Indígenas cuestionan medidas que reglamentarían la consulta previa en Colombia

La reglamentación de la consulta previa en el país parece estar adelantándose forma inconsulta por parte del Gobierno.

Eso es, por lo menos, lo que piensan las cinco organizaciones que hacen parte de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (Confederación Indígena Tayrona; Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC); Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC); Autoridades Indígenas de Colombia por la Pachamama (AICO), y Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia-Gobierno Mayor). 

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Aseguran que las dos iniciativas que buscan reglamentar ese mecanismo de participación representan una transgresión al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y a las reglas fijadas por la Corte Constitucional para garantizar el derecho a ser consultados, situación que, desde su perspectiva, resulta ser "regresivo e inconstitucional". 

Se refieren al proyecto de decreto por medio del cual se modifica el capítulo 2, del título 3, del Decreto 1066 de 2015, relacionado con el protocolo de coordinación interinstitucional para la consulta previa, así como de la directiva presidencial número 08 que trazó la "Guía para la realización de la consulta previa”. 

_{Para los indígenas la consulta previa es más que un trámite, es el derecho que tienen para dar a conocer lo que quieren que ocurra en su territorio. Foto: Resguardo Kogüi Malayo Arhuaco.} 

Las organizaciones denunciaron que estas iniciativas no han tenido ningún espacio de concertación con los pueblos y comunidades indígenas, pese a que estos procedimientos involucran un derecho fundamental para grupos étnicos. Consideran que con esto se está desconociendo uno de los principios esenciales de la consulta: el de buena fe, que -según ellos - "debe guiar todas las actuaciones de las partes para lograr un entendimiento y confianza en condiciones de igualdad". 

Sostienen que la jurisprudencia de la Corte Constitucional frente a la protección del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas ha sido reiterada y son claras las reglas que deben cumplirse para su materialización. 

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"Los nuevos intentos del Gobierno nacional ignoran estas reglas mínimas y pretenden imponer, de manera unilateral y sin consultarnos, procedimientos que le facilitan la instrumentalización de nuestro derecho fundamental, lo que limita su alcance y sus efectos y deriva, a su vez, en una violación indirecta de nuestros derechos fundamentales", mencionó la CNTI en un comunicado a la opinión pública.  

Para las organizaciones indígenas, el Gobierno está decidido en desconocer ese mandato, prueba de ello, es su insistencia, a través del Ministerio del Interior, en adelantar consultas virtuales y en condicionar su procedencia a la conectividad y a la voluntad del pueblo o la comunidad titular del mismo, hecho que, de acuerdo con las organizaciones, aumenta indebidamente la presión a los pueblos auto aislados para prevenir el contagio del coronavirus.

_{Las organizaciones indígenas exigen ser tenidas en cuenta antes de que se expida la reglamentación sobre las consultas previas. Foto: archivo/Semana.} 

Jennifer Mojica, coordinadora del equipo jurídico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), informó que las cinco organizaciones que conforman dicha comisión presentaron una solicitud de revocatoria directa al Ministerio del Interior contra la directiva presidencial que fue aprobada y le solicitaron, además, que se aplique la consulta previa al borrador del decreto antes de que este quede en firme.    

"En caso de que esta cartera ministerial niegue este derecho, habrá que hacer algunas acciones ante los jueces constitucionales para obligar, una vez más, al Gobierno a respetar la consulta previa", manifestó.  

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Para la abogada lo que viene haciendo el Gobierno es un atropello a las comunidades indígenas, puesto que en ninguno de los espacios de concertación nacional con las organizaciones indígenas se sometió a consideración la idea de reglamentar  la consulta previa. Afirma que el proceso que se está planteando restringe ese derecho fundamental y no recoge las claridades que previamente ha hecho la Corte Constitucional en esa materia. 

"Lo que esta directiva presidencial y este proyecto de decreto buscan es restringir este ejercicio, limitar la posibilidad que los pueblos indígenas puedan opinar sobre los proyectos que los pueden afectar. Lo que están haciendo es básicamente allanar el camino para que las consultas se puedan hacer como simple requisito o un trámite más para la aprobación de los proyectos que el Gobierno desea imponer en los territorios, pero no respetar este mecanismo como tal" aseguró.

Las organizaciones aguardan por las decisiones que tome el Ministerio del Interior frente a este tema para establecer los procedimientos por seguir.