Para el Atlas de la corrupción en Colombia 1953-1990, SEMANA examinó más de 5.000 documentos del Departamento de Estado y de la embajada americana en Bogotá. Esos documentos reposan en el National Archives en las afueras de Washington D. C. Se ha dicho que ese archivo es la caja negra de la historia de Colombia por la detallada y abundante documentación que contiene sobre personajes y sucesos de la vida nacional.

La información del especial no se encuentra en internet. Los personajes no cuentan con biografía en Wikipedia o están reseñados de manera superficial. El Atlas se formó con los archivos diplomáticos de Estados Unidos, sentencias judiciales, otros archivos oficiales y privados colombianos, recortes de prensa, fotocopias de documentos y fotografías impresas en papel, es decir, con material del mundo predigital. No todo está en Google.

El Atlas de la corrupción en Colombia 1953-1990 no es la enciclopedia de la corrupción, que ocuparía varios volúmenes, sino un repaso de algunos casos sonados y emblemáticos de esos 37 años. Esos casos se presentan, según la fecha en que ocurrieron, de acuerdo con los nueve periodos presidenciales desde 1953 hasta 1990, así:

Es necesario aclarar que algunos escándalos de corrupción incluidos en el Atlas no fueron responsabilidad del Gobierno o del presidente de turno. Muchos otros, sí. La deshonestidad en el Gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla alcanzó niveles nunca vistos hasta entonces en Colombia e involucró directamente al jefe del Estado y a la familia presidencial. De hecho, la corrupción generalizada fue uno de los factores, junto con la censura de prensa y la prohibición de la actividad política, que alentaron el movimiento popular que el 10 de mayo de 1957 dio al traste con la dictadura.

En el Frente Nacional, el pacto entre el Partido Liberal y el Conservador para turnarse la presidencia durante 16 años, de 1958 a 1974, se registran pocos escándalos en el Gobierno nacional en comparación con el régimen de Rojas Pinilla y en comparación, también, con los Gobiernos posteriores al Frente Nacional, que se inician en 1974, cuando ya había cesado la alternación.

Al cabo del primer año de la administración de Alberto Lleras Camargo, un despacho del Departamento de Estado consignó: “No se han producido casos de corrupción y tráfico de influencias que lesionen al nuevo Gobierno elegido democráticamente. Se reconoce que los ministros del gabinete y otros altos funcionarios en su conjunto son de alto calibre y están calificados profesional y técnicamente. El Gobierno del Frente Nacional parece ser honesto. El clientelismo político sigue existiendo”.

La corrupción siempre ha existido en Colombia e incluso ha dado origen a denominaciones coloquiales, como el serrucho y el chanchullo. Estos testimonios de los últimos 100 años muestran la permanencia de la corrupción:

“Por eso Colombia no progresa. Por la robadera. Por eso no hay grandes obras. Por la robadera. Por eso queda tanto elefante blanco. Por la robadera. Por eso la gente se siente indignada y abusada. Por la robadera. Por eso la gente, aunque haya excepciones virtuosas, siente que los políticos los roban”: Juan Lozano (2023).

“En Colombia la democracia es débil y la corrupción es fuerte”: Rodrigo Lara Bonilla (1981).

“El país necesita que sea la probidad estricta la característica de los procederes oficiales, para que no se derrumbe la moral pública y no se prediquen con hechos desde las alturas la corrupción y el prevaricato”: Eduardo Santos (1925).

¿Hay más corrupción ahora que antes? Sin duda. Los impuestos son hoy más elevados que en los años cincuenta, sesenta y setenta, y, por lo tanto, hay más plata en el presupuesto nacional para robar. El IVA (impuesto sobre el valor agregado) empezó con una tarifa del 3 por ciento; hoy es del 19 por ciento. De otra parte, la elección popular de alcaldes y gobernadores, que se inició en 1991 y 1992, respectivamente, no ha servido para garantizar el bienestar de la población, sino para enriquecer a políticos, clanes, mafias, guerrillas y paramilitares.

Según Rudolf Hommes, exministro de Hacienda: “El Estado ha sido privatizado por la clase política para usufructuarlo, no solamente por los politiqueros tradicionales, los caciques y barones electorales de las regiones, sino por nuevos, de supuesta inclinación socialista, cristiana o la que sea”.

La impunidad también aviva la corrupción. La generalidad de los ciudadanos no cree ni en la Procuraduría, ni en la Contraloría, ni en la Fiscalía y tampoco en la justicia penal. En varias encuestas, la única institución estatal que genera confianza entre la opinión pública es el Banco de la República.

Muchos ciudadanos consideran que la corrupción es el principal problema que aqueja al país. Quedó demostrado en la consulta popular anticorrupción de 2018, cuando espontáneamente, y por fuera de los partidos, fueron a votar 11.671.420 personas. Nadie ha superado esa cifra en las elecciones presidenciales. Gustavo Petro fue elegido con 11.281.013 votos.

Esta anécdota que relató Fernando Gómez Martínez, director de El Colombiano, da la medida del apetito por el dinero del general Gustavo Rojas Pinilla, aprovechando su condición de presidente de la república: “El doctor Manuel Antonio Buelvas (primer gobernador de Córdoba) me ha contado intimidades de los negocios en el Sinú. Que los dueños de fincas de la región se estremecen cada vez que el helicóptero se cierne sobre alguna de ellas porque eso significa que al jefe supremo le puede estar gustando”.

El general Gustavo Rojas Pinilla es el único presidente de Colombia que, comprobadamente, se enriqueció en el cargo. Su patrimonio, el de su esposa, Carola Correa Londoño, y el de sus tres hijos, que eran menores de edad a su llegada al poder, se disparó más de 40 veces entre 1952 y 1956. En la declaración de renta de 1952, año en que Rojas no era presidente, los cinco miembros de la familia Rojas Correa declararon un patrimonio total de 194.500 pesos. En la declaración de renta de 1956, cuando la familia presidencial llevaba tres años en el poder, declararon un patrimonio de 8.118.000 pesos, es decir, un aumento de casi 42 veces.

El sueldo del presidente de la república era de 5.000 pesos mensuales, más 2.000 pesos de gastos de representación.

La familia se enriqueció con tierras. Rojas, la primera dama y los tres hijos crearon la Sociedad Ganadera de Patiño Ltda., que compró las siguientes haciendas:

• Sabanas de Román, en Río de Oro, Magdalena (hoy Cesar).

• Mosquitos, predio de 19.000 hectáreas en Aguachica, Magdalena (hoy Cesar).

• Villa Luz, en Gamarra, Magdalena.

Rojas también compró en un remate el Ingenio de Berástegui, un ingenio azucarero en Ciénaga de Oro (Córdoba).

Al teniente general Gustavo Rojas Pinilla lo llamaban en la calle el Terrateniente General.

El humorista Campitos (Carlos Emilio Campos) escribió una comedia llamada Don Próspero Baquero. En una presentación en Popayán, Campitos salió al escenario disfrazado de Rojas Pinilla, con su uniforme militar y sus insignias y condecoraciones en latón. Varios policías que cuidaban la entrada del teatro se cuadraron firmes, pensando que se trataba del mismísimo presidente, y realizaron el saludo castrense con tal solemnidad que desataron las carcajadas del público, haciendo caer en cuenta del error a los agentes.

Los préstamos bancarios fueron otra fuente de enriquecimiento para el presidente Rojas Pinilla. Él, sus hijos y Amin Malkún Tafache y Alcides Bru Sánchez (socios de Rojas o de sus hijos) recibieron en los 47 meses del Gobierno militar préstamos y sobregiros por 21.136.000 pesos. Esa suma era equivalente a más de 8 millones de dólares, pues durante casi todo el régimen militar el cambio estuvo a 2,50 pesos por dólar.

Los préstamos los concedieron los bancos estatales (Banco Popular, Banco Ganadero, Banco Cafetero) y los bancos privados Banco de los Andes, Banco del Comercio, Banco de Colombia, Banco de Bogotá y Banco Comercial Antioqueño.

Durante el juicio ante el Senado, Rojas Pinilla no negó los créditos, pero culpó a los gerentes de los bancos de llevarle las chequeras al despacho presidencial.

Por estas conductas y por haber ordenado telefónicamente devolver un contrabando de ganado detenido en Buenaventura, Rojas Pinilla fue condenado por el Senado en 1959 por indignidad por mala conducta a la pérdida de los derechos civiles y políticos. En 1967, los tribunales ordenaron devolverle los derechos, alegando que no hay penas perpetuas. Eso permitió a Rojas ser candidato presidencial en las elecciones de 1970, donde sus seguidores adujeron fraude.

En 1921, al cabo del primer año de su carrera militar, su superior anotó sobre Rojas: “Es algo desprendido del servicio por dedicarse a negocios particulares”. También señaló: “Agradable en su trato, buena memoria, le gustan las matemáticas, buen jinete, trabaja apenas lo indispensable”. A Rojas lo conocían en el ejército con el remoquete de Uñilargo.

Un soborno de 100.000 dólares recibió en 1956 el yerno del presidente Rojas Pinilla, Samuel Moreno Díaz, por la importación de televisores. Philips Colombiana pagó el soborno para que le autorizaran la importación de 10.000 televisores. Los adquirió el Banco Popular, que luego los vendió en sus sucursales. La compañía también pagó sobornos a funcionarios del Popular por cuantías menores que no se conocen. La existencia del delito se conoció porque un ejecutivo de Philips lo confesó a Richard A. Poole, segundo secretario de la embajada americana en Bogotá. Durante una importación anterior de televisores en 1955, Philips también pagó sobornos, pero por cuantía menor, y no al yerno de Rojas, sino a otros empleados del Gobierno cuyos nombres se desconocen. Cien mil dólares de 1956 serían 1.100.000 dólares en 2023.

Por su poder, a Samuel Moreno Díaz lo llamaban el Yernísimo. El despacho diplomático indica: “El funcionario de Philips afirma que esa es apenas una de las muchas negociaciones en que han participado el doctor Moreno y otros miembros de la familia del presidente. Una de las más lucrativas fue la venta del equipo (de transmisión) de televisión al monopolio estatal del ramo. Otro empleado de Philips que conoce de cerca los trámites en que se pactan los sobornos, estima que el Dr. Moreno ha ‘ganado’ unos US$2.000.000 desde que el año pasado entró a formar parte de la familia presidencial por la vía del matrimonio”. Dos millones de dólares de 1956 serían equivalentes a 22 millones de dólares de 2023.

En los archivos del Departamento de Estado, Samuel Moreno Díaz es el personaje colombiano de los años cincuenta a setenta que siempre es definido en términos negativos. En una ocasión, la embajada aclaró que no todos los pájaros eran asesinos profesionales y que se decía de Moreno Díaz que fue pájaro en Santander y estuvo involucrado en varios asesinatos. En 1949, el editorial de El Tiempo acusó a Moreno Díaz de ser autor intelectual del incendio de Enciso, municipio de Santander. En 1961, un despacho diplomático afirmaba que Moreno fue “una de las figuras más sombrías en la administración de Rojas, siempre involucrado en actividades financieras corruptas”. En 1966, cuando fue elegido senador de la Anapo por Santander, la embajada americana lo definió así: “Rojas’ sleazy son-in-law”, el yerno sórdido de Rojas. Después de la caída de Rojas, el Gobierno de los Estados Unidos avisó a todos los consulados americanos en el hemisferio occidental que no les renovaran la visa a él y a su esposa, pero el consulado en Kingston, Jamaica, no consultó la circular y las renovó.

El general Rojas Pinilla inauguró la televisión el 13 de junio de 1954, primer aniversario de su ascenso al poder. Samuel Moreno Díaz murió a los 101 años en marzo de 2023, un mes después de la muerte de su hijo Samuel Moreno Rojas, exalcalde de Bogotá condenado por corrupción.

Samuel Moreno Díaz fue “un aventurero de agallas”, según el escritor Alirio Gómez Picón.

La picardía nacional decidió que Sendas (Secretariado Nacional de Asistencia Social) quería decir Sueldo En Dólares A Samuel.

En 1956, Belisario Betancur, político conservador laureanista contrario a Rojas y futuro presidente de Colombia, almorzó en un restaurante con el segundo secretario de la embajada americana, Richard A. Poole. Este dejó el siguiente informe:

“Al ver al yerno del presidente, Samuel Moreno Díaz, en animada conversación con el capitán Narciso Díaz, director general de Aduanas, en la sala contigua del restaurante, Belisario Betancur mencionó la creencia que hay en muchos sectores en cuanto a que Moreno es una de las principales figuras del muy extendido y lucrativo contrabando de café”.

El Banco Popular, que hoy pertenece al Grupo Aval, de Luis Carlos Sarmiento Angulo, era en los años cincuenta un banco oficial. Su presidente, Luis Morales Gómez, lo utilizó para dilapidar fondos a manos llenas y financiar ideas absurdas y alocadas. Con dinero del Banco Popular se creó el Lloyd Aéreo Colombiano (LAC), cuya primera ruta fue Bogotá-La Paz, que ni siquiera hoy existe. La aerolínea quebró.

Morales Gómez abrió sucursales del Banco Popular en los países más pobres de América Latina: Haití, Guatemala, Bolivia y Ecuador. También en Chile. Su lema era: “El pobre paga”. En esos cinco países, el banco concedía préstamos sin garantías. Muchos los recibieron y no los pagaron. Después de la caída de Rojas en 1957, todas las filiales quebraron y fueron liquidadas. En Guatemala, el Popular dio créditos “a manos llenas a personas que no ofrecían suficientes garantías”, recordó el entonces superintendente bancario de ese país. “Todo el mundo tenía el Banco Popular en la boca y pasó la voz que daba plata fácil. El Banco estaba casi en un plano inclinado y no se pudo recuperar”, agregó.

El mismo Banco Popular habría quebrado, de no ser por el capital que le inyectó la Junta Militar. Fue necesario recortar el 7 por ciento del presupuesto de todos los ministerios, menos del Ministerio de Educación, para salvar el Banco Popular. El salvamento del banco le costó al erario el equivalente a 24 millones de dólares de la época, que hoy serían 259 millones de dólares.

En 1958, el Departamento de Estado señaló en un oficio que Luis Morales Gómez era “astuto e inteligente, pero deshonesto en millones de dólares”. Morales Gómez fue el último ministro de Hacienda de Rojas. Según el escritor Alirio Gómez Picón, Morales Gómez sirvió a Rojas “unas veces de rodillas, y otras de las cuatro, como el mono”.

Tras la caída de Rojas Pinilla, Morales Gómez se refugió en la embajada boliviana para huir de la acción de la justicia. Vivió luego en La Paz, Ciudad de Guatemala y Ciudad de México. Diez años después estaba de vuelta en Colombia. Pese a los fraudes y abusos bancarios que cometió en el pasado, la Superintendencia Bancaria lo autorizó en 1967 para fundar la Compañía Internacional de Seguros. Esta quebró un decenio después, no sin antes haber estafado a los clientes y a la Administración de Impuestos Nacionales. Sus cuentas estaban embargadas, presentaba deudas de dudoso recaudo con seis y siete años de vencimiento y muchas cuentas incobrables. Los asientos contables, en ocasiones, fueron ficticios. Los pagos de impuestos sobre las ventas sobre las pólizas emitidas fueron fraudulentos. La compañía de Morales Gómez compró un talonario de recibos del impuesto sobre las ventas a una mecanógrafa del Ministerio de Hacienda y los llenó según sus necesidades, pero los impuestos no se pagaron. Fue, pues, un fraude cometido por un antiguo ministro de Hacienda contra el Ministerio de Hacienda.

Como jefe de la Aeronáutica Civil, entonces parte del Ministerio de Guerra, Gustavo Rojas Pinilla intervino personalmente para escoger la ubicación de las pistas de los aeropuertos de Barranquilla, Santa Marta y San Andrés (hoy llamado Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla). También intervino en la localización de las pistas de aterrizaje en Palanquero, Cartagena, Cali, Pereira, Mariquita, Puerto López, Tumaco, Mompós, Sogamoso, Charalá, Socorro, San Gil, Puerto Berrío y Paipa. Con una tesis sobre las pistas de aterrizaje en Colombia fue ascendido a coronel. En el Gobierno de Rojas se construyó el Aeropuerto El Dorado.

“Con el ruego de tener en cuenta las instrucciones impartidas por la Presidencia de la República, me permito manifestar a usted que cuando mande algún documento para la firma de su excelencia, la antefirma debe quedar así: teniente general jefe supremo Gustavo Rojas Pinilla, presidente de Colombia”: memorando de 1954.

León María Lozano, alias el Cóndor, fue un famoso pájaro del Valle de Cauca. En 1957, la embajada americana en Bogotá definió así a los pájaros: “Bandidos y asesinos profesionales, al menos nominalmente conservadores, que recibieron armas del régimen de Rojas o del Ejército en anteriores administraciones conservadoras para cometer asesinatos políticos, especialmente para asesinar a liberales importantes”. Lozano dejó una estela de muertos liberales en su departamento.

Como comandante general de las Fuerzas Armadas, Rojas se tomó una foto al lado del Cóndor durante una visita a Tuluá en 1952. Como presidente de la república, Rojas dio la orden de liberar a León María Lozano, que estaba preso en Buga por orden de un juez en un proceso penal abierto por uno de sus crímenes. Rojas diría luego: “Liberé al Cóndor por razones humanitarias”. Cuando Lozano fue asesinado en 1956, la Presidencia de la República, en un comunicado de prensa, lamentó la muerte del “importante individuo conservador del Valle”. “Facineroso de alto bordo”, llamó el director del rotativo conservador El Colombiano, Fernando Gómez Martínez, a Lozano, pero no en el periódico, debido a la censura, sino en un diario personal.

Belisario Betancur, el futuro presidente, relató una vez a la embajada americana en Bogotá que se había encontrado en la calle a Gustavo Salazar García, un político conservador del Valle conocido por sus nexos con los pájaros y porque fue abogado del Cóndor, y le había preguntado si había venido a Bogotá por Avianca o con sus propias alas.

“La clave para la solución del problema de los pájaros es, por supuesto, aplicar la ley sin miedo y de modo imparcial. La impunidad que la connivencia y la laxitud oficiales garantizan a sus operaciones son, en gran parte, responsables del miedo que estos criminales son capaces de infundir en la población local”, opinaba la embajada.

Evaristo Sourdis fue el ministro de Relaciones Exteriores de Rojas de 1953 a 1956. En 1956, dijo en una reunión privada que Rojas no era, como se decía, un buen hombre influenciado por malos asesores, sino que las malas ideas que lanzaba el Gobierno eran de Rojas, que era dado a ataques de ira y a decir tonterías. En la reunión estaban los conservadores Hernán Jaramillo Ocampo, Eliseo Arango, Silvio Villegas y Antonio Álvarez. Se realizó en la casa de Eduardo Zuleta Ángel, que fue embajador de Rojas ante la Casa Blanca. Zuleta reportó a la embajada americana el comentario de Sourdis.

Tras la caída del general Rojas Pinilla, el 10 de mayo de 1957, la embajada americana en Bogotá preparó este resumen de su ascenso y declive:

“El teniente general Gustavo Rojas Pinilla llegó al poder como presidente de Colombia en un incruento golpe de Estado el 13 de junio de 1953, enviando al exilio al presidente Laureano Gómez, un conservador derechista. Su accesión al poder ocurrió al cabo de un periodo de cinco años de violencia civil y guerra de guerrillas, producto de intensas luchas partidistas entre los dos partidos históricos, Liberal y Conservador, en que las guerrillas liberales se enfrentaron al Gobierno conservador en tanto que el Gobierno se hizo más dictatorial y arbitrario. Tal vez unas 100.000 personas fueron asesinadas en este periodo. Rojas prometió (1) paz con amnistía y rehabilitación para las guerrillas y (2) restauración del Gobierno constitucional, lo que le trajo auténtico apoyo popular y ser aclamado como el salvador de Colombia.

En gran medida cumplió su promesa de restablecer la paz, pero Rojas y su Gobierno conservador de las Fuerzas Armadas gradualmente se fueron hacia la dirección contraria en cuanto a su segunda promesa, tornándose cada vez más autoritarios: (1) El estado de sitio, decretado en 1949, fue prorrogado; (2) Fueron suspendidos el Congreso y las elecciones populares; (3) Por medio de una serie de maniobras, la Asamblea Nacional Constituyente (Anac) (que lo ‘reeligió’ hasta agosto 7 de 1958) quedó dominada por partidarios de Rojas; (4) Partidarios de Rojas fueron igualmente nombrados en la Corte Suprema de Justicia y otros tribunales; (5) La actividad de los partidos políticos fue limitada progresivamente hasta hacerla desaparecer; (6) La prensa fue fuertemente censurada y algunos periódicos fueron clausurados; (7) Muchos militares fueron nombrados en cargos generalmente reservados a civiles; (8) En varias ocasiones, la opinión pública quedó conmocionada con el uso de tácticas de mano dura; (9) Con la fundación de Sendas, una organización de acción social, se creó un pulpo con fines principalmente políticos; (10) Este y otros intentos fueron utilizados para enfrentar al pueblo contra los ‘oligarcas’ políticos y se realizaron varias manifestaciones masivas artificiales para ‘probar’ el apoyo al Gobierno; (11) Se hicieron varios intentos de formar organizaciones totalitarias de masas al estilo peronista, especialmente el Movimiento de Acción Nacional (MAN), la Tercera Fuerza y el Nuevo Orden, aunque todas sucesivamente fracasaron. Rojas justificó sus medidas restrictivas y el no retorno al Gobierno constitucional por la situación de violencia (no logró nunca sofocar completamente la violencia y algunos cuestionaron si tenía ese propósito) y el peligro de nuevas luchas partidistas; sostuvo que las Fuerzas Armadas debían permanecer en el poder hasta eliminar estos dos factores. A estas tendencias autoritarias se sumaba una situación de corrupción generalizada en la cual participaban Rojas, su propia familia y miembros de las Fuerzas Armadas y del Gobierno, para descrédito del régimen”.

El embajador americano John M. Cabot definió la caída de Rojas, el 10 de mayo de 1957, como un “movimiento revolucionario inusual” de líderes políticos tradicionales, industriales, comerciantes, banqueros, intelectuales, estudiantes y tácitamente la Iglesia católica. El cierre de los bancos paralizó el país. Los clubes sociales también cerraron. Cabot dijo que también contribuyeron a la caída del régimen los rasgos personales de Rojas: “Un complejo de mesías combinado con ansias personales de poder y riqueza, e intolerancia a la oposición y la crítica”.

La oposición planeaba un paro general para derrocar a Rojas en junio, pero los acontecimientos se precipitaron cuando fue detenido en Cali, el primero de mayo, Guillermo León Valencia, uno de los dos jefes principales, con Alberto Lleras Camargo, del Frente Civil.

El antónimo de la corrupción en Colombia fue Alberto Lleras Camargo. Dirigió el movimiento civil que derrocó el 10 de mayo de 1957 al régimen corrupto del general Rojas Pinilla. En su Gobierno, Lleras Camargo entronizó la pulcritud y la austeridad en la administración.

¿Había menos corrupción antes? Sí, a juzgar por el informe del procurador general de la nación al presidente Alberto Lleras Camargo en 1962. En un año, la Procuraduría solo aplicó tres sanciones, todas contra contratistas que se demoraron en la construcción de sendas cárceles. Ese informe lo presentó el procurador Andrés Holguín. La Procuraduría tenía solo seis visitadores para todo el país. Hoy cuenta con más de 5.000 funcionarios.

Si el general Rojas Pinilla se distinguió por utilizar la Presidencia para incrementar su patrimonio, Lleras Camargo fue el anti-Rojas. No solo organizó el movimiento para forzar la caída del régimen militar por el enriquecimiento de la familia presidencial y por la abolición de las libertades públicas, sino que siempre fue considerado un político honesto y austero. Nunca hubo contra Lleras Camargo acusaciones de corrupción. En contraste con Rojas, cuyo retrato estaba en todas las oficinas públicas, Lleras Camargo prohibió por decreto colocar su retrato en los despachos oficiales y darles el nombre de personas vivas a las obras públicas. Un año después de la caída de Rojas, Lleras Camargo afirmó refiriéndose al general: “Ningún colombiano puede aspirar a enriquecerse ni prosperar solo por la acción del Estado, a menos que tenga el pensamiento de robar a sus conciudadanos”.

En 1970, cuando el general Rojas Pinilla fue candidato a la presidencia, Alberto Lleras Camargo opinó que era necesario “remover, con mano dura, la frágil memoria del pueblo” para recordar quién era Rojas: “Lo que es digno de rechazo, y lo fue en sus días, es la absoluta falta de delicadeza de Rojas y su gente en el manejo de los negocios públicos, que se expande vorazmente cuando apaga todos los circuitos de opinión, cierra la prensa, elimina el Congreso y se queda solo, haciendo negocios, como los hizo por cuatro años desde Palacio, con una consagración ejemplar”.

Cuando Lleras Camargo se retiró a vivir en una finca en Chía en 1972, tenía 66 años, un Renault 4 y una vaca, no las haciendas de miles de hectáreas que tuvo Rojas, y lo llamaban el monarca porque paseaba por los caminos de Chía en una bicicleta Monark. La embajada americana calificó a Alberto Lleras Camargo como una de las figuras públicas más respetadas de América Latina y señaló que se le consideraba el mayor estadista de la Colombia moderna. En Washington lo conocían bien, pues fue embajador de Colombia en 1943, director general de la extinta Unión Panamericana y luego secretario general de su sucesora, la OEA (Organización de Estados Americanos), de 1947 a 1954. En 1945 estuvo en San Francisco en la conferencia que dio vida a las Naciones Unidas. En ese momento tenía 39 años. Lleras Camargo terminó el periodo de Alfonso López Pumarejo (1945-1946) ante la renuncia del presidente por las acusaciones de corrupción contra su hijo Alfonso López Michelsen.

Lleras Camargo, desde su Gobierno, se dedicó a predicar la necesidad de frenar la explosión demográfica. Decía que, si no se limitaba el crecimiento de la población, ningún país subdesarrollado saldría del atraso.

La embajada lo consideraba trabajador, sereno, calculador y racional. De 1958 a 1962 no hubo contra el gabinete ni contra el presidente de la república acusación alguna. Tampoco surgieron escándalos en otros organismos de la administración pública. Los archivos del Departamento de Estado no registran ninguna alusión a irregularidades, salvo las que habrían cometido algunos militares colombianos en Miami, cuyos detalles se desconocen. Se supo del asunto porque un juez de instrucción penal militar, Jaime Rafael Pedraza, solicitó autorización para establecer en Miami una oficina de investigación criminal. El Departamento de Justicia consideró en 1962 que no era recomendable que funcionarios extranjeros adelantaran dentro de Estados Unidos funciones de instrucción criminal, que son competencia exclusiva de funcionarios estatales y federales.

Años anteriores estaba en contra del bipartidismo, para luego convertirse en el primer presidente del Frente Nacional. Cesó la violencia entre liberales y conservadores, pero permaneció la violencia en zonas campesinas con bandoleros. Colombia entró en su momento en la “Alianza para el Progreso” propuesta por el gobierno estadounidense de John F. Kennedy.

La honestidad de Guillermo León Valencia nunca estuvo en duda. Valencia contaba que a un hijo que tenía un cargo diplomático en Europa le advirtió que si cometía una falta, él mismo iría a matarlo, pues estaban de por medio el apellido y el honor de la familia. Para el embajador americano en Colombia, las cualidades de Valencia eran: galantería a la vieja usanza, honestidad y preocupación caballerosa por su palabra y su honor.

Al presidente Valencia (Popayán, 1909-Nueva York, 1971) se le atribuían varios defectos, como el de decir cosas equivocadas en el momento equivocado, pero no el de tolerar la deshonestidad, según diplomáticos de los Estados Unidos en Colombia. Siempre se le consideró valiente y honesto. La corrupción en el Gobierno de Valencia se manifestó a través del contrabando en las Fuerzas Armadas.

Un caso grave ocurrió en 1965, cuando el comandante general de la Fuerza Aérea Colombiana, brigadier general Hernán Medina Mendoza, fue destituido y procesado por contrabando. La decisión de separarlo del cargo la tomaron el comandante general de las Fuerzas Armadas, general Jaime Fajardo Pinzón, y el ministro de Guerra, general Gabriel Revéiz Pizarro. Para Revéiz, Medina Mendoza estaba comprometido en el uso de aviones de la FAC para traer whisky de contrabando al país, según un despacho de la embajada americana. Un consejo de guerra luego absolvió a Medina Mendoza y al teniente coronel Ricardo Nanclares Restrepo, director del fondo rotatorio de la FAC.

“La no ortodoxa importación de whisky y cigarrillos por parte de los militares para sus clubes y casinos se conoce y ha sido tolerada desde hace muchos años”, según la embajada americana.

El asunto mereció titulares en The New York Times, cuando el comandante de la FAC fue absuelto en septiembre de 1965. Se encontraron 300 cajas de licores extranjeros en un avión de la FAC que regresaba de un vuelo de entrenamiento en Panamá. A Medina Mendoza le pidieron investigar y él reportó que eran solo 30 cajas de licor. El ministro de Guerra envió esa información a una comisión del Congreso, donde tenían pruebas de que eran 300 cajas. En el consejo de guerra, la defensa afirmó: “Este es un país de contrabandistas. Más del 90 por ciento del licor que se sirve en el Palacio de San Carlos es de contrabando”. El capitán Francisco Palacio Terán, abogado de los acusados, indicó: “Sabemos que los oficiales jóvenes en todas las ramas de las Fuerzas Armadas se tienen que prostituir contrabandeando para sus superiores”. Palacio Terán era por esa época representante a la Cámara suplente de María Eugenia Rojas de Moreno Díaz.

En junio de 1966, la aduana interceptó una lancha de la Armada llena de licores y cigarrillos extranjeros. El matute iba a ser cargado en un avión de la Fuerza Aérea que esperaba en el aeropuerto de Buenaventura. La carga ilegal llegó de Panamá en el buque tanque Coveñas, de la Armada Nacional, el cual transportaba petróleo de la costa Atlántica a Buenaventura vía el canal de Panamá. Se dictaron órdenes de captura contra personal de la Armada y de la Fuerza Aérea. El caso de Buenaventura reflejó el celoso cumplimiento del deber del director de Aduanas, capitán (r) Félix J. Liévano, al decir de la embajada.

El único escándalo que tocó el palacio presidencial fue el caso del secretario del Consejo de Ministros, Javier Mosquera, cuyo vehículo particular tenía documentos de propiedad falsos. Lo mismo ocurrió con el jefe de tránsito de Bogotá, coronel Hernando Gómez Díaz. Su vehículo fue incautado en su casa y el coronel fue destituido. La investigación la realizó el director de Aduanas, Félix J. Liévano, a quien la embajada americana elogiaba por el cumplimiento de su deber, aunque sostenía que la lucha contra el contrabando era una causa perdida por la complejidad de los aranceles, el escaso entrenamiento de los agentes de aduana y la dificultad de patrullar las costas y fronteras terrestres.

Una acusación contra Ignacio Valencia, el hijo del presidente y antes su secretario privado, por contrabando, fue considerada sin fundamento.

En 1964, el ministro de Agricultura, Virgilio Barco, renunció por lo que consideró malos manejos en el INA, Instituto Nacional de Abastecimientos. Virgilio Barco y el presidente Valencia tuvieron diferencias sobre Mario Iragorri Diez, gerente del INA y amigo de Valencia. Así lo reportó la embajada americana, que consideró que Barco consideró cumplida su misión después de declarar sobre el escándalo ante una comisión del Senado. Se esperaba que la investigación de la Procuraduría no sería severa y que Iragorri Diez volvería a ser nombrado en el cargo, según la embajada. Mario Iragorri Diez fue presidente de la Cámara de Representantes en 1937. El INA se ocupaba de fomentar la producción agrícola. En 1968 lo reemplazó el Idema (Instituto de Mercadeo Agropecuario), posteriormente liquidado.

En su carta de renuncia, Barco se refirió a las “fallas administrativas” en el INA y expresó que denunciarlas ante el Senado correspondía a las “recias virtudes de pulcritud administrativa” del presidente Valencia.

“Iragorri Diez tiene fama de ser inescrupuloso y personalmente corrupto, y aunque no hay pruebas de ello, es probable que se esté enriqueciendo en el cargo”, sostenía un despacho de la embajada americana.

Del presidente Valencia muchos colombianos solo saben que en una visita de Charles de Gaulle a Bogotá en 1964 cerró su discurso con un “Viva España”. El lapsus linguae causó conmoción. Ocurrió durante una cena ofrecida al presidente francés, pero no fue la única gaffe. De Gaulle habló cinco minutos y Valencia media hora, en la cual enfatizó los lazos de Colombia con los Estados Unidos, una decisión no muy diplomática, pues De Gaulle venía criticando la intervención norteamericana en la guerra de Vietnam y dos años después ordenaría el retiro de Francia de la Otan porque le parecía que los Estados Unidos ejercían un poder muy grande en la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

La élite bogotana quedó horrorizada con el “Viva España”, según la embajada americana, y algunos pidieron la cabeza de Valencia. Una quincena después, Valencia defendió el discurso en una intervención en Palmira en la cual siempre, según la embajada, se le notaba desequilibrado por una combinación de pastillas antigripales, algo de whisky y mucho sol.

Valencia tomaba muy poco trago, aunque ocasionalmente parecía lo contrario. Una vez se tomó cuatro vasos de escocés con soda en la residencia del embajador americano entre 10:45 p. m. y 2:30 a. m. y mantuvo el pleno uso de sus facultades mentales. Contó que iba de cacería con el generalísimo Francisco Franco cuando fue embajador en Madrid y entusiasmado hablando de la Semana Santa en Popayán, invitó a cuatro embajadores presentes en la residencia a la siguiente Semana Santa en su ciudad natal, con sus esposas, por cuenta del Gobierno colombiano.

“He drinks very sparingly”, bebe muy poco, escribió también en 1965 el embajador americano Covey T. Oliver sobre el presidente. En cambio, le gustaban los dulces, que no debía comer por su diabetes y por la arterioesclerosis renal que lo aquejaba.

En mayo de 1964, Valencia enviudó. Murió su esposa, Susana López Navia, de Palmira. El presidente Lyndon B. Johnson le envió este mensaje: “May your sorrow be lessened by the knowledge it is shared by your many friends” (Que su pena la alivie el saber que la comparten sus muchos amigos). Pocos meses después, la embajada de los Estados Unidos recogió el rumor de que Valencia estaba interesado en Yolanda Ronga, la joven viuda del jefe conservador Gilberto Avendaño, y que le ofreció la embajada en Viena, que ella no aceptó.

A Valencia se le consideraba perezoso, confuso y emotivo. “Deja que los problemas se acumulen”, afirmó una vez un informe de la embajada americana. En política practicó la milimetría. Los ospinistas, los alzatistas y los laureanistas, todos, tenían igual representación en el gabinete.

La violencia rural disminuyó notablemente en 1963. Hubo 1.984 muertes, 32 por ciento menos que el año anterior, según el departamento G-2 (inteligencia) del Ejército. “Murieron menos soldados y civiles, y fueron abatidos más bandidos”, informó la embajada americana. El número de muertos fue el menor desde 1957. La violencia se redujo en todas las regiones, pero seguía existiendo en Valle, Caldas, Tolima, Huila, Santander, Boyacá, Antioquia y Cundinamarca, siendo Tolima la sección más afectada.

Cuando terminaba su gobierno, Valencia señaló en su último discurso ante el Congreso el 20 de julio de 1966 que la pacificación de las zonas rurales fue uno de sus grandes logros, junto con la reducción de los precios de los medicamentos y la vivienda y la educación.

Dos días antes, Valencia fue aclamado como “Presidente de la paz” durante una cena en su honor en el Hotel Tequendama, a la que asistieron su sucesor Carlos Lleras Restrepo, el expresidente Roberto Urdaneta Arbeláez, el jefe lauroalzatista Álvaro Gómez Hurtado y 1.000 personas más. La embajada americana comentó en un despacho confidencial que Valencia se merecía el título porque la violencia rural era el principal problema de Colombia en 1962, en tanto que en 1966 se había desvanecido casi del todo como fuente de inestabilidad.

Carlos Lleras Restrepo fue un hombre honesto y su administración estuvo exenta de grandes escándalos, según la embajada americana. Lo respetan, pero no lo adoran. No se agota y siempre está en movimiento: viaja por todo el país, habla ante diversos grupos y se dirige a la nación por televisión. Le interesan todos los temas y le ha dado al Gobierno una firme orientación que Colombia no conocía hace tiempo.

En septiembre de 1966, un mes después de su posesión, el presidente Carlos Lleras Restrepo intervino en un escándalo en el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) que no trascendió a la opinión pública y destituyó a su director, el coronel (r) Alfonso Rojas Martínez. Rojas permitía que los agentes del DAS cobraran sobornos y además toleró que entraran al DAS simpatizantes comunistas, según un informe confidencial de la embajada americana. Pero Rojas fue premiado con el nombramiento de cónsul en San Francisco. Lo reemplazó el general (r) del Ejército Luis Etilio Leyva. Para Lleras era “urgente y de importancia crítica” la limpieza en el DAS, según la embajada. El parlamentario Nacho Vives, José Ignacio Vives Echeverría, formuló en 1969 acusaciones contra la familia de Lleras Restrepo y contra el ministro de Agricultura, Enrique Peñalosa Camargo, que enfurecieron al presidente. Las acusaciones no fueron tomadas en cuenta porque nadie confiaba en Vives, pero los debates en el Congreso se prolongaron durante varios días y generaron gran agitación en prensa y radio. Vives era peligroso e inmoral, según el parlamentario y periodista liberal Alberto Galindo. La embajada americana consideraba a Vives como un “demagogo consumado”. El embajador Leonard Saccio escribió que había que temer la amistad del parlamentario: “Él actúa solo con fines de lucro o de venganza”. Vives, cacique liberal samario, acusó de tráfico de influencia al ministro de Agricultura, Enrique Peñalosa Camargo, en relación con Miguel Fadul, director del IFI (Instituto de Fomento Industrial). Fadul y Peñalosa eran dueños de la compañía Fadul y Peñalosa, que, según Vives, tuvo contratos con el Gobierno. Peñalosa señaló que se había retirado de la compañía en 1963.

Antes de las acusaciones de Vives, Peñalosa había acusado a Vives de utilizar su cargo como miembro de la junta directiva del Incora (Instituto Colombiano de Reforma Agraria) para beneficio propio, recibiendo dinero por tramitar la venta de la finca de un particular al Incora. Vives reconoció haber recibido honorarios por 100.000 pesos. El periodista de El Tiempo Luis Carlos Galán Sarmiento preguntó por qué un miembro de la junta directiva del Incora recibió honorarios cuando sabía que el predio estaba ofrecido en venta al instituto. Galán analizó los cargos contra Peñalosa y concluyó que se trataba de una farsa de Vives y que tampoco era cierto que el hijo del presidente, Carlos Lleras de la Fuente, hubiera traído mercancías de prohibida importación después de una larga permanencia en el exterior.

A su vez, Vives acusó a Peñalosa de intervenir en la venta de otro predio al Incora, basado en una carta firmada por dos funcionarios del instituto. Sus firmas fueron falsificadas.

Nacho Vives acusaba al presidente Lleras Restrepo llamándolo “sietemesino degenerado que habita en el Palacio de San Carlos y que deshonra a la república gobernándola”.

El editorial de El Tiempo expresó: “Entre nosotros no prosperan ni la picardía, ni la indecencia, ni el abuso, ni nada en fin que pueda comprometer en lo más mínimo la alta y pura dignidad de una Colombia que se distinguió siempre por la hidalguía de sus rectores supremos. Cuando hubo alguien que ignoró y pisoteó esa tradición –el dictador Rojas–, el país lo echó a empellones de la casa presidencial que deshonraba”.

Comparado con el presidente Valencia, Lleras representa la gran esperanza de un Gobierno sólido, coherente y experimentado para Colombia, según los diplomáticos de los Estados Unidos.

Lleras Restrepo dividió al país durante la campaña electoral. Es inteligente, trabajador, decidido, gran organizador y buen orador, pero al mismo tiempo puede ser arrogante, orgulloso, vengativo, oportunista y autoritario, según la embajada americana. Muchos conservadores lo consideraban sectario.

Se le consideraba el mejor calificado para ser presidente. Fue ministro de Hacienda dos veces, senador, representante a la Cámara, designado, contralor general, embajador ante Naciones Unidas, presidente del Comité Nacional de Cafeteros, director de El Tiempo y delegado ante muchas conferencias internacionales. Es difícil cuestionar lo que sostienen sus seguidores, que se merece la presidencia, señalaba un despacho diplomático. Goza de apoyo abrumador en los medios de comunicación y en los círculos financieros.

El Gobierno de Lleras fue serio, según la diplomacia norteamericana. “El presidente parece que no se cansa, está constantemente en movimiento, viaja por todo el país, habla ante muchos grupos sobre temas diversos y se dirige al pueblo por la televisión. Lleras disfruta la presidencia y el ejercicio del poder. Tiene opiniones fuertes y una inteligencia especial. Es el sueño de los caricaturistas: calvo, bajito, con la apariencia de querubín, pero malgeniado. No es animador de espectáculos ni demagogo. Lo respetan, pero no lo adoran. Es un hombre honesto y su administración ha estado exenta de grandes escándalos”.

En el Gobierno del huilense Misael Pastrana Borrero se presentaron escándalos graves que no habían sucedido en los precedentes Gobiernos del Frente Nacional: desviación de los fondos reservados del DAS e irregularidades en una licitación de Aerocivil para radioayudas de navegación aérea. También se destaparon los abusos cometidos por el contralor general de la república, el nariñense Julio Enrique Escallón Ordóñez.

El principal escándalo del Gobierno del presidente Misael Pastrana Borrero (1970-1974) corrió por cuenta del hermano de un futuro presidente.

Jorge Barco Vargas, director de la Aerocivil, fue acusado por irregularidades en la licitación de radioayudas de navegación aérea. La acusación fue formulada por el diario El Espectador. En respuesta, el presidente Pastrana ordenó anular la licitación. Jorge Barco no fue sancionado por la Procuraduría ni castigado por la justicia penal.

En 1972, la embajada americana señalaba que Pastrana y Jorge Barco eran muy amigos, y que Barco aportó dinero a la campaña presidencial de 1970 y trabajó en la campaña. Según una fuente de la embajada, Pastrana dijo en 1972 en una reunión privada, en presencia de Barco, que le debía la elección a Barco. Las esposas también eran muy amigas, según la embajada. María Cristina Arango y Beatriz de Barco hicieron juntas un viaje de dos meses a Europa, y María Cristina Arango se hospedó en Bruselas con los Barco. Jorge Barco fue embajador de Colombia en Bélgica hasta julio de 1972.

En 1988, siendo presidente Virgilio Barco Vargas, la revista SEMANA publicó un artículo sobre Jorge Barco Vargas que decía: “De tiempo atrás, Jorge Barco, quien vive en España desde hace cuatro años como representante de la cadena de comida rápida Burger King, ha sido un personaje muy controvertido. Si alguna vez ha habido dos hermanos diametralmente opuestos, tendrían que ser él y el actual presidente. Jorge es echado para adelante, locuaz y arriesgado. Y si el temperamento del primer mandatario se asocia al de un tímido ingeniero con excesos de prudencia, el de su hermano se asemeja al de un jugador de póker, que echa los restos en cada mano. Su audacia le ha creado no pocos problemas en los últimos años”.

Continuaba diciendo el artículo: “Como ejecutivo del Grupo Santo Domingo a fines de los sesenta, trató de medir fuerzas con Julio Mario Santo Domingo, cuando el grupo intentaba hacerse al control de la cervecera Bavaria. A la famosa asamblea de accionistas de esa compañía en el teatro Olimpia, Barco llegó con todos los poderes que pudo conseguir por ventanilla, pero en un mano a mano con Santo Domingo acabó perdiendo. Desde ese día existe una pelea a muerte entre ambos, rodeada de acusaciones de indelicadezas en sus gestiones al frente de Petroquímica del Atlántico y de Bavaria”.

Concluía el artículo: “La última gran controversia tuvo que ver con la empresa de aviación Aerocóndor. En lo que se interpretó como un intento de sacarse el clavo con Julio Mario Santo Domingo, Barco quiso crearle una competencia seria a Avianca, dándole una dimensión nueva a la tradicional aerolínea costeña. Durante unos años hizo muchos esfuerzos, el más grande de los cuales fue la compra del Airbus, un nuevo tipo de avión del cual se volvió promotor para Latinoamérica. A la larga, el experimento fracasó”.

Las denuncias que desacreditaron al contralor general de la república Julio Enrique Escallón Ordóñez las publicó en diciembre de 1974 el periodista Germán Castro Caycedo en el periódico El Tiempo. Castro reveló que muchos miembros de la Cámara de Representantes, que elegía al contralor, tenían parientes en la nómina de la Contraloría, fortín burocrático donde estaban nombrados 8.000 funcionarios. El nepotismo favorecía, además, a la familia del contralor, pues también estaban en nómina tres primos, una sobrina, dos cuñados y la sobrina de su esposa. Asimismo, fueron nombrados en la Contraloría varios parientes de Samuel Alberto Escrucería Delgado, representante a la Cámara y oriundo de Tumaco. El contralor nació en Iscuandé, Nariño. Escrucería Delgado fue condenado a 240 años de cárcel en Carolina del Norte por posesión y distribución de cocaína. Su hijo Samuel Alberto Escrucería Manzi heredó el “feudo betista” y fue condenado por peculado.

Escallón Ordóñez nombró en la Contraloría a Ruth Romero de Camargo, destituida de otro cargo público. Siendo funcionaria de la Contraloría, fue acusada de cometer 17 faltas, desde ausencias inmotivadas hasta agresión a mano armada, sustracción de mercancías del almacén del fondo rotatorio de Aduanas, contrabando, falsedad, estafa y peculado.

Los ilícitos que se cometieron en el organismo dirigido por Escallón Ordóñez fueron muchos. La auditoría ante el Idema (Instituto de Mercadeo Agropecuario) montó una mafia de intermediarios para comerciar azúcar, harina y aceite robados a las bodegas del instituto. Para trabajar en la aduana interior de Bogotá y en el Fondo Rotatorio de Aduanas, los revisores pagaban cuotas semanales a los auditores, y estos, a su vez, a funcionarios de más alto rango. El auditor ante las minas de Muzo tenía a un grupo de mineros a su servicio.

El contralor fue acusado por falsedad y peculado, se ordenó su detención, pero alegó dolencias cardiovasculares para ingresar a la Clínica Palermo. Luego viajó a un hospital en Houston.

Sobre el escándalo de Escallón Ordóñez, editorializó El Espectador: “Si se exceptúa a la clase política que lo apuntala, no hay un colombiano que no vea en este organismo, tal como está funcionando, el primer agente de la descomposición nacional”.

Las denuncias de Castro Caycedo surtieron efecto, pues la Cámara de Representantes nombró como sucesor a Aníbal Martínez Zuleta en septiembre de 1975, posteriormente condenado por la Corte Suprema de Justicia.

La Corte Suprema de Justicia absolvió a Escallón Ordóñez en 1980 alegando que las conductas delictivas que no ofendan las normas de cultura no son antijurídicas. Salvó el voto el magistrado Alfonso Reyes Echandía. En el primer aniversario de la absolución, el exfuncionario organizó un coctel en el club de oficiales de la FAC, al cual asistieron los expresidentes Misael Pastrana y Víctor Mosquera Chaux, el exministro Germán Bula Hoyos y los exmagistrados Luis Carlos Pérez y Jesús Bernal Pinzón.

El excontralor publicó sus memorias en 2002. El expresidente Julio César Turbay Ayala dejó en el libro testimonio de su admiración: “Será su obra la demostración plena de que en Colombia se pueden alcanzar todas las alturas del poder mediante el desempeño honesto y eficiente del servicio público. Su nombre lo entrega usted a la posteridad libre de toda mácula”.

El general Jorge Ordóñez Valderrama fue director del DAS durante los cuatro años del Gobierno de Misael Pastrana. Fue condenado por peculado y falsedad a siete años de presidio en relación con los gastos reservados que manejaba a su nombre, por un total de 2.300.000 pesos. Rafael Azuero Manchola, designado a la Presidencia en el Gobierno Pastrana, le vendió en Neiva un terreno al DAS para su sede. El importe de la venta se pagó con fondos reservados, aunque la compra de un inmueble no correspondía a ese rubro. Azuero Manchola luego le devolvió al general Ordóñez un poco menos de la mitad de la venta, 400.000 pesos, los cuales Ordóñez Valderrama consignó en su cuenta personal. El general dispuso de los fondos “en muy significativa proporción, en beneficio propio”, según la Corte Suprema de Justicia. Es decir, se hizo una venta por un valor inflado. La diferencia entre ese valor y el real fue a parar a la cuenta del director del DAS. Un detective del DAS ganaba 2.500 pesos mensuales.

Misael Pastrana Borrero fue un consentido de la política, que nunca tuvo que ganar una batalla propia, pues siempre le llegaban los nombramientos. Eso pensaba de él su antecesor, Carlos Lleras Restrepo, que lo consideraba sincero, inteligente, capaz y un buen hombre. Por cuenta de su inexperiencia política, sostenía Lleras, Pastrana no medía las consecuencias de sus actos y no supo mantener la disciplina en el gabinete. Además, confiaba mucho en sí mismo y no aceptaba consejos. Pastrana fue ministro de Gobierno en el gabinete de Lleras.

La falta de dirección del Poder Ejecutivo es falla directa del presidente, opinaba la embajada americana, y se debe, en parte, a su falta de liderazgo.

Pasado un año de Gobierno, había un malestar generalizado en el país. “Hay un consenso en Colombia de que el presidente es una persona decente y bien intencionada, pero ineficaz. Belisario Betancur dice que hay un vacío de poder. Hernán Jaramillo Ocampo piensa que el presidente habla como si siguiera en campaña para distraer a la opinión pública con promesas”, según la embajada americana. El costo de la vida aumentó 11 por ciento los primeros nueve meses de 1971, y los campesinos se quejaban de falta de tierra y de vías de acceso, agregó la nota de la embajada.

Dos ministros protagonizaron escándalos en la administración de Alfonso López Michelsen. Uno tuvo que renunciar, Óscar Montoya Montoya, el ministro del Trabajo. Del teléfono de su despacho se hicieron llamadas a contrabandistas de café, según afirmó el Gobierno. En realidad, se hicieron a la pionera del narcotráfico Griselda Blanco de Trujillo. El otro ministro, Humberto Salcedo Collante, de Obras Públicas, no renunció, aunque se demostró que en su gestión convirtió a un exsocio en el principal beneficiario de contratos de carreteras.

Alberto Santofimio Botero era presidente de la Cámara de Representantes en noviembre de 1977 cuando un juez de instrucción criminal ordenó su captura. Estuvo detenido cinco meses.

Felipe Salazar Santos, político liberal del Tolima, fue quien denunció penalmente a Santofimio por medio de los abogados Antonio José Cancino, Ramiro Bejarano Guzmán y Álvaro Cerón Coral. Afirmó Salazar Santos: “Santofimio prefirió alcanzar por vías tortuosas lo que hubiera también obtenido, y merecidamente, por procesos diáfanos”.

Santofimio fue acusado por firmar más de 600 contratos técnicos con analfabetas, menores de edad, personas inexistentes y hasta con un prófugo de la Justicia; además, por falsificación de firmas para el cobro de sueldos, por certificaciones de servicios sin que se haya realizado labor alguna y por cobro indebido de sueldos. Los contratos estaban fechados en 1975 y 1976 cuando Santofimio fue por primera vez presidente de la Cámara.

Alicia Caballero de Alcázar aceptó ante la Justicia que sí firmó un contrato y precisó: “Yo no trabajé ni nada nunca en la Cámara, yo me vine a dar cuenta del chanchullo fue cuando salió en la prensa”. Otro contratista, el menor de edad Luis Miguel Peñuela Carrillo, declaró que no firmó el contrato con Santofimio y que le falsificaron la firma en la autorización para reclamar los sueldos. Los cheques los cobraba su tía Celmira Ana Meneses Peñuela, que hacía vida marital con Jorge Useche Sánchez, o el propio Useche, dijo. Useche era el secretario de la Comisión Primera de la Cámara. Orlando Arrechea Ocoró declaró: “El único trabajo que hice fue ir a la pagaría a cobrar el cheque, pero yo no trabajé”. Dos hermanos que firmaron contratos de servicios técnicos eran agricultores en Ortega, Tolima. Uno de los hermanos indicó que hizo el mantenimiento de las máquinas de escribir de la Cámara gracias a que estudió un año de mecánica automotriz. Frank Gaitán García, zapatero de profesión, firmó dos contratos como asesor de archivo con dos firmas distintas.

Otra contratista afirmó que nunca trabajó en la Cámara de Representantes, que era analfabeta, solo cursó un año de primaria y que solo sabía dibujar su firma. Además, en la fecha en que supuestamente firmó el contrato estaba hospitalizada.

Santofimio firmó un contrato con Yolanda Maritza Nariño 18 días después de la terminación de este.

Uno de los defensores públicos de Santofimio fue Julio César Turbay Ayala, elegido presidente en 1978. Turbay afirmó: “Deploro vivamente que haya sido confirmado el auto de detención contra el presidente de la Cámara de Representantes, doctor Alberto Santofimio Botero”. Este había lanzado la precandidatura de Turbay en el estadio El Campín.

En medio del escándalo, Santofimio hizo suya la frase de Fidel Castro: “Algún día la historia me absolverá”. Pero la historia no absolvió a Castro ni a Santofimio. Desde 1977, el político liberal nacido en Ibagué en 1942 se consolidó como el emblema de la corrupción política en Colombia.

En 1979, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá absolvió a Santofimio al decretar el sobreseimiento definitivo. “No solo no realizó conducta ilegal alguna, sino que, al contrario, ajustó su comportamiento a lo dispuesto por las dos resoluciones que lo facultaban para firmar en nombre de la corporación los contratos”, anotó el fallo. Una de las dos resoluciones era falsa. El tribunal consideró que la Resolución 398 de 1975, firmada por Santofimio, encargaba la selección del contratista al jefe de personal de la Cámara, por lo que no se podía culpar a Santofimio, que se limitaba a firmar. Esa resolución fue falsificada, pues la verdadera se refería a un nombramiento. La falsificación se detectó porque, con una copia de la resolución verdadera, la persona nombrada se posesionó en un municipio fuera de Bogotá. Además, el jefe de personal, Argemiro López Buitrago, declaró que mientras ejerció el cargo nunca conoció esa resolución y que seguramente fue introducida con posterioridad a las acusaciones contra Santofimio.

También se descubrió que los microfilmes de la cuenta corriente en el Banco Cafetero de Santofimio y su esposa, María del Rosario Kairuz, habían sido adulterados. A Santofimio se los mostró un funcionario del banco en una sucursal. Tiempo después se descubrió que los rollos estaban en blanco. El gerente general del banco, Rodrigo Múnera Zuluaga, presentó denuncia penal que llevó a la segunda orden de captura contra Santofimio en dos años.

La falsificación se descubrió porque Rafael Caicedo Espinosa, jefe liberal del Tolima antes de Santofimio, llamó bandido y deshonesto a Santofimio. Este denunció a Caicedo por injuria. Caicedo pidió a la jueza que llevaba el caso que, para demostrar que Santofimio era deshonesto, se examinaran los movimientos de dinero en su cuenta bancaria. Así se llegó a los microfilmes.

Según el editorial de El Colombiano: “En la Cámara de Representantes se cometieron graves delitos. El doctor Santofimio, según la sentencia del Tribunal, nada tuvo que ver con ellos. No los sospechó. No tuvo oportunidad de denunciarlos. La acción delictuosa pasó a su lado, como pasa un rayo de sol por un cristal, sin romperlo ni mancharlo. Está establecido, con fallo notificado y ejecutoria, la inocencia del senador del Tolima, lo que falta es quién lo absuelva de su peligrosa ingenuidad, que puede hacer competencia a la de los Santos Inocentes”.

El periodista Alberto Mendoza Morales consideró que Santofimio fue absuelto por los jueces, pero no por la opinión pública.

En 1974, el presidente Alfonso López Michelsen nombró a Santofimio en el cargo más alto que había tenido hasta entonces: ministro de Justicia.

En 1981, dos años después de la absolución por los contratos irregulares, Santofimio fundó un movimiento político, Alternativa Popular, en el cual acogió a Pablo Escobar. Este fue elegido en 1982 como suplente de Jairo Ortega Ramírez, representante a la Cámara. Ortega, Escobar y Santofimio viajaron a Madrid a una reunión del Partido Socialista Obrero Español, pero no fueron admitidos.

En 2011, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra Santofimio como coautor responsable del homicidio con fines terroristas de Luis Carlos Galán Sarmiento, el escolta Santiago Cuervo Jiménez y el concejal Julio César Peñalosa Sánchez. La Corte acogió el testimonio de alias Popeye, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, sobre una reunión de Santofimio, Pablo Escobar y Popeye: “Santofimio traía un mensaje urgente: que Galán era seguro presidente de la república, pues tenía el apoyo de los Estados Unidos. Le advirtió: ‘Si Galán es presidente, te extradita, te lo digo con todo el convencimiento. Pablo, mátalo’”. Agregó que después de discutir delante de él sobre las consecuencias, Santofimio le dijo a Pablo: “Galán te va a cobrar la muerte de Rodrigo Lara Bonilla”. Luego de un intercambio de opiniones, “Pablo se quedó en silencio por espacio de cinco minutos . . . Cuando el patrón pensaba, Alberto Santofimio lo miraba y le decía: ‘Pablo, mátalo’. El patrón le devolvía la mirada y no le contestaba nada. Escobar rompe el silencio y me ordena que busque a Ricardo Prisco Lopera”.

Dos personas fueron socias en una empresa. Una situación perfectamente normal. Poco después, una de las dos personas fue nombrada ministro y le dio a su exsocio el mayor volumen de contratos del ministerio. Una situación perfectamente inmoral.

Eso fue lo que sucedió entre Humberto Salcedo Collante, ingeniero civil barranquillero que fue ministro de Obras Públicas de 1974 a 1978, nombrado por el presidente Alfonso López Michelsen, y Salomón Náder Náder. Salcedo Collante había sido alcalde de Barranquilla, y Náder, empresario de la construcción nacido en Sahagún, Córdoba. Fueron socios en la compañía Consorcio de Empresas Constructoras Ltda.

En esos cuatro años, Náder se convirtió en el campeón de contratos de obras públicas. Le otorgaron 13 contratos por un monto total de 400 millones de pesos. En esa época, un apartamento de dos alcobas en Chapinero valía un millón de pesos. Es decir, Náder recibió contratos por el equivalente actual de 120.000 millones de pesos si fijamos el precio actual de un apartamento en Chapinero en 300 millones de pesos.

El favoritismo fue innegable. Había firmas constructoras de mayor trayectoria que recibieron un monto de contratos inferior al de Náder. Pero había otra prueba del favoritismo. En el Gobierno anterior, de 1970 a 1974, Náder no recibió un solo contrato en el Ministerio de Obras Públicas. Su buena estrella se debía a que su exsocio había llegado a esa cartera.

Náder excedió en un ciento por ciento la capacidad de contratación, el índice que mide la capacidad del contratista de cumplir con sus obligaciones.

La denuncia la hicieron Daniel Samper Pizano y Alberto Donadio de la Unidad Investigativa de El Tiempo en informes que empezaron a publicarse el 30 de diciembre de 1977 con este titular: “Se revela gran tráfico de influencias en OO. PP.”.

Salcedo Collante, a quien desde entonces el columnista Klim rebautizó como Salcedo Icollantas, contó después que para esas fechas de fin de año estaba en Barranquilla y que viajó a Islas del Rosario, donde descansaba el presidente López, a ofrecerle la renuncia. Según el ministro, López le contestó: “No puedo entregar la cabeza de un ciudadano probo a la prensa”. Fue ministro hasta el 7 de agosto de 1978. Salcedo Collante fue absuelto en 1980 en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Una ponencia que proponía acusarlo ante el Senado, presentada por Horacio Serpa Uribe, miembro de la Comisión, no fue acogida. Serpa consideró que la conducta del exministro fue descompuesta, inapropiada, ilegal, impúdica, contumaz, equivocada e indecorosa. Sobre el favoritismo hacia Náder, expresó Serpa: “Resulta muy sospechoso que las cuentas de Náder se cancelaran aceleradamente”.

En mayo de 1978, el presidente Alfonso López Michelsen aceptó la renuncia del ministro del Trabajo, el conservador antioqueño Óscar Montoya Montoya. En carta que se hizo pública, el presidente señaló que Montoya Montoya incurrió en omisión al “no retirar a la persona que habíamos convenido en separar del Gobierno”, y agregó que “la regla es proceder en urna de cristal y dar a conocer la verdad, toda la verdad, admitiendo los propios errores”.

Utilizando el teléfono del despacho del ministro, que se encontraba en comisión en el exterior, su secretario privado, Humberto Vargas González, ultimó detalles de un contrabando de café con Alberto Prieto Escobar, quien estaba en Medellín y era el dueño del cargamento. El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) se enteró porque tenía interceptada la línea telefónica de Prieto Escobar. En la transcripción de las interceptaciones, Prieto Escobar le dijo al secretario privado del Ministerio del Trabajo: “Él cuadra al F-2 de Sincelejo, hoy deben estar arreglando al coronel ese”. Y agregó: “Póngase, pues, las pilas que ese Ministerio es para robar”.

El ministro reconoció que el presidente le pidió desde inicios de 1978 desvincular a su secretario privado, pero que la desvinculación solo ocurrió meses después, exactamente el 3 de abril de 1978, fecha en que Humberto Vargas González presentó renuncia. Una investigación del procurador general de la nación, Jaime Serrano Rueda, descubrió que después del 3 de abril Vargas González siguió firmando documentos como secretario privado hasta el 25 de abril.

Álvaro Meneses Mena, investigador de la Procuraduría, descubrió que, después de la renuncia del secretario privado, el ministro Óscar Montoya Montoya le confirió a Vargas González, que ya no era funcionario, varias comisiones de servicios a Medellín durante 144 días. En 31 ocasiones se le autorizaron pasajes y viáticos, y siempre las comisiones incluían viernes, sábado y domingo.

En su momento solamente se supo que Óscar Montoya Montoya tuvo que renunciar por el contrabando de café que su secretario privado negoció desde el teléfono de su despacho mientras el ministro se encontraba en el exterior. Pero “la verdad, toda la verdad” no se conoció entonces.

Lo que no informó el Gobierno, ni trascendió en esa época, fue la conexión con la narcotraficante Griselda Blanco, a quien Pablo Escobar señaló como su maestra en el negocio de la cocaína. El teléfono al cual se hicieron las llamadas a Medellín desde el despacho del ministro del Trabajo pertenecía a Griselda Blanco. Así lo informó el director del DAS en Antioquia, mayor (r) Carlos Gustavo Monroy Arenas, al director del DAS en Bogotá. Monroy Arenas identificó así a Griselda Blanco: “Reconocida narcotraficante, jefa de una de las organizaciones de este ilícito en Medellín y comúnmente apodada la Madrina”. El teléfono de Griselda Blanco correspondía a la casa de la transversal 39B n.º 71-85, donde había vivido Alberto Prieto Escobar.

En 1981, Pablo Escobar mandó matar a Monroy Arenas en venganza por la captura del capo en 1976 por agentes del DAS, que lo detuvieron con 39 kilos de cocaína en Itagüí.

Griselda Blanco fue asesinada en una carnicería de Medellín en 2012.

Alberto Prieto Escobar fue un contrabandista de Medellín a quien Pablo Escobar señaló, en entrevista con Germán Castro Caycedo, como “otro contrabandista, al que yo considero fue mi maestro, porque era un guerrero y porque era inteligente y habilidoso”.

El terrorista que, por órdenes de Pablo Escobar, detonó la bomba que hizo explotar sobre Soacha un avión de Avianca en 1989 compró el boleto con el nombre ficticio de Alberto Prieto.

Alberto Prieto Escobar, el de carne y hueso, fue quien le dijo al secretario privado del Ministerio del Trabajo: “Ese Ministerio es para robar”.

Alfonso López Michelsen ha sido una de las figuras más importantes de la escena colombiana desde cuando entró a la política activa a finales de los años cincuenta, afirmó en 1973 un despacho de la embajada americana. En 1960, López y otros liberales contrarios al presidente Alberto Lleras Camargo abandonaron el Partido Liberal y fundaron el Movimiento Revolucionario Liberal (MRL). En 1962, López fue candidato a la presidencia, aunque solamente un conservador podía ser constitucionalmente elegido, y obtuvo el 23,6 por ciento de los votos.

No existió una figura política más ambigua, más paradójica y más incomprendida por sus amigos y enemigos que López, según los diplomáticos de Estados Unidos. Para empezar, era miembro de la alta sociedad de Bogotá, u oligarquía, pero al mismo tiempo era líder de un movimiento cuyo objetivo parecía ser la destrucción de esta clase. Los lazos de López con las clases altas se mantuvieron. Como opositor del Frente Nacional logró apoyo en la extrema izquierda, y ser de oposición también le permitió explorar apoyo en la extrema derecha.

Otro elemento de la aceptación de López fue su condición de hijo del expresidente Alfonso López Pumarejo. El viejo López todavía seguía presente entre los liberales que recordaban su nunca terminada Revolución en Marcha de 1934-1938. En ciertos sectores, el nombre Alfonso López Pumarejo tenía un efecto mágico, y buena parte del éxito de López Michelsen se debía a ese efecto. Su participación en dos escándalos en el segundo Gobierno de López Pumarejo ayudó a precipitar la renuncia de su padre. Algunos creían que López Michelsen ingresó a la política para borrar esta mancha del escudo familiar.

López Michelsen parecía deleitarse lanzando pronunciamientos públicos que desconcertaban en lugar de iluminar. Su ambigüedad iba combinada con un ingenio mordaz y una aproximación escéptica hacia las personas y las ideas. Se decía que como político López Michelsen era muy buen profesor, pero no se pudo negar que la existencia del MRL era prueba de su agudeza política.

Por sobornos y otras corruptelas, en la Superintendencia Bancaria se quebraron casi 20 entidades financieras durante el Gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala. También se destapó el escándalo de la pensión falsa del procurador Guillermo González Charry y se conoció que el contralor general de la república Aníbal Martínez Zuleta recibió sobornos de un banco por tener allí las cuentas de la Contraloría.

El Gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala no vigiló al sector financiero. En junio de 1982, faltando dos meses para terminar el Gobierno, se quebró el Banco Nacional y luego colapsaron por malos manejos 19 entidades financieras más:

- Financiera Furatena

- Financiera Colombia

- Seguros Colombia

- Seguros de Vida Colombia

- Capitalizado Colombia

- Fiduciaria Colombia

- Corfiantioquia, Corporación Financiera Antioqueña

- Inversiones de Antioquia

- Banco del Estado

- Corporación Financiera del Estado

- Afinsa

- Corporación Financiera Santa Fe

- Financiera Santa Fe

- Multifinanciera

- Inversiones Oro

- Mercantil Hipotecaria

- Mercantil de Factoring

- Central Financiera

- Financiera e Inversiones

La Superintendencia Bancaria (actual Superfinanciera) se vendó los ojos frente a prácticas inseguras, financistas de mala reputación, invitaciones de las entidades vigiladas a altos funcionarios y pago de sobornos. En algunas compañías de financiamiento comercial, corporaciones financieras y bancos, la Superbancaria toleró los autopréstamos.

Los ahorradores afectados fueron más de 50.000.

El responsable del relajo fue el superintendente bancario Francisco Morris Ordóñez, abogado javeriano que ejerció el cargo durante los cuatro años del Gobierno, de 1978 a 1982. Morris Ordóñez fue sancionado con solicitud de destitución por la Procuraduría General de la Nación, entidad que concluyó que el exsuperintendente “actuó con notoria negligencia”. El Consejo de Estado consideró que Morris Ordóñez “actuó con culpa por imprudencia, impericia, negligencia, falta de previsión”.

La resultante crisis financiera de 1982 fue tan grave y generó tanto temor entre los clientes del sistema bancario que, mientras la prensa registraba la quiebra de entidades financieras casi semanalmente, el recién elegido sucesor de Turbay, Belisario Betancur, tuvo que anunciar con anticipación a su posesión quién sería el superintendente bancario. Para calmar el nerviosismo de los cuentacorrentistas, anunció que el sucesor de Morris Ordóñez sería Germán Botero de los Ríos, exgerente del Banco de la República.

Entre los personajes de la crisis, uno tenía un ojo de vidrio y el otro recibió sobornos disfrazados.

Félix Correa Maya captaba dinero en Medellín en la compañía que él fundó, Financiera Furatena, pagando altos intereses para atraer depósitos. Construyó el edificio Furatena en el centro de la ciudad y su negocio era tan rentable que compró el Banco Nacional. Don Félix, como lo llamaban, tenía un ojo de vidrio y fue compositor de canciones que aparecieron en un long play del cantante antioqueño Fausto. Don Félix donó un elefante llamado Lady Furatena al zoológico de Medellín.

Hernando Marroquín Valencia era el jefe de inspectores de la Superintendencia Bancaria. Todos los inspectores dependían de él. Marroquín Valencia recibió sobornos de las entidades vigiladas. El soborno más elevado fue por 4.150.000 pesos, representados en depósitos a nombre de sus suegros en Mercantil Hipotecaria y Mercantil de Factoring, entidades que se quebraron en 1982. Los suegros, Fernando Henao Quintero y Nohemí Henao de Henao, no habían depositado el dinero. Lo consignaron las propias entidades para encubrir el soborno a su yerno. Marroquín Valencia devengaba un sueldo mensual de 61.801 pesos, de modo que la coima equivalía a más de cinco años de salario.

También recibió un Renault 18 que le regaló Eduardo Zambrano Caicedo, vicepresidente ejecutivo de otra entidad vigilada, el Banco del Estado, que luego se quebró en un escándalo de autopréstamos y falsificaciones. Zambrano Caicedo fue condenado por pagar sobornos en el escándalo de Odebrecht, que estalló en 2016.

Marroquín Valencia, a su vez, encubrió el soborno de uno de sus subalternos, Francisco Salcedo Osorio. Este adelantaba una visita en el Banco Nacional cuando su esposa, Cecilia Henao de Salcedo, recibió un crédito de 2.200.000 pesos sin garantía, tramitado y autorizado por Uldarico Robles Vivius, vicepresidente del Banco Nacional. Es decir, fue otro soborno disfrazado. Con ese supuesto crédito a la esposa del visitador, se giraron varios cheques a otros funcionarios de la Superintendencia Bancaria; algunos fueron cobrados por ventanilla. Hernando Marroquín Valencia fue destituido en 1983. En esa época, la papelería de la Superintendencia Bancaria, actual Superintendencia Financiera, reproducía en la parte inferior de cada hoja esta frase de Simón Bolívar: “La mejor política es la rectitud”.

Había una relación cercana entre los funcionarios de la Superbancaria y los vigilados. Botero de los Ríos, antes de ser nombrado superintendente, había ido un día a la Superintendencia en vísperas de Navidad y observó que de un camión descargaban cajas de licores y cuadros para los altos funcionarios.

Una de las entidades financieras que se quebró había invitado a Cali a la inauguración de una sucursal a dos altas funcionarias de la Superbancaria, que se alojaron en el Hotel Intercontinental por cuenta de la entidad vigilada.

Durante el Gobierno Turbay Ayala fue procurador general de la nación Guillermo González Charry. Ambos usaban corbatín y González Charry fue benévolo frente a las actuaciones del Gobierno. El procurador ya había conseguido una pensión de 90.000 pesos al mes, que todavía no recibía, pues seguía siendo servidor público. González Charry había presentado dos certificaciones de la Universidad del Cauca según las cuales en 1973 y 1974 había dictado en Bogotá una especialización en derecho laboral a un único alumno, con honorarios de 3.000 pesos. El alumno era un profesor de tiempo completo de la Universidad del Cauca en Popayán.

Una certificación pedida a la Universidad del Cauca en 1981 reveló que las dos certificaciones anteriores eran falsas. González Charry no dictó clases en 1974 y solo le pagaban 1.666 pesos al mes. El periódico El Liberal de Popayán escribió: “Si el señor procurador contraría la ley solicitando pensión mayor de la que le corresponde y si acumula no lo acumulable para mejorar el monto de su jubilación y, además, consigue y presenta certificaciones que contienen falsedades, para su mejor servicio y beneficio, ¿qué puede esperarse de quienes están bajo su mando, qué sentido moral podrán tener las investigaciones?”.

Cuando se revelaron las falsificaciones, González Charry reconoció que las certificaciones eran falsas y anotó: “Esto para mí es una sorpresa absoluta”. Luego se quejó de “una nueva insidia de mis enemigos gratuitos”.

Una investigación de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes fue archivada en 1985.

Aníbal Martínez Zuleta, oriundo de Valledupar, fue contralor general de la república de 1975 a 1982. Recibió sobornos del Banco del Comercio, ya desaparecido, como contraprestación por mantener una cuenta de la Contraloría en la sucursal Las Nieves de esa entidad. De esa cuenta se pagaban los sueldos de los 6.000 empleados de la Contraloría.

Las coimas se pagaban mediante el giro de cheques de gerencia a personas ficticias o beneficiarios irreales y eran cargadas de manera fraudulenta por el banco al rubro de reparaciones locativas. Los sobornos equivalían a entre el 1,7 por ciento y el 6 por ciento de los promedios de las cuentas bancarias de la Contraloría.

El banco había concedido a los funcionarios y familiares créditos que se amortizaron con las comisiones. La esposa del contralor recibió créditos por 6 millones de pesos y la hija, por 10 millones. Hernán Baute Meza recibió préstamos por 8.518.000 pesos, en tanto que a Darío Pavajeau Molina se le concedieron por 5.800.000 pesos y a Rafael García Vellojín, por 1.700.000 pesos. El secretario general y su esposa recibieron créditos por 200.000 pesos.

En 1985, el magistrado Alfonso Reyes Echandía, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, condenó a Aníbal Martínez Zuleta a tres años de prisión por los delitos de cohecho y prevaricato.

Martínez Zuleta (1927-2014) fue dueño de la emisora La Voz del Cañaguate en Valledupar y alcalde de esa ciudad.

La campaña de Martínez Zuleta a la Cámara de Representantes en 1974 la financió el terrateniente Carlos Arturo Marulanda Ramírez, que también costeó la campaña de Martínez Zuleta a la Contraloría en 1975. “Todo el mundo recuerda la suite del Hotel Dann de Bogotá, que durante cuatro meses repartió comida y trago gratis a los congresistas”, según la revista Alternativa. Martínez Zuleta era “en ese momento un ciudadano bastante pobre”, relató en una actuación judicial la periodista Consuelo Araújo de Molina, de Valledupar. Esta agregó: “Tomamos la aspiración del doctor Martínez de ser contralor general de la república como una cosa propia. Yo personalmente fui de las personas que recogió entre varios ciudadanos del Cesar cuotas voluntarias en efectivo unas, y otras en especie (licores) para enviarles al doctor Martínez y a sus amigos, instalados en una habitación del Hotel Dann”.

Carlos Arturo Marulanda Ramírez, embajador en Bruselas ante la Comunidad Económica Europea en 1991-1997, se apropió durante 21 meses del arriendo que pagaba la oficina comercial de Colombia por ocupar un piso de la embajada. La Corte Suprema de Justicia lo condenó por peculado a cuatro años de prisión.

Veinte años después de recibir sobornos como funcionario de la Contraloría, en el año 2000 Hernán Baute Meza, siendo director general administrativo del Senado, firmó 140 contratos irregulares para el proyecto de sistematización de la biblioteca del Senado. Los contratos se firmaron con amigos, familiares o paisanos de empleados y personajes del Senado. Los contratados no asistían al lugar de trabajo, no eran bachilleres y no sabían de bibliotecología. “El requisito que más se tuvo en cuenta fue, sin lugar a dudas, la familiaridad, la amistad, de personas que tenían que ver con el departamento de Caldas”, señala la sentencia que condenó a Baute Meza a 95 meses de prisión por peculado y falsedad. “Es bueno traer a colación lo que señala el informe de Policía Judicial, donde se deja entrever el amiguismo, favoritismo y descaro en la contratación que suscribiera el señor Hernán José Baute Meza, director general administrativo del Senado de la República”, indica el fallo.

Veinte años antes de ser presidente, Julio César Turbay Ayala fue ministro de Relaciones Exteriores. Los funcionarios de la Cancillería nunca lograban sentarse a hablar con él de asuntos oficiales porque “siempre estaba en alguna parte politiqueando o codeándose con congresistas”. Eso le comunicó uno de ellos en 1959 al consejero de la embajada americana en Bogotá, Milton K. Wells. “Turbay es antes que nada un político y nunca pierde de vista el aspecto político interno en sus actividades como canciller”, anotó Wells.

Turbay fue un presidente pintoresco que provocaba hilaridad en muchas personas por su corbatín infaltable, su voz nasal y los muchos chistes que sobre él circularon. Uno contaba que el presidente al llegar a Venecia, Italia, empezó un discurso así: “Queridos damnificados”. Otro decía que Turbay participó en un concurso en que se pedían palabras empezadas por hiper y que el presidente ofreció droguería. Le aclararon que eran palabras por hiper, como hipertensión, y él insistió en droguería: droguería y perfumería.

Turbay sostenía que él quería ser parte de la solución a los problemas y no un problema para las soluciones. En Cúcuta bailó borracho en el Club del Comercio en una fiesta en 1981 en que pidió a la orquesta que tocara El polvorete y luego se cayó al piso.

David Bushnell, el principal colombianista entre los historiadores de Estados Unidos, definió así a Turbay: “Un político profesional ligeramente corpulento cuya pajarita característica no era menos anacrónica que su estilo político, el del hábil manipulador leal a la organización del partido más que a cualquier conjunto de principios teóricos”.

Al finalizar el Gobierno, el director de El Espectador, Guillermo Cano, escribió: “Se caracterizó el periodo presidencial del doctor Julio César Turbay Ayala como una etapa de abierto predominio de la clase política sobre los otros sectores vivos de la nacionalidad”.

Roberto Soto Prieto, el hijo del periodista Jaime Soto, logró con un télex falso sustraer 13,5 millones de dólares de una cuenta del Gobierno de Colombia en el Chase Manhattan Bank. Fabio Puyo Vasco, gerente de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, se enriqueció ilícitamente con el contrato de la hidroeléctrica del Guavio.

En 1982, el Chase Manhattan Bank y el Manufacturers Hanover Trust concedieron al Gobierno de Colombia un préstamo por 47 millones de dólares para adquirir equipos para la Policía. Los dineros quedaron depositados en el Chase Manhattan Bank de Londres.

Para retirar fondos con el fin de pagar los contratos celebrados por el Ministerio de Defensa, el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda enviaba al Chase una notificación por medio del departamento internacional del Banco de la República mediante télex. Así se giraron 34,5 millones de dólares, quedando un saldo de 13,5 millones.

En mayo de 1983, el Chase recibió un télex que solicitaba girar el saldo a una cuenta de la República de Colombia en el Morgan Bank de Nueva York. Aunque el télex citaba en números 13,5 millones de dólares, en letras solicitaba 13 millones. El Chase pidió confirmación al Banco de la República y la recibió.

En realidad, esa cuenta no era de la República de Colombia, sino de Henry Russell, que repartió el dinero a otras cuentas en Suiza y Panamá. Los télex eran totalmente falsos.

El cerebro del fraude fue Roberto Soto Prieto, hijo del famoso periodista Jaime Soto. Soto Prieto y Russell fueron condenados a 84 meses de prisión. A 74 meses de prisión fueron condenados los demás miembros de la banda: Antonio Cebollero Campo (cuñado de Soto Prieto), Rafael Esteban Rodríguez Cristancho, Bernardo Bedoya Hoyos, Carlos Eduardo Mendoza Campo, Luis Alberto Orozco González, Nelson Torres Palomino y Ayda Cañizares Padilla.

Los télex eran falsos, pero sí se utilizó un teletipo del Banco de la República. Henry Russell había abierto la falsa cuenta a nombre de la República de Colombia con la ayuda de un falso oficial del Ejército.

Roberto Soto Prieto se radicó en Viena. Un tribunal austriaco negó la extradición pedida por Colombia acogiendo una declaración de Soto Prieto según la cual lo extorsionaba el M-19 y también porque el procedimiento penal colombiano no era igual a la Convención Europea de Derechos Humanos.

Fabio Puyo Vasco fue gerente de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá de 1982 a 1985. En 1981 se inició la compra de predios para la hidroeléctrica del Guavio, que terminó costando tres veces más de lo presupuestado y seis años de atraso en las obras. En la compra de tierras hubo un sobrecosto de 1.900 millones de pesos. Según una investigación de la Procuraduría hecha en 1992, Fabio Puyo no pudo justificar un incremento patrimonial de 1.075 millones de pesos. Su sueldo como gerente era de 7 millones de pesos. Las demoras en el Guavio causaron el apagón de 1992, cuando hubo que racionar la energía eléctrica. Puyo intentó justificar el aumento patrimonial en una supuesta asesoría por más de 400.000 dólares que le pagó una firma pesquera de una isla del Caribe. La dirección de la firma resultó ser la dirección de un restaurante. Otra asesoría supuestamente prestada en Venezuela también resultó falsa. En 1998 fue condenado a siete años de cárcel por enriquecimiento ilícito, pero no pagó cárcel, pues se fue del país y vivió en España y otros lugares.

Belisario Betancur (1923-2018) tenía una personalidad sociable y fue siempre un político cálido y extrovertido, según los diplomáticos de Estados Unidos. Con Marco Fidel Suárez, hijo de una lavandera, fue uno de los dos presidentes más pobres del siglo XX. Nació en Amagá, Antioquia, en una familia campesina de 22 hermanos, de los cuales sobrevivieron cinco. Su papá era arriero. Belisario Betancur fue el primero en usar calzado.

B. B. o Bélico, como se le llamaba, se inició en la política como partidario de la derecha más recalcitrante del ultramontano Laureano Gómez, pero al final sus posiciones cambiaron e intentó como presidente negociar acuerdos con varios grupos guerrilleros. Fundó una editorial, Tercer Mundo, fue abogado de la fábrica de brasieres Maidenform y mantuvo contactos con escritores y artistas.

En 1982, el Chase Manhattan Bank y el Manufacturers Hanover Trust concedieron al Gobierno de Colombia un préstamo por 47 millones de dólares para adquirir equipos para la Policía. Los dineros quedaron depositados en el Chase Manhattan Bank de Londres.

Para retirar fondos con el fin de pagar los contratos celebrados por el Ministerio de Defensa, el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda enviaba al Chase una notificación por medio del departamento internacional del Banco de la República mediante télex. Así se giraron 34,5 millones de dólares, quedando un saldo de 13,5 millones.

En mayo de 1983, el Chase recibió un télex que solicitaba girar el saldo a una cuenta de la República de Colombia en el Morgan Bank de Nueva York. Aunque el télex citaba en números 13,5 millones de dólares, en letras solicitaba 13 millones. El Chase pidió confirmación al Banco de la República y la recibió.

En realidad, esa cuenta no era de la República de Colombia, sino de Henry Russell, que repartió el dinero a otras cuentas en Suiza y Panamá. Los télex eran totalmente falsos.

El cerebro del fraude fue Roberto Soto Prieto, hijo del famoso periodista Jaime Soto. Soto Prieto y Russell fueron condenados a 84 meses de prisión. A 74 meses de prisión fueron condenados los demás miembros de la banda: Antonio Cebollero Campo (cuñado de Soto Prieto), Rafael Esteban Rodríguez Cristancho, Bernardo Bedoya Hoyos, Carlos Eduardo Mendoza Campo, Luis Alberto Orozco González, Nelson Torres Palomino y Ayda Cañizares Padilla.

Los télex eran falsos, pero sí se utilizó un teletipo del Banco de la República. Henry Russell había abierto la falsa cuenta a nombre de la República de Colombia con la ayuda de un falso oficial del Ejército.

Roberto Soto Prieto se radicó en Viena. Un tribunal austriaco negó la extradición pedida por Colombia acogiendo una declaración de Soto Prieto según la cual lo extorsionaba el M-19 y también porque el procedimiento penal colombiano no era igual a la Convención Europea de Derechos Humanos.

El aumento de la violencia tuvo uno de sus puntos más altos con la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, el 6 de noviembre de 1985 por parte del M-19.

El director de la Policía Nacional, nombrado por el presidente Barco, estaba en la nómina de Pablo Escobar. En el mismo Gobierno se destapó el escándalo de los sobornos pagados por la Ericsson en años anteriores a funcionarios de Telecom, del Ministerio de Comunicaciones y de la Empresa de Teléfonos de Bogotá.

El general José Guillermo Medina Sánchez fue nombrado director general de la Policía en agosto de 1986 por el presidente Virgilio Barco y estuvo en el cargo hasta enero de 1989. No se sabe exactamente por qué se retiró, pero en febrero de 1989 la revista Time lo acusó de estar en la nómina de Pablo Escobar y de tener nexos con el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, abatido ese año. El artículo señalaba:

Cuando el general José Guillermo Medina Sánchez, 53 años, fue retirado como jefe de los ochenta mil (80.000) miembros de la Policía Nacional de Colombia, los oficiales salieron con su uniforme, completo con sus sables ceremoniales. Pero la partida de Medina no era tan honorable como parecía. Oficiales de la Policía colombiana han dicho a Time que Medina fue destituido por órdenes del presidente Virgilio Barco Vargas después de que el general cayó bajo sospechas de estar en la nómina de Pablo Escobar Gaviria, patriarca de una de las familias líderes del cartel de la droga de Medellín.

Después de que Escobar escapó a la captura en una emboscada en uno de sus terrenos, el año pasado, los oficiales colombianos sospecharon que podría haber sido prevenido por Medina. Un seguimiento militar se asignó subsiguientemente para atrapar al general. La operación de espionaje militar estableció ligámenes entre Medina y Escobar y otro barón de las drogas, Gonzalo Rodríguez Gacha, apodado el Mexicano. Al no contar con la certeza de que la evidencia se mantuviera ante una corte, el Gobierno permitió al general su retiro. Dos días después de haber asumido el sucesor de Medina, general Miguel Antonio Gómez Padilla, la Policía Nacional lanzó la operación Primavera, el más exitoso golpe contra los productores de cocaína en la historia colombiana.

La justicia no investigó a Medina Sánchez por las acusaciones de la revista, pero la Corte Suprema de Justicia lo condenó a cinco años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito. En el proceso, la Fiscalía señaló que cuando el general fue jefe de la Policía Nacional “no se vieron verdaderas y decididas acciones contra los narcotraficantes, y las pocas que se intentaron resultaron frustradas por fuga de información”. Medina Sánchez, oriundo de Villa de Leyva, falleció en 2008.

En 1986, Gerardo Reyes, de la Unidad Investigativa de El Tiempo, publicó pruebas de los sobornos que la Ericsson pagó a funcionarios de Telecom y otros organismos estatales del sector. El director general de la compañía estatal entre 1966 y 1973, Francisco Lozano Valcárcel, recibió 176.000 dólares. A Rogelio Correa Cantor, vicepresidente de operaciones, le consignaron 109.000 dólares. Mario Gallego Patiño, gerente de la regional Bogotá, recibió 89.000 dólares, mientras que a Germán Duque Reyes, exsubgerente financiero de la Empresa de Teléfonos de Bogotá, le pagaron 58.000 dólares. Para Eduardo Suárez Glasser, exmiembro de la junta directiva de Telecom, hubo un pago de 49.000 dólares. El soborno más alto, por 382.000 dólares, se destinó a Humberto Chaves Navia, exjefe de la división de telefonía y telegrafía del Ministerio de Comunicaciones. Cuando el periodista Gerardo Reyes lo llamó, Chaves Navia respondió que no disponía de mucho tiempo porque tenía un fuerte dolor de muela.

Los desembolsos se hicieron en 1979 y 1980, en cuentas que los beneficiarios tenían en Panamá, Suiza y Estados Unidos. El monto total de los sobornos ascendió a 1.800.000 dólares, distribuidos por Hernando Pryor Varón, que era miembro de la junta directiva de la Ericsson en Colombia.

La justicia absolvió a Correa Cantor, Chaves Navia, Duque Reyes, Suárez Glasser y Pryor Varón. Nadie fue condenado.

Cuando se lanzó la candidatura presidencial de Virgilio Barco, nadie dudaba de su honorabilidad personal y de su trayectoria como ministro, alcalde de Bogotá, embajador y enviado de Colombia ante organismos económicos internacionales. Se dudaba de los promotores de su candidatura. Escribió Guillermo Cano, el director de El Espectador: “Amplios sectores de nuestra sociedad no entienden cómo puede enfrentársele al clientelismo un candidato que proclama sus reformas, proyectos y las transformaciones que tiene en mente apoyado en Santofimio, Guerra Serna, Name, López Gómez, Balcázar, los Turbay de varias ramas y el resto de la cacicada electorera”.

El biógrafo de Barco, Malcolm Deas, lo describió así: “Fue siempre digno, generalmente serio, discreto, austero, para muchos distante”. Agregó Deas sobre su Gobierno: “Barco se interesó en tres temas específicos, aparte de los que inevitablemente tienen que tratar los presidentes de Colombia: los asuntos indígenas, la historia patria ylos archivos”.