Durante 11 meses, entre 1992 y 1993, los habitantes de las principales ciudades del país tuvieron que arreglárselas para vivir sin el servicio de energía por períodos de hasta 9 horas diarias. A tal punto llegó la crisis energética, que el Gobierno se vio obligado a decretar el racionamiento y adelantar una hora los relojes para aprovechar al máximo la luz del día. Esta situación generó pérdidas millonarias para el sector productivo y un retraso considerable en el crecimiento y desarrollo de la economía nacional.
Los expertos coinciden en que en ese momento el sistema no estaba preparado para afrontar situaciones climáticas extremas. La crisis se originó por diferentes variables que terminaron formando una tormenta perfecta. Una de las más relevantes fue el fenómeno de ‘El Niño’, que llevó a los embalses a niveles mínimos históricos. A esta situación, que era por completo previsible dada la ciclicidad de este tipo de fenómenos, se sumaron las demoras en el inicio de operación de nuevos proyectos, como El Guavio, que se tenía presupuestado estuviera listo a finales de los ochenta, pero solo entró a operar hasta finales de 1992; la huelga de los trabajadores de Corelca (la empresa pública al frente de la energía en el Caribe), la falta de mantenimiento a las plantas térmicas con las que contaba en ese momento el país, la poca inversión estatal en el sector, una planificación deficiente y el manejo centralizado y politizado de los recursos.
Todo ello condujo a la necesidad urgente de reformar el sistema, a partir de una Carta Política que ya había identificado el problema, y una solución que pasaba por abrir las puertas del sector, a la inversión y conocimiento de los particulares.
Reestructuración del sector eléctrico
La reforma del sector eléctrico se centró en cuatro temas centrales: propiedad, institucionalidad, solidaridad y confiabilidad. Frente al primer tema, se abogó por la separación de actividades con el fin de promover la competencia en los segmentos viables, se incentivó la libre entrada de agentes y de sus inversiones; se liberalizaron las actividades de generación y comercialización, así como la expansión futura de la transmisión, y la distribución empezó a operar bajo una regulación competitiva, permitiendo la llegada de empresas privadas a partir de aprobación de cargos por inversiones y bajo modelos de remuneración basados en la eficiencia operativa de los agentes.
En el ámbito institucional, se estableció una estricta separación de funciones gubernamentales con la creación de entidades clave como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), a las que se sumó la labor de protección al usuario por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Más de 30 años de seguridad energética en Colombia
Luego de la crisis de 1992, el país optó por encontrar un nuevo rumbo que le garantizara seguridad energética. El objetivo se logró gracias a las Leyes 142 y 143 de 1994, que reglamentaron la operación del sector bajo un modelo de libre mercado.
Así, por más de 30 años el país ha logrado consolidar un modelo confiable con una matriz diversificada, que se apalanca en la generación hidráulica y térmica, y que en los últimos años se ha estado reforzando con proyectos solares y de energía eólica. La generación hidráulica y térmica, con sus atributos particulares, son las que han garantizado confiabilidad, sorteando incluso fenómenos climáticos como los intensos veranos eléctricos. Además, la llegada de nuevas tecnologías adiciona atributos a la matriz del país, bajo un concepto de complementariedad eficiente, que hoy es la bandera de Acolgen.
Sin embargo, esas tres décadas de confiabilidad podrían estar a punto de terminar.
De acuerdo con información pública de XM (el Operador del Mercado), la demanda de energía está creciendo mucho más rápido que el parque que la genera. “En los últimos 25 años la demanda ha tenido un crecimiento promedio anual de 4,1 por ciento; mientras que la capacidad instalada ha crecido un 2,6 por ciento anual”, indicaron desde la entidad.
Además, de acuerdo con estimaciones de XM, los balances entre energía firme y consumo muestran un faltante creciente, que inicia con -1,6 % en el 2025 y llega a -3,5 % en el 2027, año que puede ser crítico para el país si se presenta un periodo de sequía o un fenómeno de El Niño y los proyectos energéticos retrasados no se materializan.
Este faltante se ha venido alimentado por decisiones erráticas en materia de política energética, que han sobreincentivado ciertas tecnologías como las renovables variables, en desmedro de otras que siguen siendo fundamentales para darle al país resiliencia, seguridad y confiabilidad energética, como las grandes hidroeléctricas y centrales térmicas.
Acolgen insiste en que todas son necesarias y que las señales de política pública deberían permitir que todas crezcan en un ambiente de complementariedad. A dicho panorama se suma la nula coordinación para resolver problemas en el territorio que impiden el desarrollo de proyectos, así como la tramitología asociada a licencias ambientales y consultas previas que, si bien son necesarias y deben respetarse y protegerse, deben optimizarse.
Finalmente, el panorama inversionista es difuso, cuando en el horizonte se modifican las reglas de juego, y se presentan iniciativas legislativas, reglamentarias y regulatorias, que lejos de disipar dudas, las alimentan.
¿Cómo evitar un apagón?
Hoy, más que nunca, es clave construir sobre lo construido y retomar el rumbo que le ha permitido al país lograr un sistema confiable. Es clave impulsar nuevos proyectos de generación en todos los segmentos tecnológicos para garantizar la confiabilidad del sistema.
Además, se requiere destrabar las obras que ya están en marcha, agilizar los procesos de licenciamiento ambiental, fortalecer la articulación entre Nación y territorios, garantizar seguridad en las zonas de obra y enviar señales regulatorias claras y estables que den confianza a los inversionistas.
También es fundamental ampliar y modernizar la red de transmisión para que las nuevas fuentes de energía —incluidas las renovables— puedan conectarse a tiempo. Sin redes, la energía simplemente no llega a los usuarios.
El país necesita decisiones rápidas, coordinación institucional y una ejecución disciplinada. Si Colombia acelera los proyectos, protege las reglas de juego y fortalece la planeación técnica, podrá evitar el riesgo de racionamientos y asegurar otros 30 años de seguridad energética.
*Contenido elaborado con el apoyo de Acolgen.
