“En el Congreso se está aprobando algo muy grave para el medioambiente”, asegura la representante Julia Miranda

SEMANA: Usted ha levantado una voz de alerta por los proyectos de la agenda del presidente Petro. ¿Qué es lo grave?

Julia Miranda: Las preocupaciones que he planteado sobre algunos proyectos claves en la agenda del presidente Petro, especialmente el relacionado con la Jurisdicción Agraria, son serias y muy fundamentadas. Podría generar consecuencias muy graves para la protección del medioambiente en Colombia. Debilita las normas ambientales y somete la función ecológica de la propiedad y el desarrollo sostenible a una visión agraria y anacrónica. En lugar de salvaguardar la biodiversidad y los recursos naturales, plantea que estos deben respetarse solo en función de su utilidad para la actividad agraria. Esto contraviene las convenciones internacionales que Colombia ha firmado en biodiversidad y el cambio climático. Además, el proyecto plantea una fuerte contradicción al priorizar los intereses agrarios sobre el interés público general. Significa que los asuntos ambientales, como la protección de los bosques y el agua, podrían quedar sometidos a una jurisdicción que no favorece al bienestar colectivo.

SEMANA: ¿Cuáles son los puntos críticos que están en juego?

J.M.: Hay diez puntos realmente preocupantes del proyecto de ley, que trataré de sintetizar. Se desborda el marco normativo y amenaza los principios de la Constitución Ecológica y el derecho ambiental, debilitando la justicia ambiental en Colombia. Además, se crea una “superjurisdicción”, ya que la ley traslada los asuntos ambientales de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa a la Jurisdicción Agraria, priorizando el interés agrario. También ignora la crisis climática y trata todo lo rural como agrario, olvidando que gran parte de ese territorio es vital para la biodiversidad y la regulación del clima y debilita la normativa ambiental histórica de Colombia, como el Código de Recursos Naturales. Precisamente, los bienes comunes como el agua y el suelo, esenciales para la biodiversidad, quedarían sujetos al interés agrario, priorizando el lucro privado sobre el bienestar público.

SEMANA: ¿Por qué se ha dicho que el proyecto beneficia la ilegalidad?

J.M.: Porque el proyecto protege la ocupación ilegal de tierras, promoviendo la invasión de ecosistemas claves como bosques y áreas protegidas, afectando la biodiversidad y el agua. Además, pone en peligro los territorios colectivos de pueblos indígenas y afrocolombianos, sin consultarles previamente, violando el derecho a la consulta libre e informada.Finalmente, se facilita la ocupación de áreas protegidas para actividades agropecuarias, sacrificando la conservación y poniendo en riesgo esfuerzos de restauración.

SEMANA: ¿Cuánto territorio estaría en riesgo?

J.M.: La jurisdicción considera que todo lo rural es agrario, por lo tanto, asumirá el conocimiento de prácticamente el 99 por ciento del territorio. Casi el 60 por ciento del territorio rural contiene bosques naturales y los humedales abarcan cerca del 26 por ciento de todo el territorio.

SEMANA: ¿Este proyecto es el que permite la expropiación exprés?

J.M.: En la ponencia han venido corrigiendo ese tema. Pero preocupa que a pesar de proponer una Jurisdicción Agraria, se insista paradójicamente en quitar el procedimiento judicial a los procesos agrarios; eso es un contrasentido. Pero lo más preocupante es que se elimina la protección de la propiedad pública sobre baldíos inadjudicables, que así se consagran precisamente por razones ambientales. Es muy grave que se proteja y se estimule la ocupación de predios que no deben ser de nadie en particular, sino de los colombianos.

SEMANA: ¿Cuándo se aprueba el proyecto?

J.M.: Este proyecto puede avanzar muy rápidamente. El Gobierno ha dado al Congreso mensaje de urgencia para tramitarlo, lo que implica que solo tendrá tres debates. Un primer debate en comisiones conjuntas, que puede ser la primera semana de diciembre, y ocho días después, incluso antes de terminar este periodo de sesiones, los dos debates simultáneos en plenarias de Senado y Cámara.

SEMANA: ¿Qué sectores se impactan tras la aprobación de este proyecto?

J.M.: Este proyecto de ley de Jurisdicción Agraria claramente podría afectar los sectores ambiental y agropecuario, pero también el forestal y las diferentes jurisdicciones que hoy existen. Los principios y enfoque que plantea ponen en riesgo el patrimonio de los colombianos, las tierras que son de todos y donde está nuestro seguro de vida, en la adaptación a los cambios climáticos, los refugios de la biodiversidad y la regulación del ciclo del agua.

SEMANA: ¿Qué propone?

J.M.: Radicaremos proposiciones para acotar el ámbito agrario. Este no puede incluir todo lo rural, porque allí hay otras actividades y una de las más clave es la conservación ambiental. También debemos preservar las competencias de los jueces administrativos en asuntos ambientales y garantizar que los propietarios de predios agrarios respeten la función ecológica. Debemos evitar que en el afán de adjudicar tierras se lleven por delante los baldíos que no son adjudicables y se encuentran en zonas de fragilidad ecológica. Además, hay varios proyectos más andando para legalizar esas ocupaciones.