Escasez de medicamentos en Colombia, ¿hasta cuándo?

Conseguir un medicamento esencial en Colombia se ha convertido para muchos en todo un desafío. Lo que debería ser un trámite rutinario –recibir una fórmula médica y retirarla en la farmacia o dispensario– hoy es una búsqueda incierta. Detrás del mostrador muchas veces la respuesta es la misma: “No hay”.

La cadena de obstáculos es larga. La escasez de materias primas, trabas regulatorias, retrasos en trámites, disputas financieras entre EPS, gestores farmacéuticos y laboratorios. En medio de este laberinto, los más afectados son los pacientes, quienes enfrentan interrupciones en sus tratamientos, mayor gasto de bolsillo y, en casos críticos, la amenaza directa contra su vida.

El Invima, autoridad sanitaria encargada de regular y vigilar el mercado, identifica varias causas detrás del desabastecimiento. Una de ellas es el aumento inesperado de la demanda que sobrepasa la producción habitual. A esto se suman decisiones de los laboratorios de descontinuar ciertos productos, fallas en los procesos de manufactura cuando los fabricantes pierden certificaciones de buenas prácticas y dificultades para importar materias primas debido a incumplimientos de calidad o trámites fallidos.

El organismo reconoce también retrasos en los trámites, aunque asegura haber priorizado los relacionados con principios activos en riesgo. Como paliativo, invoca el decreto 481 de 2004, que permite autorizar importaciones de medicamentos vitales no disponibles, bien sea para un paciente específico o para urgencias clínicas. Pero lo que nació como una medida excepcional, en la práctica se convirtió en el mecanismo de escape para un problema estructural que ya es recurrente.

Pacientes, los más afectados

La Defensoría del Pueblo ha publicado cifras impactantes. Con un ejercicio de verificación en 42 regionales y más de 3.000 encuestas, encontró que entre el 60 y el 80 por ciento de los pacientes no reciben sus medicamentos completos o no los reciben en absoluto. Esa ausencia deriva en descompensaciones que saturan los servicios de urgencias y aumentan el riesgo de mortalidad.

“El costo de la ineficiencia institucional termina trasladándose a los pacientes y sus familias”, advirtió la Defensoría. Según la entidad, los medicamentos más reportados como faltantes son losartán, acetaminofén y metformina, fundamentales en enfermedades cardiovasculares y metabólicas. También hay quiebres en antibacterianos, antidiabéticos, fármacos para salud mental y algunos antineoplásicos.

La Defensoría insiste en que los debates financieros entre el Gobierno y las EPS no pueden eclipsar lo esencial: el derecho del paciente. En zonas rurales, apartadas e indígenas, el panorama es aún más grave. Ante la falta de medicamentos las comunidades recurren a soluciones precarias como compartir medicinas entre vecinos o reducir las dosis para “rendirlas”.

Lo que para las autoridades son cifras, para los pacientes son historias de vida interrumpidas. Pacientes Colombia, organización que recoge denuncias de usuarios, ha documentado casos desgarradores. “Un paciente con cáncer que debería recibir quimioterapia cada 21 días, la está recibiendo cada 50 o 60 porque la EPS no autoriza a tiempo. Esa demora ha causado metástasis en muchos casos”, advirtió Denis Honorio Silva, vocero de la entidad. El problema se replica en trasplantados. “Un paciente que no recibe sus inmunosupresores corre el riesgo de perder el órgano. Y eso es devolverlo a la diálisis y a la lista de espera”, agregó Silva.

El drama también golpea a los adultos mayores. Blanca Irene Marín, de 97 años, y su hermana María Cecilia, de 95, ambas con osteoporosis, llevan meses sin acceso al medicamento Denosumab. Desde abril de 2025 sus familias han pedido respuesta a la EPS y a la Superintendencia de Salud, pero los trámites se acumulan mientras la enfermedad avanza.

“Estamos frente a un drama humanitario. Las tutelas se incumplen y la Superintendencia, en lugar de garantizar soluciones, se queda en trámites formales”, denunció Silva.

Alarma en las UCI

En las Unidades de Cuidados Intensivos la situación también es crítica. El sindicato Sicrítico, que agrupa a especialistas en medicina crítica, advierte que la falta de fármacos como norepinefrina, vasopresina, azul de metileno, furosemida y milrinona compromete la vida de pacientes graves.

“La escasez en las UCI constituye una amenaza real al derecho a la vida. El Estado tiene el deber irrenunciable de garantizar la disponibilidad de estos medicamentos”, aseguró Juan José Vélez, presidente de Sicrítico. El gremio exige al Ministerio de Salud y al Invima adoptar medidas urgentes, verificar posibles prácticas de acaparamiento y ofrecer información transparente sobre la disponibilidad real en el país.

Para las EPS, la crisis tiene un trasfondo financiero inevitable. Según Ana María Vesga, presidenta de Acemi, solo en 2024 el sistema destinó 19,8 billones de pesos en medicamentos y tecnologías, con un crecimiento anual del 6 por ciento. Sin embargo, los recursos de la UPC, que cubren la mayoría de tratamientos, resultan insuficientes, y los de alto costo, financiados con presupuestos máximos, sufren incumplimientos de pago por parte del Gobierno.

“El sistema opera con una siniestralidad del 110 por ciento. De cada 100 pesos de la UPC, se gastan 110 en salud. Esta insuficiencia afecta el flujo de recursos y deriva en que gestores y laboratorios dejen de dispensar. Y eso pone en riesgo la vida de miles de pacientes”, advirtió Vesga.

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) responde que las fallas en la entrega obedecen a problemas administrativos y financieros de EPS y gestores. Según el superintendente, Giovanny Rubiano García, se han impuesto sanciones y medidas cautelares, además de promover la contratación directa entre EPS e industria farmacéutica. También se autorizó la negociación conjunta de medicamentos, avalada por la SIC.

En agosto, la entidad expidió la circular externa 2025151000000009-5, que obliga a los gestores a reportar desde octubre de 2025 datos detallados de su operación: puntos de dispensación, tiempos de espera, contratos y cobertura municipal. “Buscamos corregir la laxitud con la que algunos gestores venían operando desde 2019 y garantizar la entrega oportuna de medicamentos”, señaló Rubiano.

Para Wber Orlando Ríos Ortiz, decano de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad de Antioquia, la salida requiere más cooperación y menos fragmentación. “Necesitamos redes sólidas que integren academia, Estado e industria. Así construiremos un sistema de suministro más resiliente. También es clave diseñar esquemas normativos más ágiles y flexibles, capaces de responder a los desafíos actuales”, planteó.

Primera línea de acceso

Mientras tanto, las farmacias y droguerías cumplen un rol silencioso pero decisivo. En muchas zonas del país, especialmente rurales, son el único canal de acceso. Fenalco advierte que, si bien no sustituyen al médico, su papel es vital para garantizar continuidad en los tratamientos.

El gremio reconoce que la escasez no es solo un asunto interno. Factores globales como conflictos internacionales, restricciones sanitarias, fallos de calidad en insumos o el cierre de plantas también golpean la oferta. A ello se suman decisiones comerciales de laboratorios que descontinúan productos y demoras en el Invima.

Aun así, varias cadenas han desplegado esfuerzos logísticos para sostener el suministro. Ajustan inventarios, fortalecen la venta de medicamentos especializados y atienden directamente a pacientes que llegan con fórmulas sin posibilidad de surtirse en el canal institucional. Un ejemplo es Farmatodo, que pese al panorama adverso ha implementado estrategias para localizar y adquirir medicamentos escasos, incluso asumiendo mayores costos operativos.