuentran cursando la carrera. De ahí que sea posible la introducción de nuevas condiciones para el otorgamiento de un título.  

La más reciente sentencia dejó en firme el concepto de que la abogacía implica un riesgo social, por lo tanto se le debe exigir títulos de idoneidad. En cuanto a la autonomía universitaria, la Corte determinó que este examen solo se presentará ante el Consejo Superior de la Judicatura, eliminando de la ley la parte que indicaba que también se podría hacer a través de una Institución de Educación Superior acreditada en Alta Calidad.

Para el abogado penalista y profesor de la Universidad del Rosario, Francisco Bernate, esta medida pondrá en cintura a las universidades que han flexibilizado los requisitos para quienes ejercen como abogados."Algunas universidades ya no exigen exámenes preparatorios de grado, solo basta con ir a un diplomado o seminario. Y no hay que negarlo, nuestra profesión está en una crisis ética. Por eso creo que este nuevo examen es un requisito necesario". 

La decisión de la Corte es determinante, dado que en el país hay más de 100 facultades de derecho, con un promedio de 350 abogados por cada 1.000 personas, y con cuatrocientas mil tarjetas profesionales registradas en el Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia.