Recomendaciones legales para reactivar negocios en Venezuela

La restauración de las relaciones diplomáticas con Venezuela no daba espera. La inflación del vecino país ha cedido, su producción de crudo aumentó, las principales aerolíneas planean volver y el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta un crecimiento económico del 1,5 por ciento. Sin embargo, para cumplir con la promesa del gobierno de normalizar las relaciones entre ambos países se deben superar retos políticos, económicos, sociales y legales.

Desde la perspectiva de política pública en derechos humanos, hay que generar condiciones para que los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) se pongan en práctica, lo que es factible si se abren fronteras y consulados, y se reactiva el intercambio de bienes y servicios. Además, deberá encontrarse una solución al difícil problema del respeto por la autodeterminación de cada nación, sin caer en la condonación de violaciones a los derechos civiles y políticos de la población hermana.

Ante un panorama político y económico complejo, y las expectativas del sector empresarial, es clave contar con asesoría legal especializada. Pava & Díaz Arana Abogados, una firma boutique con sede en Barranquilla, atiende, justamente, temas relacionados con derecho penal, administrativo sancionador, responsabilidad fiscal, disciplinaria, litigio estratégico internacional en derechos humanos, ciudadanía corporativa, cumplimiento y extinción de dominio.

Negocios sí, pero tengan en cuenta que …

1. Existen estrictos controles cambiarios que dependen, en buena medida, de la autonomía de Venezuela para regular su economía. En ese sentido, los negocios particulares no cuentan con la misma libertad de la autonomía privada (que se concede en otros países para fijar los términos y condiciones de los pagos).
2. El riesgo de impago en los negocios celebrados o respaldados por el Estado es alto. Venezuela es el país con más disputas irresueltas en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) del Banco Mundial.
3. La hipervolatilidad normativa de Venezuela impacta la seguridad jurídica de cualquier negocio. El déficit en separación de poderes dificulta predecir el resultado de una disputa jurídica frente a cualquier negocio.
4. La inseguridad es un tema de preocupación en la frontera. Venezuela, con frecuencia, ocupa el primer puesto en los ránquines de diversas organizaciones públicas y privadas.

A todo lo anterior se suma la regulación sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, que actualmente es muy estricta. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) enlista 542 sanciones comerciales y financieras vigentes a Venezuela. De hecho, varias autoridades públicas y privadas se encuentran en listas restrictivas.

No es fácil identificar cuando se está realizando una operación con personas en listas restrictivas y el proceso de Know Your Customer (KYC), o conozca a su cliente, obliga a verificar hasta el beneficiario final del negocio a través de labores de debida diligencia reforzada. Las consecuencias de no hacerlo pueden ir desde la inclusión en listas restrictivas por el contacto con personas u organizaciones asociadas a actividad criminal hasta la imposición de sanciones económicas y societarias a las empresas e, incluso, penas de prisión a personas naturales.

¿Cómo prevenir el riesgo legal?

Lo primero es asegurarse de que el proveedor, cliente o socio no esté en listas de control. “Si se trata de alguien políticamente expuesto se deben verificar su núcleo familiar, los asociados cercanos y la participación empresarial en una sociedad”, recomienda Andrés Díaz Arana.

También es importante contar con un programa de cumplimiento que proteja frente a los riesgos específicos de la relación con Venezuela. Los protocolos del relacionamiento con servidores públicos y de cabildeo deben desestimular los pagos por facilitación y el soborno transnacional, entre otras medidas de cuidado empresarial.

“A eso se suma que se debe exigir del proveedor, cliente o socio de negocio extranjero un programa de cumplimiento efectivo. Si no lo tienen o si este no es adecuado, hacer constar su adhesión al propio programa de cumplimiento”, agrega Mauricio Pava Lugo.

De igual forma, en el marco del negocio debe asegurarse que el proveedor o socio de negocio tenga medidas contables ajustadas a los estándares internacionales.

Finalmente, hay que adoptar y exigir del proveedor, cliente o socio medidas de responsabilidad social empresarial, sostenibilidad y protección medioambiental; fomento y protección de los Derechos Humanos; prevención y lucha contra la discriminación, y prevención del acoso laboral o sexual.

Reactivar las relaciones con Venezuela podría solucionar muchas de las dificultades de Colombia, siempre y cuando la institucionalidad empresarial sea el vehículo de intercambio de bienes y servicios. Como explica Mauricio Pava, “Estamos convencidos de que las economías opacas enriquecerán a unos, pero no al país, y ese anhelo común solamente puede alcanzarse a través de buenos negocios, seguros y legítimos en ambas partes de la frontera”.

*Contenido elaborado con el apoyo de Pava & Díaz Arana Abogados.