¿Puede la minería bien hecha abrir caminos de paz? Esa es la apuesta de la Universidad Militar

Durante años, la minería legal en Colombia ha enfrentado desafíos que han frenado su desarrollo, lo que, según Dilia Gómez Patiño, directora del Observatorio de Sostenibilidad y Derechos Humanos de la Universidad Militar Nueva Granada (UMNG), “ha contribuido, junto a muchos otros factores, a abrir paso a la minería criminal, que genera violencia, problemas sociales y afectación al ambiente”. Esto, además, ha facilitado la expansión de organizaciones ilegales altamente estructuradas, las cuales aprovechan la falta de regulación para imponer sus reglas y devastar ecosistemas.

Consciente de este reto, y bajo el liderazgo del Mayor General (RA) Javier Alberto Ayala Amaya, Ph. D., la UMNG incorporó la sostenibilidad como eje transversal de su Plan Rectoral 2024-2028: “Educación neogranadina para la vida, el liderazgo y la paz”. Así, busca fortalecer la protección ambiental, impulsar el desarrollo social y apoyar la construcción de paz en los territorios.

A pesar de estos desafíos, la minería sigue siendo un sector clave para la economía nacional, con una participación aproximada del 1,8 por ciento en el PIB y exportaciones que superaron los seis mil novecientos millones de dólares en 2024. Sin embargo, enfrenta grandes retos sociales, ambientales y de seguridad que requieren atención urgente.

La UMNG creó en 2024 el Observatorio de Sostenibilidad y Derechos Humanos, instancia que aborda la minería desde un enfoque de seguridad multidimensional y sostenibilidad. Integra la protección social, la defensa ambiental y la prevención de conflictos; y trabaja en formalización minera, prevención de violencia territorial, desplazamiento forzado y mitigación de la contaminación.

“Hay muchas oportunidades en el sector minero nacional, porque hay productos como el carbón o el oro que aún tienen alta demanda, pero también hay minerales que ni siquiera hemos explorado, como las tierras raras”, explicó Gómez Patiño.

Según la directora, en lugar de rechazar la minería formal, el país debería fortalecerla y regularla, ya que el vacío institucional ha sido aprovechado por organizaciones criminales. “Estas estructuras afectan gravemente a las comunidades, generan trabajo infantil, explotación laboral, desplazamientos y destruyen el ambiente porque es un negocio muy rentable”, enfatizó.

El Observatorio busca crear un punto de encuentro entre academia, gobierno, empresas, el sector defensa y las comunidades. Su meta es fomentar una minería responsable y convertirla en un verdadero motor de desarrollo territorial. Para lograrlo, articula la investigación aplicada, la innovación social y el conocimiento técnico en terreno.

Entre las principales acciones están la capacitación de 800 miembros de la fuerza pública en extracción ilícita y derechos humanos; seminarios sobre formalización minera y comercio legal; y diálogos interinstitucionales con Fiscalía, Procuraduría y líderes empresariales. Uno de estos espacios fue el taller realizado en Medellín en mayo de 2025, donde se discutió la problemática de la cadena criminal del oro.

”Nuestra expectativa también es incidir en la política pública, hacerle frente a la minería criminal y contribuir a formalizar la minería informal", afirmó Gómez Patiño. Inicialmente, el Observatorio se centra en Antioquia, donde la criminalidad minera tiene mayor impacto, pero busca replicar este modelo en otras regiones.

El reto es grande y exige articulación entre entidades, educación para la ciudadanía y acompañamiento técnico a los mineros para integrarlos a cadenas de valor legales y sostenibles. “No es una tarea que se resuelva desde un enfoque militar. Trabajamos con una estrategia multidimensional que involucra formación, diálogo social y alternativas productivas”, añadió la directora del Observatorio de Sostenibilidad y Derechos Humanos UMNG.

La iniciativa cuenta con un equipo interdisciplinario: una ingeniera de minas, una ingeniería con énfasis ambiental, una abogada experta en derecho minero y un oficial de la fuerza pública con amplia experiencia. Este grupo analiza cada problemática desde distintas perspectivas y ayuda a construir soluciones basadas en evidencia.