En un país marcado por la polarización política, una crisis fiscal, reformas estructurales a la salud, las pensiones y el sistema laboral, además de debates constantes sobre el papel de las regiones en el desarrollo, Antioquia optó por seguir adelante y moverse por cuenta propia. La fórmula no es nueva: combinar la iniciativa privada, la acción decidida de los gobiernos locales y el músculo de una sociedad civil con agencia colectiva. Lo diferente es el contexto: una tensión institucional cada vez más visible entre el departamento y el Gobierno nacional, pero que no ha impedido –al menos hasta ahora– que la región mantenga su rumbo.

“No soy crítico por gusto, sino por responsabilidad”, afirmó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, resumiendo el tono que ha marcado la relación con el Ejecutivo. Desde su perspectiva, lo que viven Medellín, y otras regiones del país, es el resultado de un castigo político: “El Gobierno castiga ciudades y departamentos enteros por odios personales”, afirmó.

Los reclamos vienen acompañados de cifras. Gutiérrez habló de una deuda de 20,3 billones de pesos del Gobierno con el sistema de salud en 2024, y de una proyección de 10,8 billones de pesos en 2025. Señaló, además, una caída drástica en recursos para el ICBF, recortes del Icetex y la ausencia de ayudas frente a emergencias invernales. En respuesta, Medellín asumió con recursos propios tareas que constitucionalmente no le corresponden, como la atención a víctimas, salud pública y programas de infancia.

Desde la Gobernación, el discurso es similar. “En mi casa me enseñaron a no quejarme”, dijo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien ha optado por avanzar con los recursos de la “tierrita”. Un ejemplo simbólico es el Túnel del Toyo, una de las obras más estratégicas del país, que el Gobierno nacional dejó de financiar, pero que sigue en marcha gracias a recursos departamentales. “Nos dijeron que no había plata, que no era posible. El Gobierno no honró su obligación y por nuestra persistencia nos lo entregaron”, afirmó Rendón.

La estrategia ha sido replicada en múltiples frentes: Antioquia ejecuta 410.000 millones de pesos en vías subregionales, avanza en la finalización de 23 hospitales y desplegará 1.000 antenas de internet satelital en zonas rurales. “Si al Gobierno le quedó grande, nosotros lo haremos”, sentenció Rendón.

En seguridad, otro punto crítico, la respuesta también ha sido local. Mientras crecen las disidencias de las Farc (70 por ciento) y el Clan del Golfo (60 por ciento), el departamento activó una Tasa Especial de Seguridad y Convivencia, financiada por los estratos altos y sectores productivos para sostener la fuerza pública.

Además, Rendón lidera un referendo de autonomía fiscal. En 2023, Antioquia aportó 41 billones de pesos a la nación y solo recibió 5 billones de pesos. Su propuesta es que las regiones administren los impuestos de renta y patrimonio, garantizando equidad para territorios como Chocó y mayor capacidad de ejecución para departamentos productivos.

“El costo político ha sido alto”, advirtió Andrés Noreña, director del Sistema Informativo de Telemedellín, refiriéndose a la necesidad de asumir tareas que antes eran nacionales. La demanda interpuesta por la Alcaldía de Medellín contra el Gobierno por el desfinanciamiento del sistema de salud es apenas un ejemplo de una actitud crítica, pero con argumentos y acciones.

El sector empresarial tampoco se ha detenido. María José Bernal, directora de Fenalco Antioquia, destacó que los sectores de comercio y servicios generan más del 30 por ciento del empleo en el país, y Antioquia no es la excepción. Pese a la incertidumbre, la región mantiene una baja tasa de desempleo y una alta capacidad de emprendimiento.

“La infraestructura es clave: el Túnel del Toyo, las 4G, Puerto Antioquia y vías terciarias nos conectan con el país y con el mundo”, afirmó Bernal. La clave, dijo, está en la articulación entre gremios, universidades y autoridades locales para avanzar en temas como sostenibilidad, innovación y superación de la pobreza.

Proantioquia es un ejemplo de esa vocación por actuar sin excusas. María Bibiana Botero, su directora, insistió en que las diferencias ideológicas con el Gobierno no pueden frenar el desarrollo. Desde esta organización se han impulsado programas como ERA (educación rural) y Antioquia Emergente, que ha generado más de 6.800 empleos y proyecta unos 3.100 más.

Frente al recorte de créditos educativos del Icetex, cinco universidades antioqueñas crearon un fondo propio, que se conoce como el ‘Icetex paisa’, con 2.500 millones de pesos. “Todo esto demuestra cómo, para el sector privado, el desarrollo social está por encima de las disputas políticas”, subrayó Botero.

Para Nicolás Posada, presidente del Intergremial Antioquia, la desconexión actual con la nación tiene antecedentes. Uno de ellos fue la administración de Daniel Quintero en Medellín, que según él quebró la articulación público–privada, un pilar histórico del modelo antioqueño. Esa ruptura, afirmó, se repite ahora con el presidente Gustavo Petro, a quien acusa de tener una “animadversión con Antioquia y los antioqueños” que ha impactado sectores claves como salud, educación, empleo y seguridad.

Por su parte, el representante a la Cámara Hernán Cadavid (Centro Democrático) fue más allá: “No es una decisión política, es una obligación legal del Gobierno cumplir con las regiones”. Y aseguró que ha sido imposible establecer un diálogo con el Ejecutivo.

Sin embargo, voces como la del representante Alejandro Toro (Pacto Histórico) proponen una lectura diferente. “Lo que hay es una priorización de aquellos sectores y personas que los gobiernos locales del departamento se han acostumbrado a ignorar”. Más que abandono, precisó, hay una redistribución hacia sectores que históricamente han estado olvidados, recordó, como ejemplo, la entrega de 6.000 hectáreas como parte de la reforma agraria y la creación de una Zona de Protección de Alimentos.

Más allá de los roces políticos, Antioquia ha fortalecido su red interna de colaboración. “La región ha resistido gracias a su cohesión institucional y sentido de agencia colectiva”, dijo Santiago Leyva, director de la Iniciativa de Gobierno y Centro de Valor Público. Esa capacidad, advirtió, tiene límites. Proyectos como el Puerto de Urabá o el Túnel del Toyo enfrentan retrasos por falta de apoyo nacional. Pero lo más grave es la ruptura en la articulación entre niveles de gobierno.

A pesar del entorno, los indicadores económicos de 2025 muestran señales de recuperación. Según la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, las ventas industriales crecieron 3 por ciento y las del comercio 13,2 por ciento. El área culminada en construcción subió 34,5 por ciento y los permisos aumentaron 28,4 por ciento.

En turismo, aunque la ocupación hotelera cayó, los visitantes extranjeros crecieron 14,8 por ciento, y la oferta de viviendas turísticas en Medellín se disparó 87,4 por ciento frente a 2021. En exportaciones, Antioquia lidera: el café creció 109,6 por ciento, el oro 34,1 por ciento, las flores 17,5 por ciento, y los metales preciosos más de 600 por ciento.

Estos resultados, dijo Posada, son fruto del esfuerzo empresarial por mantener el dinamismo económico. Y detrás hay apuestas como Puerto Antioquia, el Medellín Music Lab, y nuevos proyectos en Urabá que prometen transformar el paisaje económico de la región.

La confianza también es un motor. En 2024, Medellín aumentó su recaudo en 282.000 millones de pesos frente a 2023. Ese margen permitió fortalecer programas sociales como Alianza Cero Hambre y Buen Comienzo 365, que ofreció atención 313 días del año. En lo económico, la ciudad reportó una tasa de desempleo del 6,8 por ciento en 2024 y creó más de 123.000 empleos formales en el primer trimestre de 2025. Además, la ACI Medellín atrajo 23 proyectos de inversión extranjera por más de 150 millones de dólares.

Lo que ocurre en Antioquia podría ser una muestra de cómo las regiones pueden y deben asumir un rol protagónico en el desarrollo del país. “Ni el Estado puede solo, ni el sector privado puede solo”, repitió Botero. Y esa idea resume la esencia del modelo antioqueño. Hoy el reto es político, pues hay que reconstruir una visión de país desde lo local. Para Leyva, Antioquia puede liderar un nuevo pacto nacional que fortalezca la descentralización y dé voz real a las regiones.

“Se requiere dar un paso adelante hacia un liderazgo que presente una visión de cambio con raíces territoriales, factible, pragmática y socialmente legitimada”, afirmó. El académico propuso que Antioquia no solo recupere su capacidad de articular proyectos estratégicos, sino que lidere una conversación nacional sobre cómo debe funcionar el Estado colombiano, especialmente en lo que respecta a los gobiernos territoriales.

Una oportunidad inmediata es la reforma al Sistema General de Participaciones, que, según Leyva, debe servir para fortalecer a las regiones como protagonistas del desarrollo, y no como simples receptoras de recursos. “El debate con el Gobierno nacional debe ir más allá de las tensiones coyunturales. Se trata de recuperar la capacidad de pensar en grande y en colectivo”, concluyó.

“El país se desarrolla desde las regiones”, insistió Botero. Y Antioquia, con sus 125 municipios, su vocación empresarial y voluntad política, parece decidida a demostrarlo. Aunque el centralismo siga siendo una barrera, aquí el futuro no se espera: se construye.