El camino hacia la elección presidencial de 2026 comenzó a definirse con un calendario electoral que implica decisiones rápidas, consecuencias legales ineludibles y una reorganización profunda dentro de los partidos. Las fechas fijadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), recogidas en la Resolución 1542 del 1 de abril de 2025, establecen una estricta hoja de ruta que determina quién podrá medir fuerzas en las consultas del 8 de marzo de 2026, jornada que coincidirá con las elecciones al Congreso. Ese diseño —que incluye la unificación de todas las consultas en una sola tarjeta— busca proteger el secreto del voto y garantizar reglas iguales para todas las colectividades, pero también expone la capacidad real de cada partido para organizarse a tiempo.
Según Fabiola Márquez Grisales, magistrada y expresidenta del CNE, la participación en las consultas internas o interpartidistas es una decisión exclusiva de los partidos y movimientos políticos, que deben adoptar esta decisión conforme a sus estatutos internos. La Resolución 1542 establece que las organizaciones políticas tenían plazo de informar al CNE sobre su intención de participar hasta el 8 de diciembre de 2025. “El Consejo Nacional Electoral verifica que la decisión haya sido tomada conforme a los estatutos de cada organización, garantizando así la transparencia y el cumplimiento de la normativa”, precisó Márquez Grisales.
Según el Consejo Nacional Electoral, el pasado 8 de diciembre “un total de 35 agrupaciones manifestaron su intención de participar”. Hasta el 22 de diciembre hay plazo para retractarse, un margen de tiempo que les permite corregir el rumbo si sus cálculos políticos cambian.
La expresidenta del CNE señaló que, de acuerdo con la legislación vigente, “vencido el plazo para retractarse no hay margen de modificación al calendario electoral; cualquier actuación extemporánea no tendrá efectos jurídicos”. Cada partido o movimiento debe cumplir con las fechas establecidas para evitar consecuencias legales, particularmente cuando se trata de la gestión de recursos públicos y los plazos administrativos.
El 27 de enero de 2026 vence el plazo para que los partidos presenten ante el CNE las preguntas que quieren incluir en la tarjeta electoral. Además, esta corporación tendrá hasta el 6 de febrero para aprobar o modificar esas preguntas, y ese mismo día vence el plazo para que los precandidatos puedan postularse ante la Registraduría Nacional. Rafael Vargas anticipó que, para cumplir con todo, “la Registraduría tiene planeado realizar mesas técnicas de trabajo con todas las organizaciones que participarán en la consulta, para el cumplimiento de todos los plazos”.
El calendario que marca el ritmo político
Para Camilo Ignacio González, profesor y director de Investigación y Consultoría de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, el calendario “ha puesto en evidencia las profundas diferencias que existen entre los partidos políticos colombianos”. Algunos tienen mecanismos internos claros, otros, en sus palabras, “muestran serias dificultades para llegar a acuerdos”, lo que revela un sistema “bastante heterogéneo en términos de madurez organizativa y capacidad de gestión interna”.
La simultaneidad entre consultas y elecciones también tendrá efectos políticos. González recordó que en 2022 la consulta del Pacto Histórico generó una movilización masiva que impulsó sus listas al Congreso, mientras que la Centro Esperanza sufrió en ambos frentes. Por eso, afirmó, las consultas pueden ser un arma de doble filo: fortalecen a los candidatos sólidos, pero “una consulta poco exitosa puede dañar significativamente las posibilidades de todo el movimiento político”.
Además de los partidos tradicionales, los aspirantes por firmas tienen su propio reloj electoral. El plazo máximo para entregar firmas vence el 17 de diciembre de 2025. Esta fecha es posterior al cierre definitivo de inscripciones al Congreso, pero anterior al del retracto de las consultas, creando un mapa más claro de qué candidaturas llegarán vivas a marzo.
Antonio Parra, profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, explicó que el calendario no solo organiza a los partidos, sino que fortalece la democracia interna. En su opinión, las fechas “obligan a los partidos y movimientos a activar con anticipación sus mecanismos democráticos internos”, permiten al CNE verificar que las decisiones se tomen conforme a los estatutos y facilitan la preparación logística y presupuestal de las consultas. También destacó que una jornada unificada y una sola tarjeta “impiden ventajas competitivas derivadas de la fecha, difusión o movilización”, garantizando igualdad de condiciones.
Tarjeta unificada para proteger el voto
La decisión de unificar la tarjeta electoral fue confirmada por el registrador nacional, Hernán Penagos. “Todas las consultas se incluirán en una única tarjeta electoral. Hacer una tarjeta por organización política o coalición es un grave error porque estaríamos vulnerando el secreto del voto. Si una persona llega a la mesa de votación a pedir la tarjeta de una consulta en concreto está mostrando su orientación ideológica”, explicó. Vargas complementó esa visión. “Existe una necesidad de garantizar el derecho al voto, con la implementación de un solo instrumento se garantiza su libre ejercicio y el secreto del mismo”.
A menos de tres meses de las consultas del 8 de marzo, el calendario ya está definiendo no solo quiénes podrán competir, sino también la forma en que los partidos se reorganizan para llegar con candidaturas viables. En un escenario en el que cada fecha es definitiva, el cumplimiento estricto del calendario será, más que un trámite, la primera gran prueba electoral del 2026.
