Reforma tributaria de Petro: ¿más de lo mismo?

No es novedoso que un gobierno entrante traiga consigo una reforma tributaria y con ella la inclusión de nuevos impuestos. Ya nos acostumbramos a recibir casi cada año modificaciones a la ley tributaria que tienden a acomodar nuestra legislación a los últimos gritos de moda en materia internacional. Sin duda, Colombia en materia legislativa tiene un talante vanguardista que lastimosamente no va acompasado con el desarrollo social y económico.

Definitivamente no hay que nadar contra la corriente y el país se acoge a las directrices que, alineadas con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), incluyen impuestos contra los productos con azúcar o sobre aquellos que castigan el uso de plásticos de un solo uso.

Lo que impacta realmente no es adaptarse, el problema es hacerlo mal, y es que basta con leer las normas de impuestos como el que grava los plásticos para constatar su redacción deficiente que aún hoy, meses después de la expedición de la ley, genera tal confusión en el empresariado que nadie tiene claro quién debe actuar como responsable del mismo.

La falta de rigor es regla general y no es exclusivo del Ejecutivo; basta con revisar las grabaciones de las discusiones al interior del Congreso para concluir efectivamente la falta de debate. Muestra de ello es el impuesto a las bebidas azucaradas que parecería hecho para gravar simplemente a un par de compañías o la modificación a los delitos tributarios que bajan montos o impiden la extinción de las acciones penales sin justificar de manera alguna su razonabilidad.

Así llegaron y así se quedaron, salvo que, en protección de la nunca bien ponderada Constitución Nacional, sea la Corte quien con cordura y rigor retire del ordenamiento lo que definitivamente desconoce principios básicos como el de igualdad y certeza, como manifestación del principio de legalidad.

Me pregunto si estamos frente a más de lo mismo y este artículo podría ser replicado después de cada reforma fiscal o, por el contrario, somos testigos de un decaimiento en el análisis de las ideas que genera ese esperpento de normas que más parece una mala traducción que la redacción juiciosa de disposiciones que van a regir las obligaciones en sustancia y forma que los individuos y las compañías debemos seguir.

Y qué esperar de la tasa mínima de tributación, el impuesto ahora permanente al patrimonio y el apretón a los denominados “ricos” de nuestro país. Hay una máxima clara que se viola con el actuar populista de algunos: si ahorcas a los empresarios y a quienes generan trabajo y riqueza, la economía se estanca y la inversión huye.

Pecaré por crudeza, pero hay que ser claros, la clase media trabajadora y generadora de ingresos no aguanta variaciones de imposición fiscal (al retirar y limitar beneficios) del 40 % y 50 %. Tampoco es razonable que la tributación entre sociedad y socio llegue a tarifas combinadas del 48 % y hasta 60 %.

Hoy no existe interés en constituir una sociedad para emprender; volvamos al ejercicio de nuestros negocios como personas físicas, pues, de otra manera, el socio Estado confiscará la utilidad.

No estamos conscientes de lo que pasó con esta reforma y de lo que nos espera. Es desesperanza y confusión la consecuencia de la Ley 2277 y definitivamente habrá que enfilar baterías para tratar que primen los principios constitucionales de equidad, eficiencia y progresividad que deben regir el régimen tributario.

Educación tributaria, simplificación del sistema y verdadera lucha contra la evasión es lo que incrementa el recaudo, pero esto no se hace con la contratación de diez mil nuevos funcionarios. Sí se logra con la redacción de normas claras que puedan ser interpretadas por su sentido obvio y con la búsqueda de herramientas tecnológicas y prácticas que permitan la formalización y terminen de una vez por todas con la informalidad.

Finalmente, es claro que hay que invertir más en el crecimiento profesional de los funcionarios de la Administración que para hacer honor a la verdad, hacen un trabajo inmenso con herramientas precarias. A los operadores del derecho, los insto a salvaguardar con los recursos y los medios de control, el balance dentro de esta República y Estado social de derecho.