EPM responde a la Contraloría por Hidroituango

La Contraloría General de la República llegó a la conclusión de que el proyecto Hidroituango presentaba fallas en la gestión fiscal. La millonaria mega obra habría tenido irregularidades desde 2013, según el informe, atadas a falta de gestión y de alternativas para remediar los tiempos de atraso. 

En el documento, la Contraloría calculó las pérdidas por la falta de operación del proyecto hidroeléctrico en $1,1 billones y los daños al patrimonio en $839.454 millones. Sumado a $2,9 billones de pérdida por ineficiencia en la administración de la obra. Con las condiciones actuales, la inversión se recuperaría a criterio del comité de expertos, en 35 años. 

EPM se defendió ante la opinión pública sosteniendo que, dadas las diferentes etapas del proceso en curso, la entidad aún no ha tenido oportunidad probatoria de desmentir las apreciaciones del comité de expertos. A través de un comunicado, la empresa aseguró que “Las obras han cumplido con las especificaciones técnicas, planos de construcción y programas de obra, utilizando el rigor técnico y administrativo que demanda un megaproyecto de esta envergadura”. 

Según la entidad, para el 28 de abril de 2018, la obra estaba a fin con el calendario y costos determinados en la estructuración. Por ello, continúan a la espera del reconocimiento de los costos derivados de la contingencia en cabeza de la aseguradora Mapfre. Sostienen que, “informarán oportunamente al país los resultados de esta etapa cuando los recursos desembolsados ingresen a EPM y a los estados financieros del proyecto”. 

En el comunicado la empresa que gestiona la megaobra, reitera la importancia de la obra para el país, anotando como nueva fecha de finalización el año 2021. Para la entidad, Hidroituango permitirá generar 17% de la energía del país, con tecnología limpia, confiable, segura y de bajo costo”. Asimismo, aseguraron que dentro del informe presentado por la Contraloría, no hay hallazgos sobre posibles actos de corrupción.

Se esperan varios litigios derivados del incidente, entre ellos, una controversia por la ejecución y administración de la obra, una discusión por la activación y desembolso de las pólizas de seguros y un posible enfrentamiento entre los socios del proyecto, que podría involucrar incluso a la gobernación de Antioquia. Los coletazos de la tragedia ambiental continúan.