Opinión

¿A quién le confía su patrimonio? Cuando la informalidad inmobiliaria puede salir muy cara

Si no confiamos en un médico sin licencia, ¿por qué dejamos las decisiones patrimoniales en manos de la improvisación? En cuestión de venta de inmuebles, muchas veces se valora más la urgencia que la seguridad y esa informalidad puede resultar muy costosa.

Catalina Giraldo
5 de mayo de 2025, 8:32 p. m.
Entregar la compra o venta del patrimonio a la informalidad puede tener un costo muy alto.
Entregar la compra o venta del patrimonio a la informalidad puede tener un costo muy alto. | Foto: 123RF

En Colombia, cualquier persona puede vender un inmueble. No necesita formación específica, ni certificaciones, ni licencia. Basta con tener una propiedad en venta o acceder a una, hacer una publicación y encontrar a alguien dispuesto a comprar. Y aunque esto parezca una ventaja de flexibilidad o informalidad, es en realidad una alarma encendida en el corazón de uno de los sectores más importantes para la economía y el patrimonio de las personas: el inmobiliario.

Estamos hablando de decisiones que comprometen los ahorros de toda una vida, de compras que definen el futuro de familias y empresas. Y, sin embargo, las reglas del juego son tan laxas que cualquier persona, sin conocimientos legales, técnicos o éticos, puede intervenir en estos procesos. Desde porteros de los inmuebles hasta conocidos “referenciadores” improvisados, la falta de regulación ha convertido el mercado en un terreno donde el riesgo para el comprador —y también para el propietario— es altísimo.

He visto casos donde se toman decisiones solo porque quien los asesora es amable o porque les promete vender rápido. Se prioriza la complacencia por encima del análisis, se valora más la urgencia que la seguridad. Muy pocos se detuvieron a preguntar si el inmueble tiene restricciones normativas, si los antecedentes de las partes son transparentes, si hay riesgos jurídicos en la transacción. Y no es culpa del consumidor. En un país donde los procesos de extinción de dominio no están prescritos, el desconocimiento puede costar cientos de millones de pesos.

El problema es estructural. El comprador no exige más porque no sabe que puede y debe hacerlo. Y el intermediario —sin formación ni regulación— no tiene por qué advertirlo. Este vacío ha creado una cultura de informalidad peligrosa, donde las decisiones se toman con base en la emoción, no en la evidencia. ¿Cuántas personas hacen una revisión jurídica completa antes de firmar una promesa de compraventa? ¿Cuántas empresas evalúan con rigor el uso del suelo antes de invertir en un predio?

No todos tenemos cien millones de pesos en el bolsillo para apostar. Estas son inversiones que exigen rigor, estudio, validación técnica y acompañamiento ético. Y si el Estado no regula, al menos como sociedad deberíamos exigir estándares básicos de profesionalismo y transparencia. La formación no es un lujo, es una garantía de seguridad para el cliente, para el propietario y para la sostenibilidad del sector.

Llevo años acompañando procesos de compraventa y he sido testigo de cómo una buena asesoría puede salvar a una familia de perder su inversión o ayudar a una empresa a tomar una decisión estratégica con base en información sólida. También he visto negocios que se caen, propiedades embargadas tras la venta o disputas eternas por falta de claridad en los términos. Todo eso se puede evitar. Pero para ello necesitamos una cultura del conocimiento, no del ataque.

Hoy más que nunca, debemos empezar a hablar de una regulación seria para quienes ejercemos trabajos de intermediación inmobiliaria. Porque no se trata solo de proteger al comprador, sino también al propietario, y de asegurar que las transacciones sean confiables, claras y seguras para todas las partes.

La profesionalización del sector no solo elevaría la calidad del servicio, también dignificaría la mano de obra de quienes nos hemos preparado para acompañar procesos tan sensibles como lo es la compra o venta de un inmueble. Porque no se trata solo de vender. Se trata de cuidar lo más valioso: la confianza, el esfuerzo y el patrimonio de cada cliente.

Al final, la gran pregunta es esta: ¿qué pasaría si tratamos cada inmueble como si fuera nuestro?

¿Tendríamos el mismo nivel de cuidado, de análisis, de responsabilidad? ¿Permitiríamos que cualquiera asesorara a nuestros padres, a nuestros hijos o a nuestra empresa sin tener la formación adecuada? Creo que la respuesta es evidente. Si no confiamos en un médico sin licencia, si no dejamos nuestras finanzas en manos de un aficionado, ¿por qué seguimos dejando nuestras decisiones patrimoniales en manos de la improvisación?

Es hora de actuar. De exigir. De cambiar. Porque cuidar el patrimonio de alguien más también es una forma de construir país.

Catalina Giraldo, CEO y cofounder de Makler Inmobiliarios