Contraloría imputa responsabilidad fiscal a exdirectivos de Bioenergy y Tipiel

La imputación de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República (CGR) recae sobre dos exdirectivos de Bioenergy (filial de Ecopetrol que está en proceso de liquidación) y la firma Tipiel S. A.

La suma es de $12.243 millones y está relacionada con contratos que realizó Tipiel S. A. que ya habían sido ejecutados y certificados como realizados por la firma Isolux, para el diseño y construcción de la planta de etanol situada en Puerto López (Meta).

En la imputación están involucrados Aleck Remberto Santamaría de la Cruz, quien fue gerente general de Bioenergy, Rosa Catalina Santos Prada, suplente del gerente general y la firma Tipiel S. A.

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“El ambicioso proyecto terminó convertido en uno de los elefantes blancos y desastres financieros más grandes de que se tenga noticia en el país; y hoy la CGR adelanta procesos de responsabilidad fiscal por una suma total que bien puede acercarse al billón de pesos, recursos públicos que buscar resarcir”, indicó la Contraloría en un comunicado.

La responsabilidad fiscal es exactamente por la “pérdida de recursos” en dos contratos suscritos en septiembre y octubre de 2014 entre Bioenergy y Tipiel, para la “corrección de diseños, complementación de la ingeniería para la construcción y apoyo técnico”.

Según la Contraloría, “Bioenergy justificó la suscripción de los contratos con Tipiel argumentando que esta empresa la había acompañado en el proceso de Interventoría del Contrato 0050-10 suscrito con Isolux, que se dio a través del contrato No. ZF No. 0010-12, y que, en el desarrollo de sus funciones de apoyo de la interventoría, evidenció inconsistencias en la ingeniería de detalle entregada por la empresa Isoux”.

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A esto, suma el ente de control que Isolux notificó a través de actas el avance de la ingeniería en un 93%.

“Para la Contraloría, no es de recibo que se diga que no se ejecutó por parte de Isolux el 93,70% de la ingeniería, y que por esta razón debió nuevamente contratarse el mismo objeto”, destaca el ente.

Precisa la CGR que los recursos no debieron invertirse en una labor certificada como cumplida en la planta de etanol ubicada en el Meta, lo que demuestra la ocurrencia de irregularidades en la celebración de los contratos.