La crisis energética en el Caribe: ¿comer o pagar la luz?

La fusión de ocho electrificadoras en Electrocosta y Electricaribe, antes Corelca, prometía mejoras en el servicio y tarifas más bajas, pero estas expectativas nunca se cumplieron en la costa Caribe. A pesar de la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos en 2016 y la creación de Afinia y Air-e en 2020, la crisis y la mala calidad del servicio persisten en la región.

Para paliar la situación, en 2019 el Gobierno asumió el pasivo pensional de Electricaribe y creó un régimen tarifario especial para la región. Sin embargo, en 2020, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) autorizó aumentar el componente de pérdidas en la fórmula tarifaria del servicio de energía en el Caribe, junto con un incremento del 20 por ciento en el componente de comercialización por parte del Ministerio de Minas y Energía.

La entrada en operación de Air-e y Afinia marcó el inicio de un constante aumento en los costos de energía en la región, según cuenta la congresista costeña Ana Monsalve, con incrementos significativos en los componentes de pérdidas, comercialización y restricciones. Esto, según Monsalve, se refleja en los cobros, donde se evidencia un aumento del 179,33 por ciento en el costo de pérdidas para Air-e y del 134,64 por ciento para Afinia, en comparación con el promedio nacional. Además, se suma un sobrecosto del 30 por ciento en el componente de comercialización y cerca del 20 por ciento en el de restricciones, exacerbando la carga financiera para los usuarios.

A pesar de los esfuerzos gubernamentales y regulatorios, la deuda por opción tarifaria sigue siendo una preocupación. Según datos de la Superintendencia de Servicios Públicos, a junio de 2023 la deuda nacional con las empresas prestadoras del servicio de energía alcanzaba los 4,9 billones de pesos, de los cuales la Región Caribe adeuda 2,5 billones de pesos. “El Régimen Tarifario Especial a los costeños nos ha hecho mucho daño, existen casos de estratos 1 y 2 que al mes les llega una factura de 700.000 y hasta 1.000.000 de pesos. Esta crisis tarifaria ha hecho decidir a la gente si paga la factura o come”, agregó la congresista.

Según el senador Efraín Cepeda, el Caribe es la región que paga la energía más cara del país y donde se registran mayores incrementos. “En el debate que realizamos en estas semanas lo demostramos, todos los incrementos anuales están por encima del 32 por ciento a enero de 2024, y con precios del kWh desde 1.061 a 1.165 pesos, mientras que en Bogotá o Medellín los precios están alrededor de 870 y 898 por kWh respectivamente”, agregó.

Y es que mientras el costo de la energía aumentó 22,4 por ciento a nivel nacional en el último año, en la costa Caribe este incremento resultó descomunal según el Dane. En Sincelejo, por ejemplo, fue del 37,19 por ciento, en Valledupar del 37 por ciento, mientras que en Barranquilla aumentó 32 por ciento y en Cartagena 35,88 por ciento; muy por encima del promedio nacional. “Probablemente debido al impacto negativo del fenómeno de El Niño, las tarifas continuarán subiendo y los habitantes caribeños seguiremos padeciendo las consecuencias de un pésimo servicio cada vez más costoso”, lamentó el senador Pedro Flórez Porras.

El problema se ve agravado por varias características de la costa Caribe como los altos índices de pobreza monetaria y multidimensional (21,4 por ciento), 9 puntos porcentuales mayor que el promedio del país (12 por ciento), la subnormalidad eléctrica más alta del país (95 por ciento), demoras en proyectos de transmisión y normalización eléctrica, un régimen de transición que permite cobros excesivos por pérdidas comparado con otras regiones, y condiciones climáticas adversas que incrementan el consumo energético.

“El tema es de equidad, aquí consumimos más por nuestro clima. Mientras una nevera en Bogotá está en un ambiente de 10 grados, en la costa está por los 30 grados, por eso, el electrodoméstico tiene que hacer un esfuerzo adicional y eso hay que tenerlo en cuenta”, aseguró Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico.

Teniendo en cuenta esta realidad, el consumo de los hogares no es el mismo. “Hoy los hogares de estratos 1 y 2 destinan aproximadamente el 65 por ciento de sus ingresos a costear la tarifa de energía”, reiteró el senador Mauricio Gómez Amín. Desde septiembre de 2021, los hogares y negocios en la costa Caribe han visto un aumento drástico en sus facturas debido a cargos adicionales por inversiones y pérdidas técnicas y no técnicas. Las pérdidas no técnicas, originadas por accesos no autorizados a las redes, conexiones ilegales, usuarios no registrados y manipulación de equipos de medición, han incrementado el costo del kWh en cerca de 200 pesos, según explicó el congresista Modesto Aguilera.

La introducción del Cargo por Opción Tarifaria (COT) ha agregado también alrededor de 200 pesos más a la tarifa por kilovatio hora (kWh), llevando el costo total por kWh a 1.131 pesos, según el senador. La Opción Tarifaria representa las deudas asumidas por la empresa de energía para financiar sus inversiones, con una deuda actual de 1,5 billones de pesos asociada al COT para los próximos diez años.

¿Reformar la Ley de Servicios?

Las altas facturas y el malestar económico de la población llevaron al presidente Gustavo Petro a anunciar que asumiría el control de las tarifas y las comisiones de regulación desatando una ola de críticas y finalmente la suspensión luego del decreto por parte del Consejo de Estado. “Hemos dicho que son muy peligrosos los anuncios populistas de congelar tarifas. En tal sentido, el enfoque debe estar dirigido en cómo mejoramos la capacidad de pago de los ciudadanos y reducimos la brecha de pobreza existente, o cómo el Gobierno ayuda a los más vulnerables a que puedan acceder a los servicios que no pueden pagar, con mecanismos de equidad, que no propiamente obedecen a la eficiencia en las tarifas”, argumentó Camilo Sánchez, presidente de Andesco.

Tras la amenaza de paro de la bancada caribeña en el Congreso, Petro se reunió con senadores y representantes de la costa Caribe y llegó a tres acuerdos. Primero, la radicación urgente del proyecto de ley de servicios públicos; segundo, la organización de eventos regionales para promover inversiones en energías limpias; tercero, la mejora en la focalización de subsidios, con un aumento propuesto de 173 KW a 252 KW para los estratos 1 y 2, considerando los factores climáticos. Y adelantar una mesa técnica para la discusión de un decreto borrador que ajuste las tarifas de energía.

El más importante de estos puntos es el que busca reformar las leyes de servicios públicos, en particular la Ley 142 y la 143 de 1994, surgidas tras el apagón histórico del gobierno de César Gaviria. Un desastre que reveló la deficiente gestión estatal en empresas como Corelca y el Instituto Colombiano de Energía Eléctrica (Icel). Pero la propuesta de Petro, para algunos carece de soporte técnico y está acompañada por cambios en las reglas de juego que no envían buenos mensajes a los inversionistas.

“Vincular la reforma de los servicios públicos con reducción de tarifas, no resulta adecuado. La actualización de la ley de servicios públicos debe estar enmarcada en una visión de largo plazo con el objetivo de incluir cambios tecnológicos, entorno, y necesidades de los usuarios, fortaleciendo los aspectos positivos de la norma que resultaron fundamentales para llevar la prestación del servicio en las condiciones que se tiene actualmente, sin apagones eléctricos”, recalcaron desde Afinia, filial del Grupo EPM.

El borrador del proyecto de ley de servicios públicos propone la prestación de servicios públicos domiciliarios a través de comunidades organizadas, siguiendo el desarrollo del artículo 365 de la Constitución política, y contempla esquemas diferenciales para áreas rurales y urbanas. Así mismo, se plantea la posibilidad de celebrar contratos con entidades de la economía popular y comunitaria para la prestación de servicios, hasta una cuantía de 100 salarios mínimo legal mensual vigente (SMMLV), y propone la creación de mínimos vitales en servicios esenciales como energía, gas, acueducto y servicio de internet residencial.

Por otro lado, se prevé que el Ministerio de Minas pueda presentar proyectos de regulación energética al presidente si considera que las normas de la Creg resultaron perjudiciales para los usuarios. Además, se ordena la realización de nuevos estudios de estratificación en municipios que no los hayan realizado en los últimos cinco años, lo que servirá de base para establecer un régimen tarifario más solidario y equitativo, considerando la capacidad de pago, así como de la ubicación y el nivel de consumo.

A comienzos de este mes en Sincelejo se celebró la Cumbre Energética del Caribe, con una nutrida participación de los distintos actores del sector energético y liderada por los gobernadores de la región, que permitió que se hicieran peticiones puntuales al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, enfocadas en ajustar la tarifa y que los usuarios no asuman las pérdidas y las inversiones que hacen las empresas operadoras Air-e y Afinia.

La primera petición fue modificar los límites del consumo de subsistencia, que consiste en que los habitantes del Caribe, de los estratos 1, 2 y 3 que viven por debajo de los 340 metros sobre el nivel del mar, reciban subsidio por consumo inferior a 252 kWh y no por debajo de 173 kWh como actualmente se aplica. Otro de los requerimientos de los mandatarios fue excluir de la facturación los cobros excepcionales como las pérdidas por robo o por problemas técnicos, y las inversiones que están haciendo las empresas para su expansión.

Paneles y parques solares, ¿una alternativa real?

Aunque se registren numerosos proyectos solares y eólicos en la región, la falta de avances en etapas críticas obstaculiza su implementación. Según Cepeda, es esencial que el Gobierno nacional promueva un ambiente favorable para la inversión privada y agilice los procesos para evitar situaciones como la suspensión del parque eólico Windpeshi en La Guajira.

Además, la postergación de la primera subasta de energía eólica marina evidenció la importancia de ejecutar proyectos de manera oportuna para satisfacer la creciente demanda energética y materializar estas alternativas competitivas de forma efectiva. Según Monsalve, otro factor tiene que ver con que persiste la incertidumbre sobre su conexión al Sistema Interconectado Nacional, su sostenibilidad financiera a largo plazo y la responsabilidad sobre la infraestructura y el mantenimiento de los activos.

La congresista Monsalve solicitó al Gobierno nacional agilizar los trámites administrativos para implementar soluciones energéticas basadas en fuentes no convencionales de energía, debido a los prolongados plazos de obtención de licencias y permisos que pueden tardar entre tres y ocho años sin incluir los 18 meses de las consultas previas.

El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, expresó en la cumbre energética que todo el Caribe y en especial su departamento tienen un potencial inagotable para seguir sacando provecho de la generación de energías limpias. “Toda la Región Caribe tiene un potencial enorme para la producción de energías renovables o limpias, por eso vemos con agrado lo que el ministro nos ha dicho sobre la posibilidad de priorizar proyectos de comunidades energéticas que, en el mediano plazo, traerán bienestar a sectores importantes de mi Guajira”, explicó.

La implementación de fuentes renovables de energía es una alternativa viable y alineada con los compromisos de Colombia en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, es importante reconocer que estos proyectos requieren una alta inversión y su impacto en las tarifas de energía será a largo plazo. Y es urgente tomar acciones que tengan un impacto inmediato en los hogares del Caribe, como la reformulación de las tarifas de energía y la diferenciación de subsidios para los estratos 1 y 2. Esto podría complementarse con iniciativas para la sustitución de electrodomésticos de alto consumo y la normalización de las instalaciones internas de los hogares, con el fin de mejorar la eficiencia energética y evitar accidentes.

“El mayor desafío es lograr encontrar una solución estructural que beneficie a los usuarios más vulnerables, donde se revise la volatilidad de los costos de generación, se flexibilicen los proyectos de comunidades energéticas y se pueda regular toda la cadena para lograr un sistema más eficiente y que estimule la inversión”, concluyó Santiago Posso Marmolejo, gerente general de Air-e.