Cada febrero, millones de trabajadores en Colombia reciben sus cesantías, una prestación que cumple una doble función: servir como un seguro en caso de desempleo y facilitar el acceso a vivienda o educación.

Sin embargo, más allá de este rito anual, el sistema de cesantías enfrenta un escenario cambiante, impulsado por la evolución del mercado laboral y las nuevas modalidades de empleo. ¿Será necesario transformarlo para incluir a los trabajadores de la economía gig o autónomos? ¿Cómo puede adaptarse para seguir cumpliendo su función protectora en un contexto de alta informalidad?

En Colombia, el trabajo formal es un privilegio para pocos, y las contrataciones por prestación de servicios han ganado terreno, ampliando el vacío de la seguridad social. Según Asofondos, en 2024 se consignaron cerca de 11 billones de pesos en cesantías, pero solo una parte de los trabajadores del país está afiliada a algún fondo de pensiones y cesantías, lo que refleja una alta tasa de informalidad.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, señala que las nuevas formas de empleo, como los contratos por prestación de servicios y la economía gig, han generado brechas en la cobertura social. "Cualquier intento de introducir la obligatoriedad de aportes a las cesantías en el contexto de plataformas digitales iría en contravía de la formalización“, advirtió.

Aunque las indemnizaciones son fundamentales para proteger a los trabajadores ante la pérdida de empleo, Mejía argumenta que “muchas personas internalizan ese aporte como un costo inmediato y no como un beneficio futuro”, lo que podría hacer menos atractiva la formalización para quienes laboran en plataformas digitales o como independientes.

Con el objetivo de incluir a más trabajadores en el sistema de ahorro y protección social, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) adaptó sus productos para los trabajadores no formales.

Laura Roa Zeidán, presidenta del FNA, explica que actualmente ofrecen el plan de Ahorro Voluntario Contractual (AVC), que permite a los trabajadores independientes y a quienes no cuentan con un contrato formal, como los contratistas o vendedores informales, hacer aportes voluntarios.

“El AVC Plus está dirigido a aquellos que declaran renta y no tienen contrato formal, permitiéndoles aportar un mínimo de 1,2 salarios mínimos mensuales”, precisó Roa Zeidán. Además, el AVC tradicional está diseñado para quienes están en la informalidad y permite ahorrar de forma flexible, sin necesidad de aportar en un día específico del mes.

De esta forma, desde el FNA se ha impactado positivamente a muchos colombianos fuera del sistema laboral formal. Esperanza Gil, una trabajadora informal que vende chontaduro, cuenta cómo accedió a un crédito para vivienda a través del FNA. “Nunca imaginé que alguien como yo, que vende chontaduro, podría acceder a un crédito para vivienda. Hoy tengo mi casa propia”, dice con emoción. Todos los meses, Gil ahorraba 50.000 pesos con el FNA.

Luis Alfonso Rivaldo, un motocarrista en Soledad, Atlántico, también logró acceder a un crédito para vivienda con el FNA, ahorrando 70.000 pesos al mes. “Gracias al Fondo Nacional del Ahorro, tengo un hogar propio”.

El debate sobre la reforma del sistema de cesantías está abierto. Algunos proponen adaptarlo para incluir trabajadores autónomos o independientes. Una opción que se discute es permitir que los trabajadores por cuenta propia puedan hacer contribuciones voluntarias a un fondo de cesantías, con incentivos fiscales o subsidios parciales. Otros sugieren un modelo híbrido, en el que empleadores y trabajadores compartan los aportes de manera flexible, adaptándose a las nuevas formas de empleo.

Sin embargo, expertos como Luis Fernando Mejía de Fedesarrollo advierten que cualquier cambio en el sistema de cesantías debe hacerse con cautela. "Mientras no avancemos en la formalización laboral, cualquier cambio podría tener un alcance limitado“, advierte. En su opinión, una solución podría ser una reforma al sistema de protección al cesante, financiada con recursos públicos y enfocada en los trabajadores más vulnerables.

Por otro lado, Óscar Becerra, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, señala que el sistema de cesantías ha sido efectivo para los trabajadores asalariados, pero la alta tasa de informalidad complica su aplicación.

“Con una tasa de informalidad cercana al 60%, es difícil imaginar un sistema que obligue a los trabajadores por cuenta propia y rurales a contribuir a las cesantías”, afirma. Becerra sugiere que en lugar de hacer más flexible el sistema, se deben desarrollar elementos complementarios en la seguridad social para apoyar a los hogares desempleados, como el programa Ingreso Solidario durante la pandemia.

Santiago Rodríguez Raga, profesor en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, resalta que cerca del 50% de la población en Latinoamérica está en la informalidad, lo que afecta la seguridad social. A pesar de la dificultad de incluir a los informales en el sistema, propone incentivar la formalización laboral. “Habría que capacitar a las personas, darles capital humano y hacerlas más fuertes”.

Rodríguez también plantea que los aportes de los trabajadores informales a las cesantías deberían ser más flexibles. “Los aportes podrían ser menos regulares, porque los informales no tienen ingresos periódicos establecidos”, explica. El profesor sugiere que los trabajadores independientes contribuyan a una especie de seguro de desempleo, “un ahorro que podrán utilizar más adelante”, dice, destacando los beneficios de un sistema de cesantías más inclusivo.

En medio de este debate, el futuro de las cesantías se enfrenta a grandes retos. La pregunta clave es cómo hacer que el sistema de protección social sea efectivo para todos los trabajadores, formales e informales. Con la informalidad como uno de los mayores obstáculos, la solución podría ser un sistema más inclusivo que proteja a los trabajadores formales y a aquellos en la economía digital, promoviendo, además, la formalización laboral.