¿Paz total? Estudio de la Javeriana presenta alarmante informe para las sedes educativas de Colombia por cuenta de la violencia

El Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Pontificia Universidad Javeriana alertó sobre el impacto del conflicto armado en el sistema educativo colombiano, a partir del análisis de datos del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), el Censo C600 del Ministerio de Educación, y la Unidad de Víctimas.

De acuerdo con el claustro, el sistema de alertas tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo desempeña un papel crucial como mecanismo de prevención de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH). “A través de este sistema se identifican y advierten situaciones de riesgo inminente que afectan a comunidades, líderes sociales y la población en general, permitiendo que las instituciones estatales activen respuestas oportunas para su protección”, se lee en el informe.

Cabe mencionar que el análisis excluyó las ciudades capitales para evitar sobrerrepresentación y se centró únicamente en alertas clasificadas como “inminentes”, que reflejan amenazas urgentes. Para 2024 y 2025 se utilizaron las proyecciones del SIMAT 2023, dada la ausencia de publicaciones actualizadas. En su informe insisten sobre cómo la violencia continúa afectando gravemente el acceso, la calidad y la seguridad en la educación, especialmente en las zonas rurales y periféricas.

Los principales hallazgos del análisis indican que en 2024 se registró el mayor número de sedes educativas en zonas con alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo: 6.745 instituciones, lo que representa un incremento del 69,2% frente a 2023. Y a marzo de 2025, ya hay alertas tempranas sobre riesgo de violencia y conflicto armado en 1.487 sedes educativas, que equivalen al 22 % de todas las afectadas en 2024 y al 37,3 % de las de 2023.

Analizando a los actores afectados de la comunidad educativa, en 2024, 17.618 docentes trabajaron en territorios con alertas tempranas, y ya en los primeros meses de 2025, 5.796 se encuentran expuestos a dinámicas de riesgo inminente. La Unidad Nacional de Protección (UNP) reportó a los docentes como el quinto grupo con más solicitudes de protección en el país, y el número de casos atendidos por el CERREM (Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas Individuales) aumentó de 233 en 2022 a 402 en 2024.

En cuanto a los estudiantes, para el año 2024 se registraron 653.146 alumnos en zonas con alertas tempranas. Y entre enero y mediados de marzo de 2025, la cifra ya alcanzaba los 204.435, lo que representa el 31% del total reportado en todo 2024. Esta tendencia refleja una continuidad preocupante de la violencia, que afecta a niños, niñas y adolescentes.

El informe identifica a las disidencias de las Farc como los principales generadores de riesgo en los entornos escolares (26%), seguidos por el ELN (20%) y los Grupos Armados de Crimen Organizado (16%). Otros actores armados incluyen a las AGC, Comandos de la Frontera y redes transnacionales, lo que revela la complejidad del fenómeno en el ámbito educativo.

El LEE de la Universidad Javeriana insistió en intervención urgente y políticas diferenciadas. “El conflicto armado sigue siendo una amenaza directa al derecho a la educación en muchas regiones del país. La escuela debería ser un refugio, no un campo de riesgo”, señalaron los analistas del LEE de la Javeriana.

El informe recomienda fortalecer la presencia institucional en territorios con alertas, garantizar medidas de protección para docentes y estudiantes, y adaptar el currículo escolar a contextos de conflicto mediante programas de resiliencia y educación para la paz. Omar Garzón, investigador del LEE de la Javeriana sostiene que “la escuela es central para el tejido social y la protección de los niños, niñas y adolescentes”.