Desde 2012, cuando Colombia decidió destinar el 10 por ciento de las regalías a Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI), el país empezó a construir un camino que prometía transformar sus capacidades científicas y productivas. Durante los primeros años, el sistema enfrentó tropiezos, sí, pero avanzó: mejoraron los procesos, se fortaleció el papel de las universidades y centros de investigación, y los ejecutores —públicos y privados— aprendieron a moverse dentro del marco establecido por la Ley 2056 de 2020 y el Decreto 1821 de 2020. Ese progreso sostenido permitía pensar que, aunque imperfecto, el país había encontrado una ruta para consolidar un ecosistema de CTeI más sólido y competitivo.
Sin embargo, lo ocurrido durante los últimos tres años parece un retroceso que pocos anticiparon. Para quienes ejecutamos proyectos del régimen privado, como en Up Holding SAS, que somos actores del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación y ejecutores privados de recursos públicos de CTeI, la experiencia ha sido un carrusel de improvisaciones e incertidumbre. Desde 2023 hemos pasado por múltiples cambios de supervisores, como si la supervisión de proyectos millonarios fuera una función menor, sin exigencia técnica ni responsabilidad institucional. A esta inestabilidad se suma la rotación constante del personal de apoyo, muchas veces sin conocimientos suficientes del Sistema General de Regalías ni experiencia en seguimiento de proyectos especializados. Esto genera preocupaciones sobre la eficiencia del sistema y la calidad del gasto público.
Se ha reportado una aparente concentración de funciones en un único rol o despacho, que debe supervisar a numerosos ejecutores privados y cumplir el rol de Secretaría Técnica del Ocad (Órgano Colegiado de Administración y Decisión) de CTeI. Esta acumulación parece ser insostenible en la práctica y se refleja en los resultados: convocatorias atrasadas, decisiones tardías, verificaciones inconsistentes que han sobrecargado el sistema judicial con tutelas para garantizar el debido proceso de las convocatorias y recursos multimillonarios inmovilizados. En octubre del año pasado, la Procuraduría alertó por retrasos en proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación financiados con regalías por 2,9 billones de pesos. Así lo señaló el ente en una comunicación pública: “A poco menos de dos meses para terminar el bienio, en ninguna de las diez convocatorias abiertas por el MinCiencias se han seleccionado los proyectos a ejecutar y solo en dos casos ya se cuenta con listas definitivas de elegibles publicadas. Hay una convocatoria más que aún no se ha hecho pública”.
Los ejemplos reflejan la situación. La Convocatoria 33, del programa Ondas —el mayor programa de vocaciones científicas del país—, ha enfrentado un proceso lleno de dificultades, incluyendo siete modificaciones al cronograma y la posterior revocatoria y denuncia por parte del propio Ministerio ante la Fiscalía por posibles irregularidades. Iniciativas formuladas con recursos de 2023 podrían comenzar a ejecutarse, si acaso en 2026 o 2027. Así lo registró el diario El Tiempo en septiembre de 2024: “Frente a esta situación el Ministerio de Ciencias, en aras de la transparencia en los procesos de evaluación de las convocatorias que lidera y la protección de los recursos públicos puso –el 21 de marzo– la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación, para que en el marco de sus competencias se adelanten las acciones a que haya lugar”. Cabe preguntarse qué sentido tiene planear proyectos educativos y científicos con tres años de desfase, en un país cuya normatividad exige pertinencia, eficiencia y sostenibilidad.
La Convocatoria 34, orientada a justicia ambiental y ordenamiento alrededor del agua, resultó en un hecho problemático: cero proyectos superaron la verificación de requisitos. Y no porque las universidades y los centros de investigación carezcan de experiencia —la mayoría lleva más de una década ejecutando proyectos CTeI—, sino porque, al parecer, el Ministerio no expidió las adendas a tiempo y aplicó criterios de verificación que, en la práctica, dejaron por fuera a todas las entidades participantes. El Observatorio de la Universidad Colombiana lo resume en un artículo que tituló: ‘Investigadores de IES van a ajustar dos años esperando que Minciencias asigne recursos de convocatorias en las que participaron’.
El caso de la Convocatoria 37 —Macroproyectos Nacionales— es quizás el síntoma más visible del deterioro. Pese a asignar 500.000 millones de pesos, esta convocatoria ya acumula cuatro adendas y una omisión que ha generado preocupación: el listado preliminar de elegibles debía publicarse el 14 de noviembre pasado, pero no se publicó ni se modificó la fecha mediante adenda, como exige cualquier proceso público, abierto y competitivo. Un incumplimiento así no es un simple retraso administrativo; es, a mi juicio, un golpe a los principios de publicidad, transparencia y seguridad jurídica. Y, sobre todo, es un golpe a las instituciones que invirtieron tiempo, equipos y recursos para presentar proyectos que ya habían sido evaluados por pares (para detalles del proceso, se puede consultar la información en la sección de Convocatorias de MinCiencias, donde se evidencian las diferentes modificaciones).
El gobierno actual insiste en su narrativa de “cero corrupción”. Pero la mala gestión no solo se comete por acción. También puede ocurrir por omisión, cuando una entidad pública incumple su deber de actuar al afectar el interés general, retrasando decisiones o permitiendo que recursos públicos permanezcan sin ejecutar. Y eso es, en mi opinión, lo que estamos viendo: una política de ‘cero ejecución’ que puede interpretarse como un discurso anticorrupción. Porque no ejecutar, retrasar, omitir, bloquear o no decidir también es una forma de afectar el interés público, que castiga al país con la parálisis de su desarrollo científico.
El resultado es evidente: Colombia ha perdido tiempo valioso para consolidar sus capacidades en ciencia, tecnología e innovación. Los recursos existen, pero permanecen atrapados en un laberinto administrativo que sugiere problemas graves de diseño o ejecución. Y mientras tanto, regiones enteras siguen esperando proyectos que llevan años listos para iniciar; los centros de investigación ven frenados sus planes estratégicos, las universidades se desgastan reintentando procesos que nunca avanzan y el país pierde competitividad en un mundo donde el conocimiento avanza a velocidades que ya no podemos permitirnos ignorar.
Cabe preguntar si el Ministerio de Ciencia ha estado a la altura de los desafíos de este gobierno. Los hechos parecen indicar que existen fallas graves en la capacidad de gestión. Porque la ciencia no se construye con discursos, sino con decisiones. Y en esta administración, esas decisiones parecen no llegar.
Marisol Carantón, gerente General de Up Holding SAS
