El futuro de la sostenibilidad en la era de Trump: ¿Cómo está impactando a Colombia?

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca encendió las alarmas sobre el rumbo de la acción climática a nivel global. Como la mayor economía del mundo y uno de los principales emisores históricos de gases contaminantes, Estados Unidos comenzó rápidamente a desmontar políticas clave para enfrentar la crisis ambiental, poniendo en riesgo el frágil consenso logrado en las recientes cumbres internacionales.

En un discurso frente al Congreso, proclamó: “Tenemos más oro líquido bajo nuestros pies que ninguna otra nación de la Tierra”, y agregó que había autorizado al equipo “con más talento jamás reunido para ir a buscarlo”. Además, firmó una orden ejecutiva para iniciar el retiro formal del Acuerdo de París: “Vamos a poner fin a esta estafa global”, dijo.

Además de reactivar proyectos de exploración petrolera y gasífera, incluso en zonas protegidas como el Ártico, su administración también revirtió más de cien regulaciones ambientales y congeló fondos destinados a energías limpias e infraestructuras resilientes. También proclamó una emergencia nacional para liberar la producción energética interna y criticó la transición energética: “Los molinos de viento matan pájaros, arruinan paisajes y no funcionan sin subsidios”, expresó.

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Las secuelas podrían ser profundas. Washington abandonó el Fondo Verde del Clima, se retiró de iniciativas como las Asociaciones para una Transición Energética Justa (JETP, por su sigla en inglés) y ejerce presión para frenar avances en organismos multilaterales. Este retroceso amenaza no solo el financiamiento climático internacional, sino también los mecanismos de cooperación construidos durante décadas bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Rumbo a la COP30

Frente a este escenario, Colombia no ha optado por el repliegue. Ha intensificado su diplomacia ambiental buscando nuevos aliados, fuentes alternativas de financiamiento y una voz más activa en escenarios multilaterales. “El país ha asumido una postura activa y coherente en su política exterior climática. Promueve la cooperación solidaria y el compromiso colectivo como pilares para avanzar hacia un desarrollo sostenible e inclusivo”, explicaron desde la Cancillería.

Este posicionamiento ya se refleja en alianzas sólidas con países europeos como Alemania, Francia y Dinamarca, así como con la Unión Europea (UE) como entidad multilateral. También participa activamente en mecanismos como el Fondo Verde del Clima, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y el nuevo Fondo para Pérdidas y Daños. Además, el país ha comenzado a impulsar propuestas estructurales para reformar el sistema financiero internacional, como la incorporación del capital natural en las evaluaciones económicas globales. Una idea que ya ha encontrado eco en naciones como Alemania y Kenia.

Mientras el mundo espera señales de Washington, Colombia también toma protagonismo en otros frentes. En la próxima COP30, asumirá la presidencia pro tempore del grupo Ailac (Asociación Independiente de América Latina y el Caribe), desde donde buscará liderar una agenda centrada en justicia climática, adaptación y transferencia de tecnología. También forma parte de nuevas coaliciones como el Tratado de No Proliferación de los Combustibles Fósiles, junto a otras naciones vulnerables que exigen acelerar el fin del petróleo, el gas y el carbón.

“Estamos impulsando la creación de un instrumento global para una transición justa y equitativa hacia economías libres de combustibles fósiles”, señalaron desde el Ministerio de Ambiente. Esta propuesta cobra fuerza precisamente cuando Estados Unidos, bajo la administración Trump, podría desacelerar sus compromisos climáticos.

Más allá de Washington

Pero más allá de los escenarios formales, el nuevo contexto exige una lectura estratégica del mapa global. Así lo advirtió María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham): “En el caso de Colombia, teniendo en cuenta las diferencias ideológicas entre la administración Trump, que prioriza la desregulación ambiental y el impulso a industrias extractivas, y el Gobierno Petro, que ha buscado posicionar la transición energética y la protección del Amazonas como ejes de su agenda internacional, es previsible que haya divergencias en acciones y prioridades frente al cambio climático”, apuntó.

Sin embargo, también señaló que en Estados Unidos existen procesos institucionales, estatales y corporativos que siguen avanzando, independientemente de la Casa Blanca. Esto implica un cambio de estrategia para Colombia, que debe concentrar esfuerzos en identificar estados, universidades y empresas comprometidas con la sostenibilidad para mantener el ritmo de transición energética.

Ese enfoque es aún más urgente en regiones que dependen del respaldo internacional. Alexis Damancio Silva, secretario de gobierno indígena del Resguardo Tikuna, Cocama y Yagua (Ticoya), en el Amazonas, lo explicó con claridad: “Los programas financiados por Estados Unidos en temas de derechos humanos, trata de personas y consumo de sustancias psicoactivas se han obstruido. Eso ha generado un aumento de problemáticas como la prostitución, el suicidio y el trabajo ilícito”. Con 171.000 hectáreas de selva y poca presencia estatal, estos territorios sienten con crudeza el retiro de los recursos internacionales.

Desde la academia, también hay señales de alerta. Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad Ean, advirtió sobre el efecto dominó que puede generar un Estados Unidos indiferente: “Cuando el mercado más grande del mundo ignora los estándares de sostenibilidad, muchos proveedores bajan la guardia”, señaló. Esto debilita los compromisos globales y castiga a quienes cumplen con las reglas.

Aun así, Baptiste insistió en que Colombia no debe esperar instrucciones: “Si desarrollamos políticas propias, los beneficios colaterales, como la calidad ambiental, pueden monetizarse en términos de bienestar colectivo”. Además, destacó el papel de tecnologías como la inteligencia artificial para diseñar nuevos modelos ecosistémicos: “Sin ella, no saldremos de la crisis ambiental”.

En el sector privado, el posible efecto Trump se interpreta como una prueba de coherencia empresarial. “Los cambios de política pueden enviar un mensaje equivocado a las empresas: como que la inclusión o el cambio climático ya no importan”, advirtió Jaime Arteaga, director de la firma JA&A. No obstante, también identificó una ventaja competitiva para quienes mantengan el rumbo: “Las compañías que sostienen su compromiso serán las que prosperen. Muchas ya afirman que su estrategia es la sostenibilidad”, aseguró.

En la misma línea, Sergio Rengifo, director ejecutivo de Cecodes, subrayó que “la sostenibilidad debe verse como una estrategia de negocio, no como un discurso ambientalista. Incluso si Estados Unidos se retira del Acuerdo de París, es una oportunidad para demostrar que se puede competir en un mundo cambiante gestionando bien los riesgos sociales y ambientales”. Para Rengifo, fenómenos como los incendios en California o las inundaciones en el metro neoyorquino demuestran que la crisis climática ya no es un riesgo futuro, sino una realidad que exige nuevas formas de producir, asegurar y construir.

Así, Colombia se mueve en un doble carril: aprovechar las oportunidades que ofrecen la tecnología, los nuevos mercados y los aliados comprometidos, y al mismo tiempo blindarse frente a una posible ola global de desinterés ambiental. Los expertos consultados coinciden en que el futuro de la sostenibilidad no depende solo de quién ocupe la Casa Blanca, sino de la capacidad de los países y sus empresas de construir sus propios caminos.

Repensar el liderazgo

La VIII Cumbre de Sostenibilidad, del próximo 15 de julio, analizará los desafíos de la agenda ambiental global en un nuevo contexto geopolítico y cómo Colombia puede fortalecer su liderazgo y trazar rutas propias hacia una economía baja en carbono, más allá de las coyunturas internacionales.

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