Aunque se esperaba que, una vez firmado el proceso de paz con las Farc, en el país se acabaría con el servicio militar obligatorio, esta práctica sigue vigente en el Ejército Nacional, que aún mantiene las jornadas de reclutamiento para los jóvenes de 18 a 24 años, quienes pueden acceder a algunos beneficios en caso de prestarlo.
Quienes prestan el servicio militar en el país, que para el año pasado se estima fueron cerca de 60 mil personas, reciben mensualmente una bonificación del 30% del salario mínimo, y el tiempo de reclutamiento les es computado en fondos públicos y privados, para efectos de cesantías y pensión, entre otros aspectos.
Un proyecto de ley presentado por el senador Álvaro Uribe, en coautoría con otros congresistas del Centro Democrático, propone mayores beneficios, relacionados con el acceso a la educación superior, para los bachilleres que presten el servicio militar.
El expresidente explicó que con este proyecto, que tendría su primer este semestre, se busca que quienes hayan prestado el servicio tengan asegurado el cupo en la universidad pública. "Hoy por hoy la Ley permite que tengan un descuento del 30 por ciento de la matrícula", recordó.
En ese sentido, Uribe precisó que con el proyecto se brindarán más facilidades para que los jóvenes ingresen a universidades oficiales, señalando que durante el debate se debe examinar cómo hacer que los jóvenes reclutados accedan a las becas de Generación E.
"Ustedes saben que el Gobierno tiene un compromiso de 320 mil becas y ya han asignado 84 mil, por lo pronto el proyecto dice que el colombiano que preste servicio militar, al concluir la prestación del mismo, tiene derecho al cupo de la universidad pública", agregó el senador.
Para el director del Observatorio de la Universidad Colombiana, Carlos Mario Lopera, el proyecto de ley puede ser analizado desde dos puntos de vista: "Algunos lo pueden considerar populista y oportunista debido a la coyuntura actual, otros celebran que se beneficie a quienes prestan un servicio a la patria".
Sin embargo, Lopera considera que el principal tema de debate está relacionado con cómo accederán a las becas de Generación E. "¿Se van a flexibilizar los parámetros para acceder a Generación E? Debemos recordar que para 2019 la meta era dar 80 mil becas y la cifra estuvo por los 70 mil", se cuestionó el experto. También, si las becas alcanzarían tanto para quienes alcancen los resultados necesarios en las Pruebas Saber Pro, como para quienes presten el servicio.
En el proyecto también se propone que las universidades guardar el cupo a las personas que deban ir a prestar el servicio y que las Escuelas de Oficiales de la Fuerza Pública admitan mínimo el 30 por ciento de personas que hayan prestado el servicio militar.
Para el profesor de la Universidad de los Andes y experto en financiación de la Educación, Fabio Sánchez, toda propuesta para aumentar el acceso a la educación superior es bienvenida, aunque no puede pasar que el hecho de prestar el servicio militar se convierta en un reemplazo de los requisitos de admisión.
"Me parece bien que a las personas que hayan prestado el servicio militar se le facilite el acceso, una vez hayan pasado los exámenes o los requisitos de admisión -apunt{o Sánchez-. Estas facilidades pueden constituirse en ayudas o becas adicionales a estas personas o en recursos de manuntención".
Otros expertos, consultados por SEMANA EDUCACIÓN, aseguraron que el proyecto de Ley no tiene futuro, dado que una sentencia del magistrado Carlos Gaviria, la C-022/96, determinó que este tipo de mecanismos viola el derecho a la igualdad.
"No se entiende cómo la prestación del servicio militar, que es una actividad que, aunque contribuye al logro de valiosos objetivos sociales, no tienen una finalidad académica, pueda implicar para quienes en ella participan un beneficio de esta índole", dijo la Corte en el fallo.
La sentencia se dio en el marco de una ley que estipuló que quienes hubiesen prestado el servicio militar tendrían un puntaje adicional en las pruebas de Estado para acceder a la Universidad. "La norma acusada establece una diferenciación irrazonable en las oportunidades de acceso a la educación superior, en detrimento de personas que no prestaron el servicio militar", dictaminó en su momento la Corte.
Solo el tiempo definirá si el proyecto de ley tendrá futuro en el Congreso y podrá sobreponerse a los cuatro debates, o por el contrario, se mantendrán los mismos beneficios existentes para quienes prestan el servicio militar.
