MEDIO AMBIENTE
“En la Amazonia no hay Estado”: Rodrigo Botero
Según el Director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, la Amazonía es gobernada por grupos armados ilegales y sectores políticos regionales. Tercera entrega de los Escuderos de los Bosques.
El reporte de alertas por deforestación del Ideam del último trimestre del año pasado, arrojó como resultado lo que muchos ambientalistas vaticinaron: la Amazonia colombiana pierde a ritmo galopante sus bosques tropicales, ecosistemas que actúan como los riñones y pulmones del país y que tienen la función de garantizar el agua en todo el territorio nacional.
Entre octubre y diciembre de 2018, la región Amazónica concentró el 75,5 por ciento de la deforestación en el país, accionar que tuvo su principal impacto en Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo. Aunque la cifra de la pérdida total de bosque aún no es revelada, Rodrigo Botero, Director de la Fundación para la Conservación el Desarrollo Sostenible (FCDS), basado en los constantes sobrevuelos que realiza a ras de selva, estima que pudo sobrepasar las 200.000 hectáreas, superando con creces la hecatombe de 2017, cuando la motosierra erradicó cerca de 144.000 hectáreas.
Botero es catalogado como los ojos de los bosques amazónicos. Sin su trabajo en la región, los colombianos solo conocerían las cifras de deforestación por los informes del Ideam periódicamente, sin dimensionar la tragedia que predomina desde los últimos años en la zona. Por medio de sus sobrevuelos, la hecatombe que atraviesa el verde salió a la luz.
Foto: Gran Alianza Contra la Deforestación
En 2018, este zootecnista con maestría en desarrollo sostenible de sistemas agrarios, ciencias agrarias y ambientales, sobrevoló más de 10.000 kilómetros de selva amazónica a no más de 2.200 pies de altura, lo que le permitió captar imágenes nefastas como los parches de más de 1.000 hectáreas y hasta una carretera en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete; el cenicero en el que quedó convertida la Sierra de La Macarena por las quemas; los cultivos de coca y ganadería en Tinigüa; y la mancha de palma africana que ahora predomina en la reserva forestal de la Amazonia.
Esa experiencia amazónica, que inició en el año 2000 cuando lideró la Dirección Territorial de la región Amazonia-Orinoquia de Parques Nacionales Naturales y que ayudó a la ampliación y declaración de Chiribiquete como Patrimonio de la Humanidad, lo convierten en uno de los principales conocedores de las oscuras dinámicas que están detrás de la deforestación en la zona.
“En la Amazonia no hay Estado. El territorio es gobernado por muchas fuerzas, no solo por grupos armados ilegales, sino por grandes sectores políticos regionales que ejercen un super poder y tienen la capacidad de ir en contravía de todo, como copa territorio, acaparar tierras y orientar la colonización en las zonas de bosque”, asegura el experto en Sistemas de Información Geográfica.
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Considera que la situación en la Amazonia es crítica y digna de una emergencia social y ambiental. “La reserva campesina más grande de Colombia está en Guaviare, donde está el proceso de acaparamiento de tierras más grande del país. Los resguardos indígenas Yaguará 2 y Nukak tienen medidas cautelares y ahora son focos de deforestación, los Parques Naturales y áreas protegidas son cada vez más afectados, al igual que la reserva forestal de la Amazonia. La región requiere de la priorización del catastro y una formalización de tierras para poder atacar a los verdaderos agentes deforestadores”.
Sector pobre
Una de las grandes falencias para poner en cintura la deforestación son los pocos recursos nacionales. El Director de la FCDS informó que en Colombia el presupuesto más pobre siempre ha sido para el sector ambiental. “Es un sector congelado, sin la capacidad ni operatividad suficiente para combatir la deforestación. La investigación científica está cortada, al igual que las universidades. El tema ambiental depende de los recursos de la cooperación internacional”.
Sumado a esto, afirma que la institucionalidad ambiental es insuficiente para ocupar un territorio como la Amazonia. “Es un fracaso que después de tantos años sigamos con una institucionalidad subdimensionada económica, técnica y jurídicamente. Además, Colombia tiene un Estado con metas y postulados importantes, pero con políticas de ocupación y desarrollos que van en viceversa. Hay que evaluar cómo funciona esa política de ocupación y cómo la política de conectividad tiene que ver con la de recambio de ocupación territorial, la cual requiere seguridad y desarrollo económico. Un foco técnico y político debe hacer seguimiento a los planes de ocupación y desarrollo territorial que se están haciendo”.
Foto: Guillermo Torres/Semana
Asegura que los sistemas de información no son interoperables con el sector de la aplicación de la ley ni con el Sistema Nacional Ambiental. “Cada sector debería hacer una planificación predial obligatoria con estos sistemas, pero no es así. Por eso no sabemos qué pasa con los planes de expansión, lo que están haciendo los sectores arrocero, palmero y ganadero al transformar el territorio, quién está comprando el aceite de palma a la gente que no está asociada a Fedepalma. Necesitamos la aplicación de la ley, al igual que un compromiso intersectorial”.
Respecto a lo establecido en los acuerdos de paz, Botero enfatiza que el país lleva 18 meses después de la firma de paz y aún no hay avances en el catastro rural. “La Agencia Nacional de Tierras no está en el terreno y la Agencia de Desarrollo Rural no ha hecho mayor cosa. Persiste un mercado informal de tierras que permite y estimula la deforestación y la apropiación, ya que no hay restricción al uso y tamaño y no pagan impuestos. Siguen los estímulos que van en contravía de lo ambiental”.
Zanahoria y garrote
Por último, Botero, un apasionado por las comunidades indígenas amazónicas, recalca que la lucha contra la deforestación necesita de un balance entre la promoción de los derechos de la gente que vive del bosque y la necesidad de la acción al cumplimiento y aplicación de la ley de forma ponderada. “Hay que tener como mecanismo de transparencia la participación de todos colombianos”.
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Esa fuerza de participación incluye dos escenarios: la denuncia y la promoción de las acciones exitosas en términos de usos alternativos de los bosques, economías forestales, proyectos comunitarios y articulación con entidades públicas. “A esto debemos sumar un cambio en la doctrina del sector de la fuerza pública, ya que muchos de sus miembros no entienden la dimensión de la deforestación. Solo cuando el tema afecta al orden público hacen cosas reactivas. Cómo es posible que en otros países todos tengan la posibilidad del acompañamiento de fuerza pública y acá no?”.
Este es un producto periodístico de la Gran Alianza contra la Deforestación. Una iniciativa de Semana, el MADS y el Gobierno de Noruega que promueve el interés y seguimiento de la opinión pública nacional y local sobre la problemática de la deforestación y las acciones para controlarla y disminuirla.