Especial Sistema Financiero: las soluciones que están transformando al país
Aunque Colombia ha logrado una cobertura casi universal en el acceso a productos financieros, el desafío ahora es garantizar un uso efectivo, equitativo y sostenible del sistema, especialmente entre poblaciones vulnerables y microempresas.
Después de más de una década de esfuerzos institucionales, inversiones tecnológicas y políticas públicas orientadas al acceso, Colombia ha alcanzado una cobertura casi universal en inclusión financiera. Pero ese logro –indiscutible en términos de acceso– ha comenzado a mostrar sus límites estructurales.
En muchas regiones, y para millones de personas, tener un producto financiero no significa tener una verdadera relación con el sistema, ni mucho menos beneficiarse de él. El debate ha cambiado: ya no se trata de cuántos están adentro, sino de cuántos pueden permanecer, crecer y prosperar financieramente.
A primera vista, las cifras son prometedoras: para septiembre de 2024 el 96 por ciento de los adultos colombianos tenía al menos un producto financiero, según Asobancaria. En 2010, ese porcentaje era del 62 por ciento. El salto de 34 puntos en 14 años refleja un esfuerzo sostenido entre reguladores, entidades financieras y tecnologías emergentes por acercar el sistema financiero a todos los ciudadanos.
“Estamos hablando de una cobertura prácticamente universal”, destacaron desde la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). El más reciente Reporte de Inclusión Financiera muestra que el 94,6 por ciento de los adultos cuenta con algún producto financiero, principalmente cuentas de depósito. Sin embargo, solo el 35,3 por ciento accede al crédito formal. Detrás de este número persiste un reto estructural: evitar que millones de personas recurran a préstamos informales, costosos y en muchos casos riesgosos.
Edwin Zacipa, fundador de Latam Fintech Hub, reconoció los logros en materia de acceso. “Poder hablar de un indicador cercano al 95 por ciento demuestra que ha habido una coordinación efectiva entre los sectores público y privado para definir políticas e impulsar la innovación financiera”, afirmó. Pero precisó que el país ha entrado en una nueva etapa. “El reto ahora es lograr una mayor transaccionalidad, profundización del crédito y bienestar financiero”, añadió. Para Zacipa, los indicadores actuales reflejan más lo que ofrece la industria que lo que realmente usan o necesitan los ciudadanos.
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Desde hace más de cuatro décadas, el Fondo Nacional de Garantías (FNG) ha sido clave para que millones de colombianos puedan acceder al sistema financiero formal. Su presidenta*, Piedad Muñoz Rojas, explicó cómo la garantía se ha consolidado como una herramienta de inclusión, desarrollo y resiliencia.
La inclusión aún no llega a todos
A pesar de la expansión en cobertura, amplios sectores de la población siguen excluidos o subatendidos. Según Luz Magdalena Salas, vicepresidenta de Anif, “el sistema aún enfrenta el reto de generar resiliencia financiera, especialmente para las mipymes y las poblaciones rurales y vulnerables”.
Las cifras del Observatorio de Inclusión Financiera Rural son claras: solo el 49,4 por ciento de los adultos rurales tiene acceso a productos financieros, y en el sector informal, la inclusión baja apenas el 13 por ciento.
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Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, detalló la decisión estratégica del sector. Solo en 2024 invirtió 76.000 millones de pesos en automatización y 10.000 millones en análisis de Big Data.
Las microempresas enfrentan barreras aún más pronunciadas. El 73 por ciento de los microempresarios ha necesitado financiación después de arrancar su negocio, pero el 80 por ciento de ese dinero proviene de fuentes informales: ahorros, familiares o prestamistas. Solo el 14,8 por ciento accede a crédito formal, en contraste con el 81,9 por ciento de las grandes empresas.
Felipe Clavijo Ramírez, gerente de investigación e innovación de Asomicrofinanzas, señaló una causa central: la autoexclusión. “Muchos microempresarios desconfían del sistema financiero o prefieren prestamistas informales, a pesar de las tasas altísimas que eso implica”, afirmó. Un estudio de Anif reveló que algunos negocios llegan a pagar tasas anuales de hasta 666,5 por ciento en esquemas informales de ‘paga diario’.
El entorno rural tampoco facilita el acceso. La falta de vías terciarias, de conectividad y el deterioro de la seguridad han llevado incluso al cierre de oficinas bancarias en ciertas zonas. A esto se suma la escasa información crediticia disponible sobre los emprendedores populares. “Muchas veces no hay historial que permita evaluar su riesgo, y recolectar esa información es costoso. Por eso avanzar en esquemas de finanzas y datos abiertos será clave”, aseguró Clavijo.
Además, la forma en que se calcula el Interés Bancario Corriente (IBC) ha tenido efectos inesperados. La inclusión de operaciones de redescuento en ese cálculo llevó a la caída de la tasa de usura –de 49,1 por ciento en enero de 2024 a 28,44 por ciento en mayo de 2025–, pero también redujo la rentabilidad de los microcréditos. Según Clavijo, todo esto ha frenado la oferta en zonas rurales, especialmente para montos bajos de entre seis y nueve salarios mínimos.
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Microfinanzas: una respuesta al margen del sistema tradicional
En este panorama desigual, las microfinanzas han surgido como una herramienta eficaz para cerrar brechas. A diferencia de los modelos bancarios tradicionales, este se basa en relaciones más cercanas con los usuarios, que incluyen acompañamiento no financiero, educación y asistencia técnica.
“Este modelo permite evaluar la capacidad de pago sin exigir garantías tradicionales ni historial crediticio”, explicó Clavijo. Y los resultados respaldan su eficacia: la cartera vencida en microcréditos bajo esta metodología fue de 7,1 por ciento en diciembre de 2024, menor que el promedio general del sistema (8,5 por ciento).
Además, el microcrédito puede ser una puerta de entrada al sistema financiero formal. Según un estudio de TransUnion, el 47 por ciento de los microempresarios que accedieron inicialmente a microcréditos entre 2019 y 2023 pasaron luego a productos más sofisticados, como crédito comercial o de consumo.
Desde la Superintendencia Financiera también se están impulsando modelos de calificación alternativa que permiten evaluar el riesgo de personas sin historial financiero, especialmente trabajadores informales. La inclusión, insisten, debe ir más allá del acceso y generar confianza, apropiación y continuidad.
El auge de las fintech
En este contexto, las fintech han emergido como actores clave para cerrar las brechas. “Gracias a su infraestructura ligera y su apalancamiento tecnológico, las fintech logran acceder a poblaciones no bancarizadas y rurales que han sido tradicionalmente ignoradas”, explicó Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech. Su agilidad les permite ofrecer soluciones más rápidas, personalizadas y con menor fricción para el usuario.
Santiago Rodríguez, profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, coincidió en que las nuevas plataformas digitales han sido determinantes. “Las brechas más grandes están entre las ciudades y las zonas rurales dispersas. En otras dimensiones, como sexo y edad, hay diferencias menores”, detalló.
Además, resaltó el papel que cumplen los bancos ciento por ciento digitales, las fintech centradas en ahorro y crédito, y productos innovadores como las ‘letras digitales’. “Los indicadores han mejorado, pero aún queda camino por recorrer”, advirtió.
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Más allá de la conectividad y la innovación, hay un obstáculo estructural que persiste: la falta de información sobre buena parte de la población, especialmente quienes trabajan en la informalidad. Esta opacidad limita el desarrollo de productos adecuados y excluye a millones del radar del sistema financiero. Para enfrentar este reto, el sector apuesta por el uso de finanzas abiertas y datos compartidos que permitan construir perfiles más completos y diseñar soluciones a la medida. “El acceso no es suficiente si no hay uso, apropiación y confianza”, concluyeron desde la Superfinanciera.
En última instancia, la inclusión financiera no puede medirse solo en términos de cobertura o número de usuarios. Incluir financieramente a una persona es darle herramientas para tomar decisiones, planear su futuro y salir de la vulnerabilidad. En otras palabras, es una apuesta por el desarrollo económico y social de todo el país.
