El apagón que vivió Colombia en 1992 quedó grabado en la memoria de todos. Se trató de una crisis energética que ralentizó durante casi un año el avance productivo del país y que afectó notablemente la calidad de vida de los colombianos. 30 años después, cuando el país parecía haber aprendido de sus errores, el riesgo vuelve a ser inminente.
Según XM, el operador del mercado eléctrico de Colombia, el consumo de energía eléctrica crecerá notablemente en los próximos años, pero el país no tendría la capacidad suficiente para atender toda esa demanda. Los balances entre energía firme y consumo muestran una faltante creciente que inicia con -1,6 % en 2025 y que llega hasta -3,5 % en 2027, que es un año que, en caso de que se presente un período de sequía o un fenómeno de El Niño, podría ser crítico.
El impacto de un apagón
Hoy en día, la luz eléctrica es indispensable. Desde cargar un celular hasta encender un televisor o cualquier otro electrodoméstico, la electricidad forma parte del diario vivir de todas las personas, e imaginar una rutina sin ella es casi imposible. Además, la electricidad es un pilar tecnológico vital para el funcionamiento de la maquinaria industrial, el transporte, las telecomunicaciones y los sistemas de información. Su interrupción paralizaría la producción y el comercio y nos privaría de subirnos al tren de la inteligencia artificial y de la nueva revolución industrial por iniciar.
Según la Matriz Insumo–Producto del DANE, el sector de energía eléctrica es catalogado como clave para la economía, representando el 4,84 % de los costos totales de consumo intermedio, lo que evidencia su alto poder de arrastre y su presencia transversal en todos los costos de producción.
Adicionalmente, la energía eléctrica es crucial para el desarrollo social y la calidad de vida, mejorando la seguridad, la educación y la salud, y facilitando la comunicación y la digitalización integral de la sociedad. Este sector también lidera la transición energética hacia fuentes más limpias, como la solar y eólica, posicionándose como indispensable en la lucha contra el cambio climático y para garantizar un entorno productivo y tecnológico sostenible en el futuro.
“El sector eléctrico no solo es vital para la producción de bienes y servicios, es la columna vertebral que permite el desarrollo y la innovación en todos los demás sectores de la sociedad”, afirmó Natalia Gutiérrez, presidente de Acolgen.
¿Cuánto costaría un apagón en Colombia?
Según estimaciones de Fedesarrollo, un racionamiento de energía, con características similares al que vivió Colombia en 1992, implicaría una contracción de la economía en 1,5 puntos porcentuales del PIB. Además significaría la pérdida de 230.000 empleos, la llegada de 203.000 personas a la pobreza y de otras 102.000 s a la pobreza extrema.
En 2024 el Banco de Bogotá también hizo estimaciones al respecto. De acuerdo con la proyecciones de su estudio, “el costo de una hora al día de racionamiento de energía se ubica entre 175 y 204 mil millones de pesos, dependiendo de la hora en la que se aplique el corte”, detalló el estudio.
Los sectores más afectados, explicó el informe, serían manufactura, minería y comercio, los cuales representan 24 % del PIB y 30 % de los empleos del país. “El choque ocasionado por una insuficiencia energética sería comparable con la experimentada por el covid-19, cuando los sectores identificados como los más sensibles al corte de energía tuvieron caídas trimestrales entre -20 y -30 por ciento”, indicaron.
¿Se podría evitar el apagón?
Una de las principales razones para hablar de apagón en el país es que el sector eléctrico enfrenta un grave rezago en la entrada en operación de proyectos de generación y transmisión, con demoras de hasta 13 años en infraestructura clave. De hecho, en los últimos cuatro años, la capacidad de generación ingresada anualmente ha sido muy inferior a la esperada.
El panorama es el siguiente: en 2021 solo ingresó el 7 % de la energía esperada; en 2022, el 27,5 %; en 2023, el 17,47 %; en 2024, el 25,29 %, y en lo que va del 2025 solo ha ingresado en operación el 8,5 % de lo esperado a inicios del año.
Las principales causas son la demora en los trámites de licenciamiento ambiental, la conflictividad social en los territorios y los extensos procesos de consulta previa. Estos retrasos, sumados a señales de política pública débiles, elevan el riesgo de desabastecimiento y la vulnerabilidad del sistema, afectando la confianza de los inversionistas y encareciendo el servicio, pese a que las empresas invierten a riesgo y con recursos propios.
*Contenido elaborado con el apoyo de Acolgen.
