En el Valle del Cauca se está escribiendo una historia de desarrollo con tinta colaborativa. Es el fruto del mecanismo de ‘Obras por impuestos’, mediante el cual las empresas pueden destinar una parte de su impuesto de renta a la ejecución directa de proyectos sociales y de infraestructura priorizados por el Estado en territorios vulnerables; en lugar de pagar ese porcentaje al fisco, las empresas invierten en obras concretas que quedan al servicio de las comunidades, bajo supervisión pública y con normativas de transparencia.
Esta herramienta ha permitido articular lo público y lo privado para cerrar brechas históricas en educación, infraestructura vial y conectividad rural. Para muchos, la idea de que las empresas inviertan sus impuestos directamente en obras públicas podría parecer revolucionaria; para otros, que tributar genere un retorno visible en las comunidades es una exigencia ética. En el Valle, ese retorno se traduce en vidas cambiadas, tramos de carretera rehabilitados, caminos rurales que antes eran pesadillas para los agricultores, en aulas acondicionadas y dignas para los estudiantes.
No es casualidad que la educación sea una de las grandes beneficiarias del mecanismo. En 2025, se destinaron 340.000 millones de pesos a 51 proyectos educativos en todo el país. El Valle no se quedó atrás y bajo la inversión de diversas empresas, hoy las instituciones educativas de municipios rurales cuentan con computadores, infraestructura tecnológica y formación docente.
La infraestructura vial ha sido otro gran beneficiario. Uno de los proyectos más significativos para 2025 en el departamento es la rehabilitación de 8,67 kilómetros de la vía Candelaria-Crucero La Industria, con ampliación, mejoramiento de bermas y una inversión superior a los 50.000 millones de pesos.
En zonas rurales, el impacto es aún más profundo. Por ejemplo, en la vía Yotoco-Dagua-Calima-Darién se han mejorado cerca de 33,2 km de vía terciaria, conectando veredas y facilitando el tránsito de personas, productos agrícolas y servicios;es una obra que genera impacto social, económico y humano.
Lo que hace grande al mecanismo no es sólo la inyección de recursos, sino la articulación. El éxito radica en que hay una coordinación entre los organismos departamentales, que identifican las necesidades y priorizan los territorios, a la par de las empresas que asumen parte de sus impuestos como inversión social.
Lo que está haciendo el Valle del Cauca con ‘Obras por impuestos’ es mucho más que un par de proyectos. Se trata de una apuesta estratégica por el desarrollo sostenible, comunitario y equitativo. Y no depende únicamente de la buena voluntad, sino de una arquitectura institucional sólida, de compromiso privado, transparencia y, sobre todo, de una visión compartida de largo plazo.
Si Colombia aspira a transformar sus regiones históricamente rezagadas, necesita replicar y fortalecer modelos como este. No se trata de esperar que el Estado lo haga todo, ni de permitir que el sector privado actúe sin responsabilidad social. El Valle del Cauca está mostrando que cuando lo público y lo privado se encuentran de verdad, no solo se construyen carreteras o escuelas, se construye futuro y se dignifica la gestión social.
Ana Janneth Ibarra, CEO del Grupo Axir
