Colombia, en la mira de la nueva guerra antidrogas de Estados Unidos

El nuevo capítulo de la relación entre Colombia y Estados Unidos se escribe con un lenguaje guerrerista. En un mensaje público que sacudió a la región, el presidente Donald Trump acusó a su homólogo Gustavo Petro de ser “líder del narcotráfico” y advirtió que eliminará “cualquier forma de pago o subsidio” a Colombia si no “cierra de inmediato esos campos de muerte, o Estados Unidos los cerrará por él, y no será algo agradable”. Con una sola frase, el mandatario estadounidense tensionó una alianza histórica que ha sido pilar de la política hemisférica antidrogas. Colombia, de socio preferente, pasa hoy a estar bajo sospecha en el discurso de Washington.

Esta acusación, que sorprende por su tono y gravedad, preocupa aún más porque se suma a su declaración previa de que Estados Unidos se encuentra en “conflicto armado no internacional” contra los carteles de la droga, lo que otorga a sus fuerzas la potestad de atacarlos militarmente en cualquier parte del mundo.

Juntas, estas afirmaciones delinean una nueva doctrina: los carteles pasan a ocupar el mismo plano que grupos terroristas como Al Qaeda o Isis, lo que permite a Estados Unidos justificar acciones militares unilaterales en el Caribe, el Pacífico o incluso en territorio colombiano, bajo el argumento de ‘defensa frente a combatientes ilegales’. Trump está redefiniendo la seguridad regional, las reglas del intervencionismo y ubica a Colombia en el centro de una potencial ofensiva militar.

Entre la interdicción legítima y la guerra equivocada

No hay nada de nuevo —ni de malo— en fortalecer la interdicción, el control financiero o la persecución de las grandes redes criminales; esas son tareas necesarias y legítimas dentro de cualquier política integral en materia de drogas ilícitas. El verdadero problema es confundir la lucha contra los narcotraficantes con una guerra directa en otro Estado, como si la fuerza militar pudiera sustituir la cooperación judicial y la responsabilidad compartida.

Trump vuelve a poner todo el peso del problema en el lado de la oferta, sin reconocer que las causas estructurales están en la demanda y en las redes de lavado y distribución que operan dentro de Estados Unidos, donde se concentran las verdaderas ganancias del negocio. Mientras las finanzas del narcotráfico sigan fluyendo por sus bancos y su sistema de consumo masivo, cualquier ofensiva externa será solo un gesto político, no una solución real.

Por parte de Colombia, el problema no es la cooperación, sino la inacción. El incremento de los cultivos ilícitos, la expansión de las economías ilegales y la incapacidad del Estado para sostener programas de sustitución o control territorial no tienen justificación. La llamada ‘paz total’ no puede ser excusa para tolerar la consolidación de estructuras criminales.

Reconocer estas falencias no implica aceptar la lógica intervencionista de Trump, pero sí asumir que, sin resultados concretos, esta narrativa encontrará terreno fértil. Porque cuando un país no enfrenta sus propios problemas con eficacia termina dejándole a otros la excusa perfecta para intervenir en su nombre.

Las implicaciones para Colombia

Las consecuencias para Colombia son inmediatas y profundas. En el corto plazo, el país podría ver suspendida la cooperación estadounidense y enfrentar condicionamientos financieros. Todo apunta a que los 209 millones de dólares aprobados para el año fiscal 2026 no llegarán, lo que dejará un vacío significativo en inteligencia, interdicción y asistencia técnica, precisamente en las áreas donde la cooperación con Washington seguía activa y protegida, incluso después de la desertificación.

Pero más allá de la coyuntura, la verdadera amenaza es que esta nueva doctrina podría justificar operaciones militares unilaterales en el Caribe, el Pacífico o incluso en territorio continental, bajo el argumento de ‘neutralizar amenazas’. Un escenario así vulneraría la soberanía nacional y pondría a prueba los límites de la alianza histórica entre Bogotá y Washington.

Hoy son embarcaciones atacadas por drones en el Caribe, bajo una lógica de confrontación encubierta contra el régimen de Nicolás Maduro o el Eln. Pero mañana podrían ser ataques en territorio colombiano, dirigidos contra laboratorios, campamentos o vehículos identificados —de manera unilateral— como objetivos enemigos. Lo que hoy ocurre en aguas internacionales puede fácilmente trasladarse a ríos, selvas o carreteras dentro de nuestras fronteras.

Cuando Estados Unidos redefine sus amenazas, las fronteras dejan de ser un límite real. Ya ocurrió en Irak, Afganistán y Siria: una justificación de seguridad nacional bastó para legitimar operaciones sin consentimiento. Si la ‘guerra global contra las drogas’ se traduce en el derecho a atacar donde haya narcotráfico, Colombia queda automáticamente en la mira.

Entre la diplomacia y la soberanía

En diplomacia, las amenazas no se enfrentan solo con indignación, sino con estrategia. Y ahí es cuando Colombia debe mover sus fichas con inteligencia. Por ello, frente a la nueva doctrina de Trump, Colombia necesita estrategia, no reacción. En lugar de aislarse o confrontar, lo más inteligente sería participar activamente en la interdicción en aguas internacionales, compartiendo inteligencia y coordinación operativa para evitar que los bombardeos se decidan de manera unilateral. Eso no implica renunciar a la soberanía, sino protegerla: mantener presencia en las decisiones es la mejor forma de impedir que la guerra llegue a nuestro territorio continental y de preservar los más de 200 millones de dólares en cooperación antidrogas.

Pero esta cooperación táctica debe ir de la mano de una convicción estratégica: seguir impulsando una discusión global que reconozca los límites de la guerra contra las drogas y avance hacia la regulación responsable de este mercado. En tiempos de amenazas globales, la fortaleza de Colombia no estará en responder con discursos provocadores, sino en anticiparse con diplomacia y visión de Estado para decidir, por fin, con inteligencia el momento y las batallas en las que vale la pena luchar.

Rocío Pachón es experta en construcción de paz, seguridad y relaciones internacionales