Elecciones en la era de los “deepfakes”: cómo la IA desafía la confianza electoral en Colombia

En un continente donde seis de cada diez ciudadanos confían en sus procesos electorales, Colombia se prepara para unas presidenciales que pondrán a prueba la solidez de sus instituciones y la madurez de su democracia.

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Con la mirada puesta en 2026, la Procuraduría General de la Nación presentó su decálogo de Paz Electoral, una hoja de ruta para blindar los comicios bajo principios de transparencia, seguridad y legitimidad. Pero el verdadero desafío —como advierten informes internacionales recientes— no consiste solo en custodiar las urnas, sino en recuperar la confianza de una ciudadanía cada vez más distante del poder público.

Como parte de esta estrategia, el 31 de octubre, en Bogotá, se llevará a cabo el Foro Paz Electoral, un espacio de reflexión convocado por la Procuraduría General de la Nación junto a Foros Semana. El encuentro, que tendrá lugar en el Hotel JW Marriott, contará con la participación del procurador Gregorio Eljach, representantes de instituciones, expertos y líderes de opinión.

El objetivo es fortalecer la conversación nacional sobre la transparencia, la convivencia y la confianza en las elecciones de 2026, frente a la desinformación, la polarización y cualquier amenaza al proceso democrático.

El documento ‘Paz electoral’ compromete a la Procuraduría para actuar como garante de un proceso libre y seguro en los más de 14.000 puestos de votación del país. Entre sus medidas, la entidad desplegará delegadas de asuntos electorales, vigilará la conducta de los servidores públicos y coordinará acciones con las Fuerzas Armadas y la sociedad civil.

Sin embargo, su propósito va más allá de lo logístico: busca restaurar la credibilidad democrática en un país donde, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2024, el 93 % de las denuncias de corrupción entre 2010 y 2023 no derivaron en condenas.

“Las democracias mueren cuando son ineficaces, cuando excluyen y cuando sus élites no las examinan críticamente ni actúan para reformarlas”, advierte el informe ‘Report on the Future of Democracy in Colombia’.

Esa ineficacia tiene consecuencias directas en la percepción ciudadana. El mismo informe señala: “Colombia sigue siendo un ‘orangután en esmoquin’, una metáfora que resume la paradoja de su democracia: un sistema con atributos positivos que convive con niveles extremos de violencia, corrupción e inequidad”. De ahí que el llamado de la Procuraduría a unas elecciones en paz no sea solo institucional, sino cultural: implica recuperar la legitimidad de las reglas del juego.

Retos para fortalecer la confianza en las elecciones

La Misión de Veeduría Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en su informe sobre las elecciones de 2022, ya había advertido sobre las grietas de confianza en el sistema. Las discrepancias entre el preconteo y el escrutinio en las legislativas revelaron irregularidades en más de 28.000 mesas y diferencias superiores a un millón de votos para el Senado.

“Las irregularidades mencionadas obligaron a revisar las causas técnicas y humanas en aras de restablecer la certeza del sistema electoral”, señaló la misión, que también reconoció el papel de la sociedad civil organizada —especialmente la Misión de Observación Electoral (MOE)— como contrapeso clave frente a la desconfianza.

Ese contraste entre desconfianza y vigilancia ciudadana refleja uno de los mayores dilemas democráticos del país. Aunque en 2022 Colombia registró la participación más alta en una elección presidencial desde 1998 (58 %), el Carter Center advirtió que “las deficiencias en las elecciones legislativas supusieron un duro golpe a la confianza en el sistema”. Aun así, la elección de Gustavo Petro fue aceptada por todos los sectores, un síntoma alentador en medio de la polarización.

“El amplio margen de la victoria significó que los resultados fueron aceptados por todo el país”, concluye el informe.

La Procuraduría asume un papel clave en la protección de la neutralidad del Estado y la integridad del proceso electoral. Desde su función preventiva y pedagógica, impulsa acciones que fortalecen la transparencia institucional y promueven la confianza ciudadana.

En coordinación con autoridades locales, organismos de control y la sociedad civil, la entidad busca garantizar que la participación política se desarrolle en condiciones de igualdad y respeto por las normas democráticas.

A esta labor se suma el persistente problema de la violencia política. Solo entre marzo de 2021 y febrero de 2022 se registraron 516 hechos de violencia contra líderes sociales y candidatos, un aumento del 98,5 % frente a las elecciones anteriores.

“A pesar de los esfuerzos institucionales, la violencia política continúa siendo un fenómeno preocupante”, señaló la OEA, alertando sobre la presencia de grupos criminales que condicionaron campañas enteras. En este contexto, la Procuraduría busca posicionarse como garante de la seguridad del sufragio, promoviendo elecciones libres de amenazas y discursos de odio.

Elecciones en la era de los deepfakes

Pero las amenazas no solo se manifiestan con armas. Hoy, la desinformación y la manipulación digital constituyen nuevas formas de violencia electoral. El PNUD (2023) alertó: “La propagación de la contaminación informativa se ha convertido en un desafío crítico, socavando la confianza en los procesos democráticos”.

Deepfakes (videos falsificados creados con inteligencia artificial, junto con los bots y el contenido manipulado), moldean percepciones y erosionan la credibilidad de las instituciones. “Al desafiar la confianza depositada en los procesos electorales, la información manipulada aumenta el riesgo de resultados impugnados o rechazados”, advierte el documento.

El Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA, 2025) amplía el diagnóstico: “La inteligencia artificial podría reconfigurar el panorama electoral de América Latina al exacerbar los problemas existentes en la creación, selección y difusión de información”. En México, por ejemplo, se registraron 44 casos de uso de IA en campañas locales y 205 denuncias por violencia política de género, la mayoría amplificadas en redes sociales.

En este entorno, Colombia no es ajena a los riesgos. IDEA alerta que “los actores políticos han buscado distorsionar el ecosistema informativo para ganar o retener el poder”, y que los algoritmos priorizan contenido de baja calidad, pero alta interacción, alimentando la polarización.

El desafío, por tanto, no solo es técnico, sino ético. “Las elecciones no pueden cumplir su función sin una realidad compartida basada en hechos”, sostiene IDEA.

La Procuraduría ha intentado responder con campañas pedagógicas —como ‘Menos ofensas, más respeto’— que promueven el respeto digital, pero su alcance es limitado frente a la velocidad del contenido manipulado.

“Renovar la confianza pública en las instituciones democráticas y fortalecer el Estado de derecho son esenciales para proteger los procesos electorales de cualquier consecuencia perjudicial de la IA”, concluye el informe.

Transparencia y confianza: la otra batalla por la democracia

El reto es aún mayor al observar las correlaciones regionales entre corrupción e integridad electoral. Según Transparencia Internacional (2024), “la confianza en la integridad de las elecciones es esencial para una democracia funcional”, pero esa confianza depende de la capacidad ciudadana para sancionar a los corruptos.

En América Latina, los votantes suelen perdonar —o incluso premiar— a políticos cuestionados, impulsados por lealtades partidistas o beneficios inmediatos. “La teoría de la responsabilidad electoral se sostiene solo en contextos donde los votantes pueden responsabilizar efectivamente a los políticos”, advierte el informe, subrayando la urgencia de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas.

El Plan Estratégico IFES 2025–2029 (International Foundation for Electoral Systems, por su sigla en inglés), publicado en octubre de 2024, ofrece una brújula optimista: “Las democracias sólidas se basan en elecciones creíbles e inclusivas, instituciones responsables y un público informado y comprometido”. Esa visión, alineada con la filosofía del decálogo de la Procuraduría, reconoce que la transparencia no depende únicamente del Estado, sino de un tejido social que defienda las normas democráticas.

Con la estrategia Paz Electoral, la Procuraduría busca contribuir a un proceso electoral transparente, participativo y confiable rumbo a 2026, en el que las instituciones y la ciudadanía compartan la responsabilidad de fortalecer la democracia.