Tenis, Conalvías y Cocheros, en la larga lista de empresas en insolvencia

Aunque en el primer semestre del año la economía comenzó un periodo de leve recuperación y el PIB creció 3% según el Dane, el número de empresas que se declararon en insolvencia y buscan reorganizar sus pasivos también aumentó.

Así lo confirmó un estudio de la Superintendencia de Sociedades, que dirige Juan Pablo Liévano, que muestra que entre enero y junio de este año recibieron 656 solicitudes para entrar en un proceso de insolvencia, de ellas 443 corresponden a Bogotá y otras 213 fueron radicadas en las 6 intendencias regionales.

Esta cifra da cuenta del crecimiento que esta figura ha tenido en el país pues en todo el 2018 se presentaron 973 solicitudes en el país, de ellas 301 fueron radicadas en Bogotá y otras 672 en las 6 intendencias regionales.

En la extensa lista de empresas que han pedido reestructurar sus pasivos este año están Construcciones Conalvías, con activos por $889.731 millones y $1,03 billones en pasivos; Masivo Capital, con activos de $472.242 millones y deudas por $556.050 millones. Otras han pedido reestructuración pese a que sus deudas no superan el nivel de activos, como es el caso del fideicomiso Hotel Karibana Cartagena, con deudas por $333.802 millones y activos por $468.415 millones; la Urbanizadora David Puyana, cuyos activos son de $415.270 millones frente a pasivos por $309.615 millones e incluso los Almacenes de Depósito Almagrario, que debe $80.705 millones y tiene activos por $152.386 millones.

También están otras de tamaño mediano y pequeño y alto reconocimiento entre los colombianos, como la tienda de ropa Tenis, con activos por $203 millones y pasivos por $276 millones y la empresa de comidas rápidas Cocheros, cuyas deudas alcanzan los $20,9 millones y sus activos son de $16,2 millones.

Según un informe de la Supersociedades, de las solicitudes radicadas en el primer semestre de este año se han resuelto hasta el momento 327, pues 158 fueron admitidas y otras 169 no fueron acogidas “por no cumplir con los requisitos legales”. La entidad indicó que al cierre de junio todavía estaban pendientes por resolver 322 solicitudes y 7 más fueron retiradas.

La entidad destacó que el aumento en las solicitudes admitidas tendrá un impacto en el número de procesos en inventario, que a diciembre del año pasado ascendía a 2.331. De ellos, 1.803 procesos corresponden a reorganización y otros 528 a liquidación.

“A 30 de junio de 2019, teníamos un inventario en todo el país de 2.535 procesos, 1.970 de reorganización y 565 de liquidación. Es decir, aumentó el inventario en 204 procesos en un semestre. De estos procesos, 1.094 cuentan con acuerdos firmados y en ejecución”, dice el informe.

El tamaño de los activos involucrados en estos procesos no es de poca monta. Según la Supersociedades, estos procesos suman $32,8 billones en activos y $29,5 billones en pasivos que o se encuentran en sociedades en reorganización, en ejecución o en trámite o son activos pendientes de liquidación que retornarán al torrente de la economía.

La entidad ha hecho algunos ajustes administrativos que incluyen la reestructuración de la Delegatura de Procedimientos de Insolvencia que ahora le permite contar con más jueces, al pasar de 6 a 11. Este cambio permite a la delegatura tener un grupo dedicado exclusivamente a las admisiones y un grupo de jueces dedicados a los procedimientos especiales, intervenciones y otros asuntos de interés público. Con estas medidas, pasamos de tener seis (6) jueces, a once (11) jueces.

“Desde el punto de vista de labor misional, lo que hacemos en la Superintendencia, en asuntos de insolvencia, no solamente es tramitar procesos judiciales, sino que es la gestión de una actividad que impacta directamente el orden público económico, para la preservación de la empresa, el crédito, la inversión, el trabajo, entre otros”, dijo la entidad al hacer la presentación del informe.

La entidad destacó que entre sus objetivos misionales está el convertirse en el mejor aliado de los empresarios y las sociedades en su propósito de contribuir al desarrollo del país y de contar con “más empresa, más empleo” y “empresas productivas, competitivas, productivas y perdurables”.