A menos de un año de las elecciones legislativas y presidenciales, la Registraduría Nacional adelanta uno de los procesos de modernización más amplios de las últimas décadas. La entidad prepara cambios en identidad, inscripción y control electoral, mientras ajusta tecnologías que serán determinantes en un escenario marcado por una alta expectativa de participación y un contexto político tenso. Según Martín Orozco, gerente de Invamer, el 62 por ciento de los colombianos afirma que “definitivamente” o “probablemente” votará, un nivel similar al de jornadas anteriores, pero atravesado por preocupaciones asociadas a la seguridad, economía y corrupción.
El primer frente de esta transformación es la inscripción virtual para colombianos en el exterior. La nueva plataforma —habilitada exclusivamente en la página oficial de la Registraduría— incorpora validación mediante biometría facial y bloquea cualquier intento de uso desde dispositivos ubicados en Colombia. El registrador nacional, Hernán Penagos, explicó que el proceso toma siete u ocho minutos y opera con ejecución de prueba de vida para evitar suplantaciones.
El objetivo es ampliar una participación históricamente baja: de los 4,7 millones de colombianos residentes fuera del país, sólo alrededor de 300.000 votan. Para atender la demanda, se adelantan capacitaciones a consulados y se prevé el envío de personal adicional a sedes con alto flujo de usuarios. Si el reconocimiento facial falla, el trámite podrá completarse de forma presencial.
La inscripción virtual, sin embargo, no estará disponible dentro del país. Penagos insistió en que habilitarla abriría la puerta a la trashumancia, una práctica recurrente en zonas donde el trasteo de votos distorsiona los resultados locales. Por eso, los plazos siguen siendo clave: quienes se inscriban hasta el 8 de enero de 2026 podrán votar Congreso y presidencia; entre esa fecha y el 31 de marzo, únicamente para presidencia. Toda la información es verificada contra el Archivo Nacional de Identificación, para la conformación posterior de la base de datos de censo electoral.
BIOMETRÍA PARA EL DÍA DE LA VOTACIÓN
Mientras avanza la inscripción, la Registraduría ajusta el software que se usará en el preconteo y escrutinio. Hoslander Sáenz, gerente de Informática de la entidad, explicó que actualmente se trabaja en la parametrización y configuración del sistema y en los lineamientos para las pruebas de funcionalidad, capacidad, comunicaciones e infraestructura, con lo cual se garantiza que se cuenta con una tecnología robusta, eficiente y segura para llevar a cabo los procesos electorales. A la par, se adelanta la contratación de una auditoría internacional que supervisará todo el proceso tecnológico.
El día de las votaciones también traerá cambios. Nuevos dispositivos de autenticación biométrica permitirán validar en tiempo real la identidad de los electores en los puestos de votación determinados por la entidad, con el propósito de mitigar riesgos de posible suplantación de identidad.
En materia de identidad, la modernización también implica actualizaciones profundas. Álvaro Alfonso Araújo, director nacional de Identificación, explicó que para garantizar el derecho a la identificación de las personas no binarias y trans y en cumplimiento de sentencias de la Corte Constitucional, se incorporaron las categorías ‘no binario’ (NB) y ‘trans’ (T) en el campo ‘sexo’ de los registros civiles y documentos de identidad. El proceso fue de alta complejidad, dado que requirió el desarrollo de modificaciones en más de 80 módulos del sistema, medidas y controles de seguridad adicionales, así como la realización de ajustes en bases de datos, aplicaciones e impresión de los documentos.
VOTO INCLUSIVO Y GARANTÍAS EN LOS TERRITORIOS
Desde la sociedad civil, organizaciones como Caribe Afirmativo recordaron que Colombia fue pionera en la adopción de un protocolo de voto trans en 2014. Su director, Wilson Castañeda, destacó que este garantiza el derecho de las personas candidatas a ser reconocidas según su identidad de género en toda la documentación electoral. La actualización de los sistemas de la Registraduría permitirá que esa garantía se aplique de forma más coherente.
En este debate también aparece el uso de tecnologías como la biometría facial. Juan Diego Castañeda, codirector de la Fundación Karisma, advirtió que los datos biométricos son sensibles y requieren estándares robustos de protección. Señaló que, aunque hoy la Registraduría obtiene fotos con capacidad para reconocimiento facial al expedir la cédula, ese tratamiento no puede depender solo del consentimiento, pues se trata de un documento obligatorio. “Debería existir una ley estatutaria de identidad que fije salvaguardas claras y límites al uso de estos datos”, afirmó. También subrayó que las herramientas tecnológicas deben ser accesibles, transparentes y auditables, con pruebas que incluyan poblaciones diversas para evitar exclusiones el día de las elecciones.
El componente de seguridad también sigue siendo un desafío. Según Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE, los procesos de preconteo —que funcionan mediante canales telefónicos dedicados— no presentan vulnerabilidades nuevas. Pero destacó que la legitimidad del proceso dependerá de la transparencia y apertura de los datos, así como del acceso oportuno a información sobre las inscripciones, las candidaturas y los resultados.
Jorge Restrepo, director del CERAC, advirtió que los asesinatos de líderes han disminuido, pero el riesgo no. Las disputas entre grupos armados y el impacto del reciente magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay siguen alterando el panorama. “Estas van a ser unas elecciones que se van a conducir bajo amenazas”, afirmó.
MOE y CERAC coincidieron en que herramientas como la biometría y la conectividad satelital pueden mitigar delitos electorales como la suplantación o el constreñimiento, siempre que su implementación llegue a los territorios más vulnerables.
Con una favorabilidad del 68 por ciento, según Orozco de Invamer, la Registraduría encara el 2026 como la tercera institución con mayor confianza ciudadana. El reto, ahora, es que su modernización se traduzca en garantías reales. En un año en el que se cruzan la expectativa de una alta participación, riesgos de seguridad y un ambiente político tenso, el avance de la tecnología, la seguridad y la inclusión definirá buena parte de la legitimidad del proceso electoral que se avecina.
