Colombia es el cuarto país del mundo que más recibe inversión social privada

En 2021, la empresa privada en Colombia invirtió cerca de 3 billones de pesos en programas sociales. Así lo reporta el índice de inversión social privada (IISP), investigación liderada por Jaime Arteaga y Asociados, que anualmente revisa los montos y rubros de inversión en sostenibilidad del sector. Su edición 2022 se publicará en julio próximo.

Según su director, Jaime Arteaga, la inversión en sostenibilidad, sumando el tema ambiental, puede llegar a los 4 billones de pesos, de los cuales 0,5 billones estuvieron enfocados en iniciativas sociales de los municipios más afectados por la pobreza.

Conclusiones de este informe en años anteriores establecen que el 42 por ciento de la inversión social privada en el país se ubica en dos grupos principales: personas en situación de pobreza y niños y adolescentes. Tradicionalmente, el 80 por ciento de las inversiones se destinan a infraestructura, educación y desarrollo rural y socioeconómico, a excepción de 2020, dado que las dinámicas de la pandemia llevaron a las organizaciones a invertir en donaciones, ayuda humanitaria, salud y educación.

Esto llevó a que ese año, cuando los ingresos de las empresas que reportan en el IISP mostraron una caída de 15 por ciento, aumentaran su inversión social en 24 por ciento, “en medio de la pandemia y contrario a lo esperado”, asienta Arteaga.

La educación, primero

La directora ejecutiva de la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales (AFE), Aura Lucía Lloreda, sostiene que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), la inversión social privada voluntaria en Colombia asciende a 100 millones de dólares al año. De igual manera, este es el cuarto país que más fondos de filantropía recibe, incluidos recursos de cooperación internacional, luego de India, China y Perú, el primero de América Latina.

La ejecutiva resalta que el 78 por ciento de la inversión social voluntaria de las 70 fundaciones que conforman la AFE va dirigida a programas educativos, de emprendimiento, generación de ingresos y desarrollo rural. Por programas y grupos de edad, 38 por ciento de la inversión social de las empresas se concentra en programas educativos para la población de 15 a 29 años; 34 por ciento, en programas de educación básica y media dirigidos a la población de 5 a 15 años, y 27 por ciento, en programas de generación de ingresos para población entre 29 y 65 años.

Habitualmente, la inversión social privada se ha orientado a la educación, pero a raíz de la pandemia el retroceso fue notorio. “Fueron dos años en los que los niños y jóvenes no pudieron volver ni a los colegios ni a las universidades, lo que genera una brecha muy grande. Así que ahora el enfoque está en hacer todo para cerrar las brechas dejadas por la pandemia”, afirma Lloreda.

Y la innovación de las fundaciones después de la pandemia, cuando el sector privado se volcó a la atención humanitaria, fue retomar sus compromisos misionales con valor agregado: incluir los temas de empleabilidad y juventud a sus portafolios sociales.

“La nueva línea, aunque ya se venía haciendo tímidamente, es impulsar proyectos de vida de la juventud rural y fortalecer el acceso a educación superior de estos grupos. La Fundación Corona es líder en Colombia y Latinoamérica en ese sentido, pues ha adelantado estudios e implementado acciones para contribuir a cerrar las brechas”, asegura la directora de la AFE.

La clave está en cooperar

En Colombia, según el IISP, las empresas invierten 20 por ciento de los recursos destinados al ámbito social de manera conjunta con el Estado; el 27 por ciento, en asocio con las comunidades; 47 por ciento, con otros privados, y 9 por ciento, con entidades de cooperación. Así pues, las alianzas público-privadas son, según los analistas, la manera de optimizar estas inversiones.

“Cada vez más hay fundaciones trabajando en alianzas público-privadas para lograr que el impacto de lo que se hace sea más grande, es decir, el trabajo colaborativo entre las fundaciones, la empresa privada y el sector público, para generar mayor impacto”, afirma Lloreda. Ella cita ejemplos como Ciudad del Bicentenario, un macroproyecto de vivienda de interés social desarrollado por la Fundación Santo Domingo, en Cartagena, con un potencial de construcción de 55.000 viviendas, de las cuales ya edificaron 4.000.

Algo para resaltar, según la ejecutiva, es que la inversión social privada puede traer recursos internacionales. “Las fundaciones tenemos muchos años en las regiones, y por nuestra capacidad de adaptación tenemos la posibilidad de trabajar aún más de cerca con el Gobierno nacional, pues el sector fundacional ha generado confianza en los sectores más vulnerables. Podemos llegar a cualquier rincón de Colombia y llevar a cabo las inversiones que se necesitan”, concluye.

4 grandes retos para la inversión social privada

1. Lograr oportunidades económicas inclusivas. Con la pandemia, uno de cada cuatro jóvenes entre los 18 y 25 años no estudia ni trabaja; de ellos, tres de cada cuatro son mujeres. El retroceso en temas de género es grave.
2. Construir sistemas alimentarios eficientes, desde la producción hasta el acceso, “para que no haya una explosión social”. El país tiene una inflación del 10 por ciento anual, pero la de los alimentos está cerca del 17 por ciento, con un alto impacto en las familias de bajos ingresos.
3. Continuar invirtiendo para la paz, aportar a iniciativas para su construcción. “Colombia está cruda en alcanzar la paz; y la conflictividad se ha deteriorado. El sector privado tiene que cooperar para sacar adelante territorios afectados por la violencia”.
4. Proteger el medioambiente con énfasis en la biodiversidad.

Fuente: Jaime Arteaga, de Jaime Arteaga y Asociados.

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