Cartagena está en peligro: prostitución infantil, drogas, extorsiones y asesinatos están acabando con la joya de Colombia

“Nos mantenían encerradas y sólo quitaban el candado para bajar a las mesas o pasar la comida”, contó una melancólica mujer que por varios meses fue confinada en un antro de esclavitud sexual en Cartagena. SEMANA llegó hasta estos oscuros cuartos propios de un inquilinato de mala muerte, que se convirtieron en los calabozos de decenas de mujeres sometidas a pagar, con trabajo sexual, una millonaria deuda a una organización criminal dedicada a la trata de personas. Así permanecían, bajo llave, como si estuvieran purgando una condena.

El establecimiento donde están los calabozos para mujeres es un prostíbulo, una casa de tres pisos con una brillante fachada en cerámica y un sugestivo letrero con la forma de piernas femeninas iluminadas con luces led. Está ubicada a 45 minutos del Centro Histórico de Cartagena, en el barrio El Bosque.

La entrada permanece escoltada por media docena de recios y fornidos hombres que requisan y buscan infiltrados, al tiempo que les dan la bienvenida a rubios extranjeros que dejan los dólares para el pago de una deuda que las mujeres del lugar nunca pactaron.

El ingreso no fue fácil y resultó necesario usar cámaras escondidas para tener el registro de este sitio de lujuria para clientes y de tortura para mujeres que deben pavonearse ligeras de ropa en busca de clientes. Se paran junto a la barra, contra las paredes o caminando entre las mesas, mientras los ocasionales visitantes se agrupan en la tarima a la espera de un show alternado por las víctimas de turno, que se suben cada dos horas en busca de los billetes que les ponen, a cada paso, en sus pantis. Si están de suerte, el baile termina con una conquista efímera, una transacción.

Las mujeres ofrecen servicios sexuales por tarifas que van desde los 200.000 a los 400.000 pesos, los que más pagan, generalmente, son los extranjeros. Cuando el negocio se pacta, la ruta lleva al fondo del burdel, a una pequeña puerta vigilada por una improvisada recepción donde atiende una mujer. Es la encargada de coordinar el orden, entrega papel higiénico con un preservativo, y calcula con rigurosidad los tiempos de cada habitación, máximo 15 minutos por experiencia.

Las habitaciones, como llaman a estos lugares con apariencia de calabozos, son cuartos de dos metros cuadrados con baldosines sin brillo que llegan hasta la mitad de las paredes. La cama es una colchoneta impermeable tirada sobre una plancha de cemento también decorada con baldosas. En el mismo espacio hay un baño sin puerta, un inodoro y un lavamanos.

Los calabozos se sellan con viejas puertas de madera, todas tienen un pasador y un candado para evitar la fuga de las mujeres. Así, en fila y enfrentadas, están las 12 habitaciones que se ven en el primero de los tres pisos de la casa donde se construyó este burdel, como muchos en Cartagena.

“Uno trabaja toda la semana, nos permiten caminar por el sitio, por los tres pisos, pero mientras estamos durmiendo les ponen candado a las habitaciones… yo te digo, ahí lo que tenemos es una esclavitud, no te dejan salir”, le dijo a SEMANA una de las mujeres que, después de meses, logró escapar del cautiverio. Eso sí, sólo lo pudo hacer hasta pagar una deuda que se acumulaba con cada plato de comida.

El sitio ha conservado la misma razón social por más de cinco años. La Fiscalía lo allanó, capturó y judicializó al administrador. La Policía lo ha sellado en cuatro oportunidades, pero sigue funcionando, sin límite de horario y con la complicidad de autoridades locales, que ignoran las denuncias. Por el contrario, les permiten tener las luces prendidas y las puertas abiertas bajo la fachada de que se trata de un “club”.

“Las jóvenes son contratadas en Bogotá y les entregan un pasaje a Cartagena. Son trasladadas al sitio donde funciona la discoteca, este es un lugar que denominan ‘club’ y por eso funciona 24 horas al día”, dijo la directora seccional de fiscalías en Bolívar, Ibeth Cecilia Hernández, tras reconocer, con frustración, cómo los dueños de este antro se burlan y retan a la justicia.

Lo que resultó vergonzoso en la investigación de la Fiscalía fue identificar a una patrullera de la Policía, irónicamente vinculada a Infancia y Adolescencia, quien supuestamente formaba parte de la red. La proxeneta uniformada fue capturada y se descubrió cómo inducía a sus propias compañeras de la Policía para sumarse a la red de explotación sexual.

Cuando SEMANA ingresó, apenas arrancaba la jornada en una noche de sábado. Ofrecieron una mesa redonda y pequeña para dos cervezas. Al lado, había un grupo de turistas ucranianos, tomaban whisky mientras esperaban los turnos de dos shows privados que, con señas, los meseros les ofrecieron por el consumo. Diez minutos después llegó la Policía y de un grito una capitana paralizó el burdel.

“Caballeros a la derecha y señoritas en la parte de atrás, ninguna se va para las habitaciones”, dijo la capitana que dirigía el operativo. Los uniformados revisaron documentos, requisaron a los clientes y verificaron que el sitio tuviera todo en regla. De este procedimiento, el burdel salió invicto.

La advertencia de un desconocido dejó al equipo periodístico al descubierto. “Nos vemos afuera”, le dijeron en voz baja al camarógrafo de SEMANA, que se atrevió a ubicar en sus bolsillos la cámara para grabar la aberrante experiencia en este espacio que, en el día, según la Fiscalía y las víctimas, esclaviza y encarcela a las mujeres, y en la noche las explota sexualmente.

La amenaza obligó a buscar protección de la Policía. Desde una patrulla, el camarógrafo dejó constancia de los responsables de invitarlo a la calle. Tres hombres que no apartaban la vista de quienes, sin uniforme, estaban junto a los policías que hacían un balance del operativo.

Lo que se investiga y que lleva a entender por qué las mujeres, víctimas de esta explotación y esclavitud sexual, no se atreven a denunciar o huir, es que los dueños de estos antros serían cabecillas de organizaciones criminales como el Clan del Golfo, que bajo amenaza se apoderaron del oscuro y gigantesco negocio de la trata de personas.

La muerte también camina por las calles del empedrado centro histórico y sus pobres, casi miserables, barrios aledaños. En lo corrido del año son más de 105 las víctimas de homicidio, el 70 % de los casos, según la Fiscalía, son bajo la modalidad de sicariato. En La Heroica hay una horda de asesinos identificada como el Grupo de la Muerte. Adolescentes reclutados por el Clan del Golfo que se convirtieron en un ejército privado y entrenado.

Nadie está a salvo. SEMANA conoció el testimonio de una persona que reveló cómo funciona la red de asesinos que, por encargo, ofrecen el “servicio” de sicariato. Los homicidas reciben sueldo mensual y bonos por víctimas acumuladas, mientras más muertos más billete, una especie de ascenso o comisión criminal.

“Los entrenan, tienen superiores y les dicen que esperen la llamada. Les avisan que vayan al lugar. Ellos van a hacer su diligencia (homicidio), después el dinero se les pasa a las cuentas. Cada servicio que hacen les van aumentando el sueldo, en una suerte de esquema de ascensos”, contó el testigo.

Fue justamente en Cartagena donde asesinaron al fiscal paraguayo Marcelo Pecci, en una operación milimétrica que incluyó la participación de dos sicarios en una moto acuática en Barú. Los homicidas, de acuerdo con el testigo que habló con SEMANA, son entrenados por el Clan del Golfo en el departamento de Córdoba. Regresan a La Heroica armados y dispuestos a matar.

“Se los llevan como a prestar el servicio, eso sí, con una advertencia, no pueden hablar porque les matan a sus mamás y siguen con sus otros familiares. Les hacen una investigación y luego empiezan a trabajar. La graduación es un audio de un cabecilla que los amenaza de muerte en caso de fallar”, señala la versión del testigo.

Las víctimas son, en su mayoría, rivales de una guerra entre dos organizaciones criminales que se disputan el control del tráfico de drogas. Sin embargo, también hay turistas que buscan sol y playa, pero encuentran la muerte. Así ocurrió con uno que fue asesinado por sicarios mientras se movilizaba en una chiva rumbera por las calles de Cartagena, o la extraña muerte de dos neerlandeses tras una presunta intoxicación.

Las cifras de la Fiscalía indican que, en promedio, son asesinadas dos personas cada día. Una cruda estadística que supera toda tolerancia institucional y que tiene preocupadas a las autoridades judiciales.

Una pandilla infantil recorre las calles del centro histórico de Cartagena, son niños de entre seis y diez años de edad usados por las organizaciones criminales para atracar, marcar a los turistas y distraer a la Policía.

Los niños deambulan por las calles, en pantaloneta y chanclas desgastadas, algunas amarradas con alambre para sostenerse. Nada les impide correr, huir o meterse en un tumulto de gente para llegar a los bolsillos de los turistas, parece un juego. Cuando ven la oportunidad, se agolpan y en cuestión de segundos, como una ronda infantil, rodean al turista y lo dejan limpio.

Aparecen a altas horas de la noche en las esquinas de la conocida Torre del Reloj. Llegan con sus padres, que, luego de unos minutos, los dejarán en un parque. Los niños, en su inocencia, asumen que están en su espacio, en el patio de la casa.

“¡Jajajaja, auxilio!”, gritan los niños cuando los ubica la Policía, pero de inmediato se burlan de la autoridad mientras sus padres, a una cuadra, vigilan en qué patrulla se los llevan para esperarlos a las afueras de la comisaría de familia.

Los niños no hablan con extraños, pero en las entrevistas con la Policía tienen un libreto. No revelan con quién llegan, quién se queda con el dinero o dónde pasarán la noche. Todos repiten, en medio de risas inocentes, que solo buscan algo de comer.

“Nos salimos solos y más tarde regresamos, no sabemos dónde están mis papás”, recita cada niño que pasa a la entrevista con los impotentes policías de Infancia y Adolescencia. En una hora de operativo, la Policía encontró una docena de niños.

Los ciudadanos, comerciantes y turistas advierten que Cartagena nunca estuvo peor. La situación de inseguridad reventó las cifras y el pie de fuerza de la Policía, 2.553 uniformados, no da abasto para darles tranquilidad al millón de habitantes y a los casi 300.000 turistas que recibe cada año. Los hurtos están desbordados, más de 6.000 denuncias en 2022 y este año el aumento resulta dramático.

Ni los turistas en las playas se salvan de las estafas con platos de mojarras a dos millones de pesos. No hay control de precios, ni acompañamiento a los estafados. En las calles advierten que la esperanza está en el cambio de Gobierno. Fueron administraciones difíciles en años anteriores. Media docena de alcaldes que no alcanzaron a cumplir su periodo por sanciones disciplinarias o procesos judiciales.

El actual alcalde, William Dau, se concentró, según los empresarios, en librar batallas y lanzar ofensas por redes sociales. Dau tiene investigaciones disciplinarias en la Procuraduría y fiscales en la Contraloría por presuntas irregularidades en contratos. Su paso por la administración ha sido un tire y afloje con los organismos de control, a los que criticó con vehemencia.

SEMANA llegó hasta la Alcaldía, que, curiosamente, está a unos metros del escenario de mayor conflictividad en la ciudad. Se buscó una respuesta de la entidad, pero después de varios intentos, de contactar incluso al propio alcalde, no fue posible conocer su opinión. Como dirían en Cartagena, se quedaron colgados de la hamaca mientras SEMANA esperaba una llamada para cumplir con la cita aplazada.

Mientras tanto, la joya amurallada pierde su brillo, y la opacidad llega vestida de prostitución, pobreza y muerte.