"Aquí no se ha perdido un peso", exgerente del FFIE sobre investigación de la Contraloría por recursos para colegios

El anuncio de la Contraloría sobre la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal contra 65 personas, entre ellas las exministras de Educación del Gobierno Santos, Yaneth Giha y Gina Parody, por presuntas irregularidades relacionadas con la ejecución de proyectos de infraestructura educativa para la jornada única escolar, financiados con recursos públicos manejados a través del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (Ffie), causó gran revuelo en diferentes sectores.

Los cuestionamientos alrededor de la investigación son sobre qué individuos, de los 65 investigados, serían los responsable del detrimento patrimonial por $559.853 millones de pesos

Además de las dos exministras de Educación, también están vinculados otros miembros de la Junta Administradora del Ffie, entre quienes está el vicerrector de Desarrollo de la Universidad de los Andes, Eduardo Behrentz, 40 contratistas de obra e interventoría y dos sociedades fiduciarias.

Según la Contraloría, con los $559.853 millones de pesos de este detrimento patrimonial se podría financiar la construcción de 123 colegios, cada uno con 24 aulas de clase, biblioteca, laboratorio de física y química, laboratorios de multimedia y bilingüismo, escenarios para presentaciones artísticas y zonas deportivas. Esto quivale a 2.952 aulas de clase nuevas, para atender 118.080 estudiantes.

A raíz de la controversia generada, el gerente del Ffie, Arturo Fernando Rojas, quien estuvo al frente del Fondo entre marzo de 2016 y agosto de 2018, aclaró cómo fue el desarrollo de las obras de infraestructura educativa durante el Gobierno anterior, así como el papel de las dos exministras de Educación.

En primer lugar, Rojas aseguró que todos atenderán los llamados de la Contraloría, dentro de las instancias procesales debidas, con el fin de presentar los argumentos técnicos y jurídicos necesarios para aclarar los hechos. 

"Vemos con buenos ojos que la discusión pase de especulaciones y valoraciones sin información completa y detallada a un escenario técnico y jurídico en el que se podrá informar detalladamente cada una de las actuaciones de quienes intervinieron en el pasado y actualmente en el FFIE", dijo Rojas. 

En ese sentido, el exgerente del FFIE señaló que no se ha perdido un peso, ni se ha destinado para otro ámbito, ya que según el modelo del Fondo solo se paga una vez se terminan etapas de las obras, por ejemplo, cuando se acaban estudios, diseños, excavaciones y obras.

Rojas explicó que la investigación de la CGR no está relacionada a hechos de corrupción o malversación de fondos públicos, sino que se refiere fundamentalmente a aspectos de ejecución contractual y de gestión administrativa. 

"Tenemos la certeza de poder responder punto por punto en el marco de la investigación, la cual involucra a más de 60 personas, incluyendo al primer gerente del FFIE de la administración Duque (...) Veníamos cumpliendo un cronograma que venía a tiempo hasta el fin del pasado Gobierno y que la nueva administración debió haber seguido. El tema de contratistas que abandonaron empezó en este Gobierno", agregó el exgerente del Ffie.

Asimismo, aclaró que el detrimento patrimonial del que sale la cifra de la Contraloría puede ser producto de sobrecostos que podrían haberse presentado y de los cuales dice, en el caso del anterior Gobierno, tienen los soportes necesarios: "Aquí no se ha perdido un peso, nadie se ha robado un peso. Aquí no ha pasado nada parecido a Odebrecth como están comparando, ni hubo un carrusel", agregó.

En cuanto al papel que cumplió la exministra Gina Parody, Rojas aseguró que participó en los proyectos desde la Junta Administradora del FFIE entre 2015 y 2016, periodo en el cual se estructuró el programa y se adelantaron las contrataciones del FFIE, "A Parody no se le pueden atribuir conductas asociadas con la ejecución de las obras pues la misma es, en todos los casos, posterior a su salida del ministerio".

Con relación a la vinculación de la exministra Yaneth Gíha, precisó que participó como integrante de la junta administradora durante el periodo 2016-2018, en el que se inició la ejecución de las obras, "a dicha exministra no se le pueden atribuir conductas asociadas con la estructuración del programa y el diseño contractual pues las mismas son anteriores a su entrada al ministerio".

También aclaró la vinculación de Eduardo Behrentz y Carolina Soto, al igual que de otros miembros integrantes de la junta administradora, señalando que en el marco de las funciones de la junta no estaba ordenar el gasto, ni contratar obras, ní era responsable funcional de su seguimiento.